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| 9/25/2017 12:07:00 PM

“Hay reparos de la Fiscalía a la Ley Estatutaria de la JEP”

En entrevista con SEMANA Hernán Penagos, ponente de la JEP, dice que la Fiscalía reclama competencia sobre testaferros y desertores de las Farc así como desmovilizados que no digan la verdad.   

SEMANA: ¿Por qué no se ha presentado la ponencia de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz?

Hernán Penagos: Diferentes instituciones han presentado observaciones. La fuerza pública ha querido hacer modificaciones al proyecto, la Secretaría General de la JEP también ha planteado propuestas para modificar el texto, y la Fiscalía también nos ha hecho algunas observaciones. Hemos querido recogerlas todas y tratar de construir una ponencia lo más concertada posible para que el debate sea más tranquilo y pueda avanzar rápido, porque es un proyecto de más de 160 artículos. Estas dos semanas hemos estado reunidos tratando de incluir lo máximo posible en la medida que esté en sintonía al acuerdo final y radicar la ponencia este lunes.  

SEMANA: ¿Qué pide la fuerza pública?

H.P.: Que el texto de la ponencia esté muy acorde al acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz. Les interesa cómo se va a castigar la responsabilidad del mando en la JEP. Quieren que se mantengan los mismos criterios de responsabilidad que se definieron en ese acto legislativo.

SEMANA: ¿Hay consenso?

H.P.: Con la fuerza pública hay consenso por varias razones. Como ya hay un acto legislativo que define los principios de responsabilidad del mando y de control efectivo, en la ley estatutaria no se puede romper. Lo que hay es que ajustar el proyecto a lo que ya está definido.

SEMANA: ¿Qué le preocupa a la secretaría de la JEP?

H.P.: Que el proyecto tenga más garantías para las víctimas del conflicto. Que puedan ser parte procesal en los diferentes procesos que se adelanten en el futuro. En ese sentido todavía no se ha llegado a un acuerdo muy preciso, porque en la Ley Estatutaria a las víctimas se les da la calidad de intervinientes pero no se les concede la condición de sujetos procesales. Esas dos circunstancias son diferentes y por ello las víctimas no tienen en la ley facultades para interponer recursos.

SEMANA: ¿Cómo se resolverá esta petición?

H.P.: Tenemos que mirar cómo construimos la participación de las víctimas de tal manera que no terminen 4.000 de ellas, por ejemplo, en un solo proceso judicial, porque lo haría eterno y difícil para la expedición de una sentencia. La discusión es hasta dónde debe ir la participación de las víctimas. Todavía no hemos logrado concretar. Por ahora son intervinientes pero no partes del proceso.  

SEMANA: ¿Y la Fiscalía qué pide?

H.P.: El pasado jueves la Fiscalía nos presentó cuatro observaciones. Dicen que el proyecto no tiene claridad de cómo será el tratamiento penal para los testaferros. Esas personas que aparecen con bienes de las Farc de aquí en adelante. La Fiscalía ha pedido que los testaferros sean investigados por la justicia ordinaria y que esos bienes se deben someter a extinción de dominio. Es un tema muy grueso.

SEMANA: ¿Es verdad que la Fiscalía reclama la competencia frente a los desertores y disidentes?

H.P.: La Fiscalía lo que ha planteado es que tiene que haber mayor claridad sobre qué pasará con los desertores, aquellos que entraron al proceso pero se salen y vuelven a delinquir. Para la Fiscalía los desertores deben ser investigados por la justicia ordinaria, y no solo eso, sino que los delitos que cometieron antes del 1 de diciembre de 2016 con ocasión del conflicto tampoco se les aplique el tratamiento especial y sean investigados por la justicia ordinaria. Es un tema grueso que hay que definir, si a los desertores se les aplica la JEP y los delitos futuros los conoce la Fiscalía o si simplemente todo lo conoce la Fiscalía.

SEMANA: Frente a las personas que incumplan con la verdad, ¿qué propone la Fiscalía?

H.P.: El tercer tema que plantea la Fiscalía con insistencia tiene que ver con cuál será el tratamiento para aquellas personas que incumplan. La Fiscalía ha planteado que quienes incumplan las obligaciones del sistema de verdad, justicia y reparación, que no digan la verdad por ejemplo, debe salir y ser investigados por la justicia ordinaria. El proyecto dice que no. Que a esas personas simplemente se les aplique la pena máxima de la JEP, que es de 20 años. En este tema tampoco hay consenso.

SEMANA: ¿Qué otras observaciones planteó la Fiscalía a la JEP?

H.P.: El último tema tiene que ver con qué actos procesales puede adelantar la Fiscalía mientras empieza funcionar la JEP. Si puede proferir capturas, decretar pruebas, exigir testimonios. Tampoco hay consenso. Lo que se ha dicho es que, por lo pronto, la Fiscalía puede seguir avanzando en las investigaciones, pero le están suspendidas algunas acciones como por ejemplo medidas de aseguramiento.

SEMANA: A la luz del acuerdo firmado en el Teatro Colón, estas observaciones modificarían el espíritu de ese acuerdo de paz con las Farc?

H.P.: La Fiscalía tiene razón cuando dice que necesita que le definan claramente hasta dónde puede llegar frente a los delitos que en el futuro cometan disidentes, desertores o testaferros. El proyecto debe ser muy claro en precisar hasta dónde son las competencias de la Fiscalía y hasta dónde son las competencias de la JEP. En últimas son dos jurisdicciones que en el futuro podrían generar choque de trenes muy complejos.

SEMANA: La Fiscalía ha sido muy crítica frente al tema de los bienes de las Farc, y seguramente en la discusión de la JEP revivirá sus preocupaciones…

H.P.: Hay que ser muy cuidadosos, tal como lo dice la Fiscalía, de cómo se van a investigar o cuál va a ser el tratamiento judicial de los testaferros, porque en últimas trabajan para unas personas que son los verdaderos dueños de esos bienes. Si no los entregaron como debieron hacerlo, tendrán que responder ante la justicia ordinaria, porque están incumpliendo el primer principio del acuerdo que es la verdad. Si no dicen la verdad y no entregaron los bienes, cuando aparezcan esos testaferros, no solamente los testaferros tendrán que ser investigados, sino quienes son los propietarios de esos bienes si es que dolosamente no los entregaron. Ahí la Fiscalía tienen toda la razón porque no podemos premiar la impunidad, y mucho menos la falta de verdad.

SEMANA: ¿Qué sugerencias de la Fiscalía cree que van en contra del espíritu del acuerdo de paz?

H.P.: Hay temas que van a terminar siendo de interpretación de los magistrados de la JEP, caso por caso. No es fácil en una norma poder tener claridad de resolverlo todo. En el Congreso hay que tener mucho juicio de ir evaluando y debatir la ley sin incumplir el acuerdo pero tampoco dejando que se presenten unos vacíos que terminen generando choques futuros entre la justicia ordinaria y la JEP. Esos vacíos hay que cerrarlos porque terminan generando dificultades para hacer las investigaciones.

SEMANA: ¿La ponencia incluirá las sugerencias de la Fiscalía?

H.P.: La idea es recogerlas. Pero seguramente habrá algunas en las que no hay acuerdo. Si se da así, serán llevadas como proposiciones y será el debate parlamentario el que defina si se aprueban o no.

SEMANA: ¿Las Farc se han manifestado frente a la ponencia?

H.P.: No he conocido ningún pronunciamiento. Lo que sí entiendo es que el proyecto ha sido revisado por la Cesivi y tal como se presentó está ajustado, según el gobierno, a lo planteado en el acuerdo.

SEMANA: Parecen temas muy complicados por la urgencia de esta ley…

H.P.: La aprobación de la ley no tiene un plazo determinado. Mientras no se apruebe, así se nombren los magistrados, no podrán empezar las investigaciones contra quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto.

SEMANA: ¿Cómo percibe el ambiente en el Congreso para la aprobación de esta ley?

H.P.: El debate va a ser muy denso, el proyecto es largo. Con la sentencia de la Corte Constitucional las proposiciones hay que escucharlas, cualquier congresista puede presentarlas, estas deben ser debatidas y votadas, y eso hará muy largo el trámite. Hay temas como el del incumplimiento a las obligaciones del sistema, el de los testaferros, el de los desertores, van a obligar a un debate intenso, sino que podría ocurrir que terminen con posiciones diferentes la Fiscalía, la Secretaría de la JEP y el Gobierno, es decir que no haya unidad frente a la interpretación de ese tipo de figuras.

SEMANA: ¿En cuánto tiempo estará lista la ley de la JEP?

H.P.: Este proyecto tiene tres debates, uno en comisiones conjuntas y los otros dos cada plenaria por aparte. Creo que en dos meses será ley de la república.

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