El perdón que debió pedir la Fiscalía

Días después de que se cumplieran dos décadas del secuestro y la desaparición del excontralor y exauditor del municipio de Sonsón (Antioquia), Juan Diego Ruiz Valencia, la Fiscalía en un acto público cumplido en Medellín les pidió perdón a la familia y los amigos de la víctima.

El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, fue el designado para aceptar que los funcionarios encargados de la seguridad de Ruiz para el 12 de junio de 1994, cuando sucedieron los hechos, actuaron de manera negligente, pues debían velar por la integridad de la víctima mientras permaneciera en detención domiciliaria.

El acto de perdón se dio luego que en diciembre de 2012 el Consejo de Estado, condenara a la Fiscalía y al Estado colombiano por lo ocurrido con Ruiz Valencia, de quien se desconoce a la fecha su paradero.

“De corazón aceptamos y reprendemos los errores, que como señaló el fallo del honorable Consejo de Estado, se cometieron por esta entidad, por funcionarios de esta entidad y que generaron todo el padecimiento que desde hace 20 años vienen sufriendo”, le dijo Perdomo a los familiares de la víctima.

El vicefiscal aseguró que no es solo el hecho de pedir perdón, sino de aceptar que los funcionarios cometieron graves errores y omisiones que facilitaron la desaparición de Juan Diego, por parte de hombres armados que lo sacaron de su casa.

“Somos conscientes como instituciones del gran impacto social que tiene un crimen como el de desaparición forzada y por ello queremos enfatizar que esta Fiscalía rechaza tajantemente y cualquiera otra conducta transgresora de los derechos fundamentales de los colombianos”, dijo.

Perdomo también le manifestó a la familia de Ruiz Valencia que lamenta que no solo hayan tenido que vivir la desaparición de su ser querido, sino que además tuvieran que sufrir las deficiencias de un sistema judicial que no actuó como debía. “Es penoso que la reparación de sus derechos le haya tomado al Estado colombiano 20 años y que nosotros como Fiscalía no hayamos aclarado este crimen”, insistió.

El alto funcionario aseguró que el caso fue reabierto y que se encargará de la investigación Marco Emilio Sánchez, fiscal 47 especializado en delitos de desaparición y desplazamiento forzado, en coordinación con la Dirección de Fiscalías Nacionales.  

Añadió que fue priorizado y que serán investigados los funcionarios que en 1997 determinaron el archivo del proceso. Además de que algunos fiscales de Justicia y Paz vienen recopilando información para dar con el paradero de la víctima y de los responsables, que podrían ser paramilitares.

Frente a la millonaria condena que deberá pagar el ente investigador y que supera los 1.000 millones de pesos, Perdomo dijo que será cancelada a los afectados a más tardar en el primer trimestre del próximo año.

Según recordó el Consejo de Estado en su Sentencia, el 3 de diciembre de 1993, el fiscal 55 delegado de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra Juan Diego Ruiz Valencia por haber cometido presuntos delitos de peculado por apropiación, corrupción de elector, prevaricato por omisión, contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, intervención en política y enriquecimiento ilícito. El funcionario le entrega al procesado el beneficio de detención domiciliaria, quedando así bajo la custodia de miembros de la Fiscalía.

El 12 de junio de 1994, hasta su casa llegaron hombres armados, los cuales se identificaron como miembros de la Fiscalía General de la Nación y se lo llevaron, desde entonces no se sabe de su paradero.

En la determinación el alto tribunal recuerda que una vez una persona es privada de la libertad, es deber de las autoridades velar por su integridad y seguridad. Por lo que es menester verificar posibles amenazas contra la personas objeto de la detención. En el caso particular, Ruiz Valencia había denunciado intimidaciones por parte de contradictores políticos.