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Las imágenes de las cámaras de seguridad han servido como importantes pruebas en varios procesos penales. | Foto: León Darío Peláez

SEGURIDAD

Fiscalía podrá vigilar a personas a través de cámaras públicas

Para la Corte Constitucional no se vulnera ningún derecho.

20 de noviembre de 2014

Hace unas semanas el país se estremeció al observar los videos de una tenebrosa banda de atracadores llamada los ‘Chinches’, que operaba en el centro de Bogotá. Una de las claves para capturar a los integrantes de ese grupo fueron los videos de cámaras públicas de seguridad que la Fiscalía analizó durante un buen tiempo.

Estos seguimientos están amparados por la Ley 1453 de 2011, que señala que la Fiscalía tiene la potestad de realizar esos seguimientos en el marco de un proceso penal. Sin embargo, un ciudadano decidió demandar dicha ley bajo el argumento que al “grabar las acciones de una persona en la calle, así esté incursa en un posible delito, es una violación al derecho a la intimidad”.

Esa demanda llegó a la Corte Constitucional, donde con ponencia del magistrado Jorge Pretelt, se determinó que no existe violación alguna a los derechos fundamentales de las personas que sean objeto de una investigación realizada por la Fiscalía y que se apoye en videos o grabaciones obtenidas por cámaras públicas.

El alto tribunal declaró ajustado a la Constitución el artículo 54 de la ley ya mencionada, donde se faculta al “fiscal que tenga motivos razonablemente fundados, para inferir que una persona puede conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial”, indica la norma.

Según la decisión adoptada por la Corte Constitucional, si en el lapso de un año no se obtiene resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, con la advertencia de que si existen motivos, se pueden reactivar los seguimientos.

Así pues, la Corte da el visto bueno para que la Fiscalía “tome fotografías, grabe videos y realice todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante a fin de identificar los autores o partícipes de un delito, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde asiste y aspectos similares”, señaló la decisión.