Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 5/31/2011 12:00:00 AM

Fiscalía, preocupada por dilación en procesos

En una carta dirigida al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la fiscal Viviane Morales pide que se investigue las constantes dilaciones de las que han sido objeto procesos como los 'falsos positivos' y el asesinato de los niños de Arauca.

El viernes pasado los familiares de los menores violados y asesinados en Tame (Arauca) se quedaron esperando una vez más a que se cumpliera la audiencia preparatoria que se adelanta contra el subteniente Raúl Muñoz Linares. Representantes de las víctimas y el fiscal del caso Víctor Julio Lozano sentaron su voz de protesta y señalaron que el proceso había estado lleno de dilaciones.
 
No pasaron muchos días para que la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, se pronunciara frente al hecho. En una carta enviada al magistrado Angelino Lizcano Rivera, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, pide que se investiguen las dilaciones que se han dado en el proceso contra el teniente Muñoz y contra los uniformados en los casos de los llamados 'falsos positivos'.
 
La fiscal Viviane Morales indicó que en los casos de los niños de Arauca y los jóvenes de Soacha (Cundinamarca), los miembros de la fuerza pública vinculados “acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento”.
 
Advirtió además sobre las consecuencias internacionales que la demora injustificada de esos procesos podrían tener para el país, pues tal situación podría interpretarse como “una falta de voluntad de las autoridades nacionales para la pronta y cumplida administración de justicia.”.
 
El texto de la carta es el siguiente:

Doctor:
ANGELINO LIZCANO RIVERA
Presidente
Consejo Superior de la Judicatura
La ciudad.
 
Respetado señor Presidente,
 
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra el señor Raúl Muñoz Linares, Subteniente adscrito a la Brigada Móvil Nº 5 del Batallón de Combate Terrestre N° 45 Héroes de Majagual perteneciente a la Octava División del Ejército Nacional, a quien se le imputa responsabilidad a título de autor del homicidio de los menores Jimmy Ferney Torres Jaimes (9 años), Jeferson Geovany Torres Jaimes (6 años) y Jenny Narvey Torres Jaimes (14 años). A pesar de que los hechos ocurrieron en jurisdicción del municipio de Tame, Arauca, actualmente el juzgamiento de esos hechos está radicado en cabeza del Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá D.C., como consecuencia del cambio de radicación ordenado por la Corte Suprema de Justicia a instancias de la solicitud elevada por el señor Ministro del Interior y de Justicia, después del lamentable asesinato de la doctora Gloria Constanza Gaona Rangel, Juez Penal del Circuito de Saravena que tenía el conocimiento de este caso.

El proceso mencionado se encuentra actualmente pendiente de la reanudación de la audiencia preparatoria, la cual ha sido aplazada en al menos cuatro oportunidades por motivos que son de extremadamente preocupantes, y para cuya solución se requiere la decidida intervención de esa Honorable Corporación. Según informa el Fiscal que está a cargo de la actuación, en este caso el procesado ha designado siete (7) abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo cual ha conllevado que los jueces de conocimiento decreten varios aplazamientos, en orden a asegurar que cada nuevo defensor pueda tener el tiempo necesario para estudiar el caso.

Lo preocupante de esta situación es que éste no es el único caso, en que miembros de la fuerza pública vinculados a procesos penales acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento. De acuerdo con un informe rendido por la Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, esa práctica se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (DEMIL) con sede en Bogotá D.C., lo cual ha venido entorpeciendo y dilatando el juzgamiento de los casos conocidos como “falsos positivos”.

Entre los casos más graves se encuentra el relativo al homicidio ocurrido en el año 2008 en el municipio Soacha, Cundinamarca, del que fueran víctimas varios jóvenes que se reportaron falsamente como N.N. dados de baja en combate por efectivos del Batallón No.15 y del Batallón Santander con sede en Ocaña (Norte de Santander). En este caso no solamente no se ha podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, sino que los militares implicados adquirieron su libertad por causa de dilaciones que a la fecha no han permitido iniciar el juicio oral. Estas dilaciones consisten, al igual que en el caso del homicidio de los menores de Tame, en el cambio sistemático y reiterado de defensores en el curso de las audiencias, justamente al inicio de las mismas, para evitar su realización. Como consecuencia de este abuso del derecho de defensa, hasta este momento han transcurrido entre 965 y 944 días desde la fecha de reparto al juez de conocimiento, sin que se haya podido concluir la audiencia preparatoria

Adicionalmente es importante señalar, que la dilación injustificada de estos procesos penales tiene serias implicaciones internacionales, como quiera que los organismos encargados de la observación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario perciben esta situación, como falta de voluntad de las autoridades nacionales para la pronta y cumplida administración de justicia. Ello más aun cuando se trata, como en este caso, de homicidios cometidos presuntamente por agentes del Estado, entre ellos algunos oficiales de alto rango.

La Fiscalía General de la Nación ha solicitado, como corresponde, las respectivas compulsas de copias al Consejo Superior de la Judicatura, sin que a la fecha se haya producido alguna decisión que permita poner fin a esas prácticas de deslealtad procesal. Por esta razón concurro a su despacho en esta oportunidad, para solicitarle que dentro del ámbito de sus competencias tome las medidas que sean necesarias y suficientes, para instruir a los jueces penales del país acerca de la importancia de imprimir celeridad a los procesos que se adelantan por violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y de hacer uso de las facultades que les confiere la ley para impedir que los procesados logren dilatar el procedimiento mediante la sustitución reiterada y sistemática de defensores.

Cordialmente,

VIVIANE MORALES HOYOS
Fiscal General de la Nación
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.