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| 8/20/2015 1:30:00 PM

Fiscalía solicitará extradición del exsecretario de la UNP

Julián Marulanda se encuentra en Estados Unidos desde agosto del 2014. Según la Fiscalía, él sería líder de la red que operaba en la entidad y que favorecía a contratistas a cambio de coimas.

Desde el año pasado la Unidad Nacional de Protección (UNP) está en el ojo del huracán, debido a un escándalo por presuntas deficiencias en el manejo presupuestal y administrativo en esa entidad.

Apenas se dio a conocer el hecho, la Fiscalía empezó las investigaciones sobre quiénes serían los responsables del desfalco. Uno de ellos es Julián Marulanda, exsecretario de la UNP, que -según el ente acusador- sería el responsable de los sobrecostos generados en la facturación y sería también el líder de la red que operaba en la entidad y que favorecía a contratistas a cambio de coimas.

Una vez el funcionario se enteró del proceso que corría en su contra por los delitos de concusión, cohecho, prevaricato y concierto para delinquir, salió del país el 25 de agosto rumbo a Miami. Así lo certificó en ese momento Migración Colombia.

Este jueves se conoció que el próximo 29 de septiembre se realizará la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para Marulanda. Sin embargo, como el exsecretario de la UNP no se encuentra en el país, el ente investigador hará ese mismo día la solicitud de extradición.

En qué va el proceso

Para el ente investigador, la participación de Marulanda es clara. Una de las pruebas que tienen contra él es el registro de los ingresos económicos muy superiores a su salario.

“Marulanda tenía una designación de más o menos 8.000 millones de pesos anuales para contratar y de estas operaciones se desprenden las acusaciones en su contra por la mala facturación que realizó mientras se desempeñó como secretario general de la Unidad Nacional de Protección”, reveló la Fiscalía a este portal.

La misma tesis tiene el exdirector de la UNP Andrés Villamizar. “Las irregularidades fueron detectadas en la ejecución de los contratos, lo que estaba a cargo del secretario de protección, Julián Marulanda, y la subdirección de la entidad, a cargo de Alonso Miranda. Mi participación se dio en la adjudicación de los mismos y en esa parte del proceso no se registraron anomalías”, le dijo a Semana.com

Aunque no se responsabiliza a Julián Marulanda de todo el presunto detrimento patrimonial de la entidad, la Fiscalía asegura tener las pruebas para acusarlo de por lo menos uno de ellos. El funcionario ha pedido en dos ocasiones ser llamado a imputación de cargos para resolver su situación jurídica. Aun así, ha dejado claro que no regresará al país.

La Fiscalía ya había asegurado a Semana.com que solicitarían ante un juez para que le sea declarado en contumacia (es decir, que sea procesado como persona ausente). De aprobarse esta solicitud, se podría tramitar con la Interpol una circular roja con la que se podría ordenar su detención y su extradición a Colombia. A la fecha ya tiene una circular azul emitida por esta entidad.

¿Qué dice Marulanda?

Debido a los constantes señalamientos que ponen como único responsable a Marulanda, el funcionario habló con Semana.com la semana pasada y manifestó que se fue por “la injusticia que se venía en su contra y por las amenazas de las que era víctima”.

Afirmó tener las pruebas que lo exoneran de cada una de las acusaciones y que él sólo es víctima de un montaje, “una de las contrataciones de las que me acusan se hacía con cargo al director de la entidad (era quien aprobaba) y las otras las hacía una abogada y yo no tuve participación”, dijo.

Marulanda sostiene que la investigación en su contra es una cortina de humo. A su juicio, se hizo para desviar la polémica que se generó por la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien la UNP le había retirado el esquema de seguridad.

Agregó en su momento que le parece muy curioso que el secretario de Transparencia de entonces, Rafael Merchán, se declarara impedido frente a las denuncias que llegaban sobre Andrés Villamizar, entonces director de la UNP, y que sí hubiera actuado cuando fue él quien denunció.

La acusación de Marulanda tiene algo de injusto si se tiene en cuenta que Merchán es amigo cercano de Villamizar, ambos militaron en Cambio Radical y esa cercanía lo obligaba a declararse impedido para actuar en su contra.   

Por último, cuestionó la actuación de la Fiscalía. “Existe una orden de captura en mi contra que yo considero totalmente ilegal. Hasta el momento, después de un año no he tenido ninguna imputación de cargos y el proceso no ha avanzado”.

Sin embargo, la cita para acusarlo ya está en pie. Está por verse si Marulanda asistirá por voluntad propia o deberá ser extraditado desde Estados Unidos para que comparezca ante la justicia.
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