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David Murcia | Foto: Archivo SEMANA

JUDICIAL

Fiscalía solicitó a EE.UU. la devolución de los bienes de David Murcia

A través de una carta rogatoria, el ente acusador pidió la devolución de los bienes para reparar a las víctimas de la captadora ilegal de dinero.

25 de octubre de 2011

Mediante la Oficina de Asuntos Internacionales y a través de una carta rogatoria, la Fiscalía General de la Nación solicitó a Estados Unidos la devolución de los bienes decomisados a David Murcia Guzmán, el creador de la captadora ilegal de dinero DMG condenado en ese país a 9 años de prisión.
 
El ente acusador advirtió, a nombre de la fiscal 23 especializada, Luz Ángela Bahamón, que la solicitud la realiza "a fin de resarcir los perjuicios que Murcia, su esposa Joanne Ivette León y sus colaboradores causaron a las víctimas en Colombia".
 
En ese sentido, se busca que las autoridades judiciales de Colombia reciban estos bienes para reparar integralmente a las víctimas.
 
El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, explicó a Semana.com que los bienes confiscados a Murcia en Estados Unidos corresponden a apartamentos de su propiedad avaluados en 7 millones de dólares. Recordó que en efectivo se contemplan 2 millones de dólares.
 
Ruiz explicó que a través de un derecho de petición y basado en la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia penal, pidió a la Fiscalía que solicitara la devolución de los bienes.
 
Miguel Ángel Ramírez, abogado en Colombia de David Murcia, explicó que de ser entregados los bienes llegarán a la Superintendencia de Sociedades, donde el trámite se realiza con "prelación" según lo ordena el decreto 4334, expedido en el gobierno de Álvaro Uribe con el fin de reglamentar el manejo de los bienes de DMG.
 
Ante este punto, el abogado Ruiz advirtió que este caso "se trata como si fuera una empresa legal y no es así". Explicó que "la Supersociedades le quitó a la Fiscalía la facultad de recibir estos recursos" y recordó que según la Ley 137 de 1994, "en los estados de excepción no se podrán modificar ni suprimir funciones de los organismos de acusación y juzgamiento".
 
Para el abogado Ruiz, esto es un error judicial que terminaría afectando los intereses de las víctimas.