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| 3/19/2017 10:33:00 PM

Los interrogatorios por el desplome de Electricaribe

La intervención del Gobierno a la electrificadora sacudió el panorama judicial. Fiscalía vinculó a dos altos representantes de la compañía y a tres exalcaldes. Gas Natural Fenosa amenaza con demanda internacional.

En el terreno de lo diplomático, el presidente Juan Manuel Santos anunció que llegó a un acuerdo con el primer mandatario español, Mariano Rajoy, para no permitir que la liquidación de Electricaribe afecte las óptimas relaciones comerciales. Sin embargo, el fracaso de la electrificadora, que tiene el 22 % de la energía del país y llega a 2,5 millones de costeños, tiene a ambos países alistando artillería en el campo de lo judicial.

Los representantes de la firma Gas Natural Fenosa anunciaron el inicio de un millonario pleito, luego de que el Gobierno confirmó, después de décadas de mal servicio, la liquidación de la electrificadora. Demandarán a Colombia por 1.000 millones de euros (3,2 billones de pesos), equivalente a más del doble del valor contable de Electricaribe; el escenario de esta disputa será el Centro Internacional de Arbitraje de Arreglo de diferencias relativas a las inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

Puede leer: Electricaribe, crónica de una muerte anunciada

Entretanto, en Colombia, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que están listos para defender el país. Y mientras enlista a su equipo de abogados, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya desplegó sus tropas.

La Unidad Nacional Anticorrupción llamó a interrogatorio al español José García Sanleandro, exrepresentante legal de Electricaribe, al igual que Benjamín Gustavo Payares Ortiz, quien actuaba como gerente operativo y representante legal suplente. También fueron llamados a interrogatorio los exalcaldes de Chinú Orlando Medina, Magangué Marcelo Torres, y el de Uribia Abel Giacometto Fuminay.

Deberán explicar qué pasó con los proyectos para los cuales el Gobierno giró más de 150.000 millones de pesos en el 2012 con el fin de cumplir el sueño de los costeños: que Electricaribe ampliara su cobertura, mejorara la continuidad del servicio, legalizara a cientos de usuarios y adecuara las redes eléctricas. 

José García Sanleandro llegó a Electricaribe en julio del 2011 y fue removido del cargo a finales del año pasado, cuando el Gobierno anunció la entrada del agente liquidador Javier Lastra. Hoy trabaja para una filial de Gas Natural Fenosa en Perú y desde Lima fue llamado a rendir cuentas a las autoridades colombianas.

Él y Payares Ortiz deberán explicar cómo se ejecutaron los recursos girados por el Ministerio de Minas y Energía. En total la electrificadora recibió $41.000 millones para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y $107.000 para el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE).

Para ejecutar estas inversiones se suscribieron cinco contratos de los cuales se desprenden 196 proyectos. A pesar de que la fecha de entrega era diciembre del 2014, la Fiscalía rastrea qué pasó tres años después con 34 obras que fueron suspendidas, 22 que están pendientes de recibirse y 4 que fueron canceladas.

Para el 2014 Electricaribe renunció a la ejecución de estos proyectos y asumió en adelante la responsabilidad de las interventorías. Cuando el Gobierno entró a Electricaribe a comienzos del año pasado, encontró obligaciones financieras del orden de 1,8 billones de pesos, por lo que las investigaciones apuntan a establecer si las millonarias cuentas por saldar obedecen a desórdenes administrativos o manejos irregulares de los recursos inyectados por el Gobierno. 

En cuanto a los alcaldes, la Fiscalía cree que se pudieron haber visto beneficiados con los contratos que la gente aún espera. En el caso de Magangué, por ejemplo, se invirtieron 8.264 millones de pesos en seis proyectos que aún están inconclusos y debían llegar 16.650 personas. En Uribia se indaga qué paso con un contrato por casi 500 millones para beneficiar a 120 pobladores y nunca se terminó de ejecutar.

La Contraloría, que le sigue la pista a la ejecución de estos contratos, alerta por un posible detrimento patrimonial que alcanza  53.000 millones de pesos, por cuenta de los usuarios que se dejaron de beneficiar de los proyectos contratados.

El hecho de que la empresa no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debida, y que la empresa sea incapaz de pagar sus billonarias deudas mercantiles, hizo que la intervención del Gobierno estuviera cantada desde hace meses. De manera que de llegar a presentarse la demanda internacional, Colombia cuenta con un hecho que salta a la vista: los costeños llevan años padeciendo uno de los peores servicios de energía eléctrica del país. 

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