Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/07/22 23:12

Organismos de control y Fiscalía tendrían que rendir cuentas al Congreso

La propuesta busca que cada tanto haya debates de control político para conocer la destinación de sus recursos. Se incluye la moción de censura para quienes estén al frente de estas entidades.

Registraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría General de la Nación. Foto: Archivo SEMANA

En medio de las críticas que ha recibido la Fiscalía General de la Nación por varios contratos de prestación de servicios, en lo que el Centro Democrático denominó una “nómina paralela”, se radicó una reforma constitucional que busca ponerles freno a los excesivos gastos presupuestales.

El senador Ernesto Macías, autor de la iniciativa, señaló que el Congreso debe tener facultades para pasar al tablero a quienes estén al frente de la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría para que informen detalladamente cómo han gastado los recursos que tienen destinados para su funcionamiento.

“Creemos que es conveniente para la democracia que estos altos funcionarios que dirigen organismos de control y manejan presupuesto nacional acudan al Congreso a rendir cuentas en el momento en que sean requeridos”, dijo Macías.

El legislador argumentó que el manejo administrativo de todas las entidades debe ser claro y por eso deben estar sujetos al control político, para que los colombianos conozcan el manejo de los recursos.

La reforma contiene cuatro artículos que modifican la Constitución Política de Colombia y permitiría citar a varios funcionarios que actualmente no tienen la obligación de acudir al Legislativo. También podrán ser objeto de moción de censura el fiscal general de la Nación, el registrador nacional del Estado Civil, el contralor general de la República, el procurador general de la Nación y el defensor del Pueblo, por desatención a los requerimientos y citaciones del Legislativo”, dice el texto radicado.

El caso más recordado en la Fiscalía es el de los millonarios contratos que recibió Natalia Springer para adelantar una serie de investigaciones sobre el conflicto en el país con un supuesto método novedoso que permitía, por ejemplo, determinar las razones de algunas acciones criminales del ELN y las FARC.

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Ernesto Macías fue precisamente quien en el 2015 reveló que en el ente acusador había, según él, una nómina paralela que superaba los 10.000 millones anuales. En varias ocasiones el exfiscal Eduardo Montealegre fue citado al Congreso, pero se determinó que el Legislativo no tenía facultades para hacerlo, se resolvió invitarlo, pero así tampoco asistió el entonces jefe del ente acusador.

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