Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/04/08 22:16

Así secaron por completo un río en el Pacífico

El tesorero de un municipio, un policía y un exfuncionario hacían parte de la red de minería ilegal que acabó con el río Sambingo en Cauca.

El río Sambingo hace parte de la cuenca hidrológica más importante del Pacífico caucano. Foto: Cortesia Ejército Nacional. Foto: Cortesia Ejército Nacional

A finales de enero pasado el país quedó perplejo cuando Semana.com publicó las primeras imágenes dantescas que mostraban cómo un río se secó por completo, en medio del inclemente verano por cuenta del fenómeno del Niño.

Pero de la perplejidad se pasó a la indignación cuando en esa misma publicación se aclaró que la sequía del río Sambingo, en Cauca, se debía más a la actividad minera que se hacía a lo largo de su cauce que a la escasez de lluvias por cuenta del fenómeno climático.

Esas imágenes del cauce árido de un río con enormes cráteres en su lecho por cuenta de la extracción de oro recorrió el mundo y se convirtió en el ícono deplorable de las consecuencias ambientales de la explotación irresponsable de los recursos naturales.

Tanto repudio no era para menos, ya que se trataba de uno de los ríos más importantes ubicados en el suroeste del país y en una zona que es considerada estrella hídrica: el Macizo Colombiano. El Sambingo es un tributario del Patía y antes de desembocar en el océano Pacífico ambos irrigan valles, cañones y montañas en un recorrido de 150 kilómetros.

Esta semana las autoridades revelaron el resultado de una operación que desde hace ocho meses venían adelantando miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Cauca, la Brigada 29 del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía.

La importancia de ese trabajo interagencial radica no sólo en las capturas de los responsables de semejante ecocidio, sino en que esta vez las autoridades se concentraron en seguirle el rastro al dinero de esa actividad ilegal y aprehender a las cabezas de toda esa operación cuyos delitos se recorren el código penal. Es decir, esta vez no se conformaron con destruir la maquinaria y encarcelar a los operarios, sino en capturar a los jefes.

Semana.com tuvo acceso al expediente de esa compleja investigación y pudo corroborar que el proceso se sustenta en decenas de audios de llamadas interceptadas, vigilancia, fotos y videos. Se estima que esa organización criminal instaló 14 frentes de explotación a lo largo del río y que cada frente producía en promedio 20 kilogramos de oro a la semana y cada gramo era vendido a 98.000 pesos.

Se conoció además que ese resultado operacional hace parte de la primera fase y que en una segunda pesquisa no se descarta que caigan los comercializadores del oro que se extraía ilegalmente y la forma como parte de ese dinero se iba para financiar campañas políticas de la región. Por esa razón este portal se abstiene de publicar los audios y pruebas documentales, para no entorpecer la investigación.

Una de las sorpresas del caso es que entre los capturados hay funcionarios y exfuncionarios de municipios de Cauca y Nariño, además de un policía activo, y que buena parte del dinero que se producía terminaba en las arcas de un grupo armado al margen de la ley.

Las capturas se hicieron al mismo tiempo en Nariño, Cauca y Valle y entre los aprehendidos se encuentra Simón Estupiñán, ‘Don Simón’. Para las autoridades este hombre, quien además es tesorero del municipio de Iscuandé (Nariño) era el jefe de la organización. El otro exfuncionario, que también fue tesorero de ese municipio, es Amílkar Obando Toloza, ‘Hamo’. El policía capturado, señalado de colaborar con esa banda al informarles de los operativos que se hacían contra ellos, fue identificado como Jairo Toloza Estupiñán. Los otros involucrados son el dueño del terreno, el encargado de la logística, proveedores de maquinarias, combustible y hasta el que hacía lobby ante los alcaldes para obtener los permisos para el traslado de la maquinaria.

Una fuente que hizo parte de la investigación explicó a este portal que una de las formas que la banda tenía para ganarse el aprecio de las autoridades y conseguir fácilmente los permisos era “mediante obsequios de oro que iban desde 5 gramos hasta 50”.
La misma fuente argumentó que la otra particularidad de esa red “es que los jefes se deban el lujo de controlar el negocio sin poner un pie en la mina. Todo lo hacían desde la distancia”, concluyó.

Los nexos con el ELN

La otra cara criminal de esa red de minería ilegal corrió por cuenta de sus nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace presencia en ese territorio.

En las llamadas interceptadas los investigadores lograron establecer que la banda tenía una persona dedicada exclusivamente a negociar con el frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, a quien le pagaban una vacuna por cada gramo de oro que extraían ilegalmente. Dentro del expediente aparece que la persona destinada para esa labor de intermediación con la guerrilla es Tirso Alberto Robledo Murillo.

De ahí que entre los delitos que les formuló la Fiscalía a los 14 capturados aparecen desde financiación del terrorismo, además de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental agravada, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, destinación ilícita de combustible y secuestro extorsivo agravado. Este último delito se desprende porque en enero pasado el CTI de Huila realizó una operación para incautar la maquinaria que se hallaba de manera ilegal en esa zona, pero los trabajadores y barequeros fueron instigados para que retuvieran a los investigadores para evitar que la maquinaria se destruyera.

En las llamadas interceptadas quedó en evidencia que la orden de esa retención vino de los jefes de la organización y como tal el fiscal tipificó esa conducta ilegal como un secuestro.

De esta manera las autoridades actuaron de manera rápida y contundente para castigar a quienes cometen delitos contra los recursos naturales del país. Y esa operación interagencial pasará a la historia como la primera investigación que puso tras las rejas a los responsables de secar por completo un río en Colombia.

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