Fondo de Adaptación aplaza adjudicación de millonario contrato

La polémica por la participación de la firma ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo en licitaciones públicas en Colombia no mengua. La constructora se encuentra en una difícil situación por cuenta de presuntos incumplimientos y sobornos durante el gobierno del expresidente panameño Ricardo Martinelli, por cuenta de un contrato de 155 millones de dólares ganado en el 2012.

Todo se originó porque un consorcio colombo-ecuatoriano en el cual Hidalgo e Hidalgo tiene una participación del 30 % ganó esta semana un contrato de 1,2 billones de pesos para construir y rehabilitar 76 kilómetros de la Carretera Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.

Al respecto se generó un gran debate por presuntamente “premiar” una firma involucrada en graves escándalos internacionales y por la manera como el gobierno evalúa a quienes licitan. Sin embargo, el asunto no sería tan sencillo, pues no se puede apartar a un proponente de un proceso si no hay una condena en firme contra la compañía cuestionada. Incluso, si se llegara a hacer, la empresa licitante podría demandar al Estado.

Todas las alarmas están encendidas y más porque hoy el Fondo de Adaptación entregaría un contrato de 237.000 millones de pesos para la construcción de 12 kilómetros en la Transversal Momposina para conectar Magangué con Mompox. El temor radica en que una de las 10 firmas que van por este contrato es nuevamente Hidalgo e Hidalgo. Ver: Cuestionada firma extranjera va por más contratos en Colombia.

Semana.com consultó con fuentes del Fondo de Adaptación, quienes aseguraron que el contrato no se entregará hoy y que el proceso tuvo un aplazamiento por cuenta de una tutela que interpuso uno de los proponentes. Aunque se desconoce el nombre de la compañía demandante, lo que este medio pudo constatar es que no sería referente a los cuestionamientos que enfrenta Hidalgo e Hidalgo y que la nueva fecha de adjudicación será el próximo viernes 10 de julio.

El vicepresidente Germán Vargas Lleras desde Cartagena dijo que ya está vigente el nuevo estatuto anticorrupción y que se están analizando con lupa todos los procesos de empresas foráneas o consorcios con participación extranjera.

El asunto ha tomado grandes dimensiones, pues este viernes la Policía Federal de Brasil confirmó las capturas de dos altos ejecutivos de la afamada empresa Odebrecht, una compañía de construcción e ingeniería con asiento en decenas de países, entre ellos Colombia, y quizá la más poderosa de su ramo en Brasil. Ver: Dos firmas extranjeras, que operan en Colombia, salpicadas en casos de corrupción.

Además de Hidalgo e Hidalgo y Odebrecht, las empresas Camargo Correa (Brasil) y OHL Concesiones (España) son investigadas en otros países y tienen o han tenido adjudicadas grandes obras en Colombia.

El vicepresidente de Camargo Correa en Brasil confesó presuntos sobornos de hasta 55 millones de dólares para quedarse con contratos con la estatal Petrobras. En Colombia esta compañía fue una de las encargadas del gran proyecto Hidroituango.

La española Obrascón Huarte Lain (OHL) tiene graves problemas en México luego de que se conocieron varias conversaciones sobre supuestos sobornos a jueces y fraudes en tarifas. La filial en Colombia obtuvo en octubre del 2014 la concesión para el diseño, la financiación, la construcción, la operación y el mantenimiento de la Autopista Río Magdalena 2 (144 kilómetros que incluyen dos túneles y 79 puentes), por un plazo de 25 años.

A pesar de esto, las compañías aseguran que en el país no tienen ni han tenido problemas, además de que los funcionarios en líos en el extranjero no son los mismos directivos o representantes legales en Colombia.

Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aseguró que la Ley 80 impide contratar si el representante legal de la compañía está arrestado, pero rechazar a un proponente por una investigación en curso que no está en firme podría traerle millonarias demandas al Estado. “Lo que estamos haciendo es garantizar que las licitaciones y ejecuciones tengan criterios transparentes y analizando en profundidad todos los casos”.