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| 4/17/2010 12:00:00 AM

Fórmula equivocada

La caída de la Emergencia Social obliga al gobierno a buscar nuevas recetas para salvar al sistema de salud. Hasta diciembre estarán vigentes los decretos tributarios.

El viernes pasado la Corte Constitucional le ungió los santos óleos a la Emergencia Social. Tras meses de análisis, la Corte determinó que la fórmula a la que acudió el gobierno para enfrentar la crisis del sistema de salud es inconstitucional y la tumbó con el argumento de que no hubo hechos sobrevivientes que la justifiquen. “Son problemas estructurales que venían incubándose con el tiempo; no tienen carácter inusitado ni abrupto”, señaló el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo.

Con el hundimiento del llamado “decreto madre”, que instauró la emergencia, se vinieron abajo en consecuencia otros 14 decretos que reformaban el sistema de salud y que produjeron una candente polémica en los últimos meses. Sin embargo, en un intento por evitar el colapso del sistema, los magistrados les dieron vigencia hasta el próximo 16 de diciembre a los decretos que aumentan el recaudo de recursos para la salud. Así, el gobierno tiene un margen de tiempo para buscar, a través del Congreso y del mismo sistema de salud, recetas acertadas que conjuren el inmenso lío de desfinanciación de la salud pública.

El candente debate arrancó el 23 de diciembre pasado, cuando el presidente Uribe decretó la Emergencia Social para asumir así facultades de reforma sin pasar por el Congreso. Durante los siguientes días fueron apareciendo los decretos de reestructuración del sistema, y con ellos un alud de críticas de distintos sectores que acusaban al gobierno de improvisación, falta de consenso, y de impulsar un deterioro disfrazado de los servicios a los que tienen derecho los pacientes, en especial los del régimen contributivo.

Los aspectos más polémicos de la reforma tenían que ver con las nuevas cargas para los pacientes. El gobierno determinó que los afiliados a las EPS con capacidad de pago debían asumir parte de los costos de los tratamientos y abrió la posibilidad de que echaran mano de las cesantías o accedieran a préstamos bancarios para cubrir sus gastos médicos. Para aquellos pacientes sin posibilidades económicas se creó un fondo específico (Fonprés) que atendería con recursos limitados los casos extremos.

Con el fin de incrementar en un billón de pesos adicionales por año la bolsa de la salud, se crearon nuevos recaudos al aumentar el gravamen a licores, cigarrillos y juegos de azar. Otras disposiciones fijaron un régimen de control al precio de los medicamentos, reestructuraron el Plan Obligatorio de Salud y crearon una reglamentación dirigida a los médicos para minimizar los gastos del sistema. Dentro de esta se priorizó la atención médica de baja complejidad y pasó a ser requisito que los doctores cuenten con “evidencia científica”, sobre la eficacia de tratamientos costosos, a riesgo de exponerse a multas.

Todos esos elementos atizaron el debate y alinearon prácticamente a todo el país en contra de la Emergencia. La protesta de las facultades de salud y de los gremios médicos llegó a las calles con nutridas marchas públicas (la más reciente el pasado jueves). Entre tanto, el gobierno trataba de aguantar el chaparrón de críticas. El presidente Uribe dedicó horas seguidas en distintos medios a explicar las bondades de los decretos y defender la Emergencia. También aceptó errores en la formulación de algunos artículos que ordenó afinar, y hasta lanzó un regaño público a su ministro de Protección Social, Diego Palacio, a quien exigió respuestas claras: “Parece que uno les hablara a las paredes”, le dijo.

Con el hundimiento de la Emergencia –según el fallo de la Corte y el concepto, en igual sentido, del procurador general, Alejandro Ordóñez– ese jalón de orejas cobra vigencia. El ministro Palacio tiene el desafío de acertar en la nueva fórmula y de sacarla adelante en la recta final del gobierno. El plan B es un proyecto de ley que presentará esta semana al Congreso con mensaje de urgencia y que rescata los decretos tributarios con los que se buscaban recursos para la salud.

El hundimiento de la Emergencia Social se suma a varios traspiés del gobierno en la Corte Constitucional. Entre estos se cuentan el estatuto antiterrorista; la reforma al régimen de los empleados provisionales y de carrera; el estatuto de desarrollo rural y, más recientemente, el referendo para la segunda reelección. Un mal récord para el gobierno cuando la Corte se apresta a fallar una demanda presentada contra el acuerdo de cooperación militar que le permite a Estados Unidos usar bases en Colombia.
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