12 agosto 2006

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Fórmula salomónica

BALDÍOSSe acerca el final de la vieja disputa por las Islas del Rosario. El gobierno acepta arrendárselas a los ocupantes si ellos reconocen la propiedad de la Nación y desisten de sus pleitos.

Fórmula salomónica.

Con la idea de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, el gobierno nacional está tratando de poner punto final a una disputa de más de dos décadas sobre la propiedad de las islas del Rosario, un tema que ha captado la atención nacional. Estas islas no sólo son uno de los lugares favoritos de
turismo de los colombianos, sino que los apellidos de muchos de sus ocupantes en pleito son de los de mayor abolengo del país. En el exclusivo vecindario de Islas del Rosario conviven los Santo Domingo, Parody, Noero, Martelo, Dunoyer, Mattos, Char, Amin, Robayo, y celebridades como Fanny Mikey, entre otros. Además, esas islas quedan en medio de un parque nacional natural.

La historia de este enredo legal comenzó a mediados de los años 80. En esa época el Incora emitió unas resoluciones en las que decía que la mayor parte de estas islas eran bienes baldíos, pues sus ocupantes no lograron demostrar títulos de propiedad anteriores a 1912, fecha en que por ley todas las islas que no estuvieran ocupadas se declaraban de la Nación.

Pese a la resolución, de forma inexplicable nunca se recuperaron estas tierras, y el proceso parecía dormir el sueño de los justos. Sólo en 2004 el gobierno desempolvó el expediente, luego de que la Procuraduría General de la Nación instauró una acción legal para que el Ministro de Agricultura, so pena de cárcel, cumpliera la orden de recuperar esos predios. Entonces comenzó un vía crucis de consultas, fallos y demandas ante diferentes tribunales hasta que el lío llegó al Consejo de Estado. Allí ya se han estudiado 90 de los 139 predios en problemas. En todos ellos este tribunal decidió lo que 20 años atrás había dicho el Incora: que las islas son baldíos que se deben restituir a la Nación. En 29 de estos casos ese fallo ya fue confirmado en segunda instancia.

Según el actual ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, "con el fin de no afectar dramáticamente el entorno socioeconómico de la zona, como son el turismo y los empleos que se generan en la región", el gobierno buscó una fórmula salomónica. Por ello, en febrero de este año el consejo directivo del Incoder (la entidad que remplazó al Incora) abrió la posibilidad de que las islas se entregaran en arriendo a sus ocupantes.

Con esta estrategia se busca sobre todo que ellos reconozcan que las islas son de propiedad de la Nación, y por esta vía se suspendan futuras reclamaciones ante otros tribunales. Además, deben adoptar un plan de manejo ambiental para evitar el mal manejo que se ha dado tradicionalmente a basuras y residuos en varios de los predios, lo que afecta la conservación de la zona.

Los ocupantes obtendrían a cambio un derecho de preferencia para arrendar las islas por un período renovable cada ocho años, siempre que garanticen que mantendrán el inmueble en excelente estado de conservación. Además, el Estado les reconoce las mejoras que se hubieran hecho antes de 1986, cuando comenzó el último capítulo del embrollo.

Conseguir que se suspendan las reclamaciones y obtener el reconocimiento de la propiedad es un logro que no se puede desestimar y que es de mucha ganancia. Pero a pesar del espíritu conciliador de la propuesta gubernamental, no ha dejado de levantar ampolla.

El principal punto de discusión es que el gobierno sólo acepte arrendar a los que renuncien a reclamaciones. "Eso es agresivo y es como situarnos en una dictadura donde sólo se reconoce el poder del gobierno desconociendo el poder judicial", dice William Gil, uno de los abogados que tiene la representación de más de 90 de los ocupantes de las islas. En ese sentido, por ejemplo, casos como los de Isla Cocoliso, La Cocotera, Matamba y Medoro ya habrían perdido el derecho de arrendar, pues sus ocupantes interpusieron ante el Consejo de Estado un recurso extraordinario de revisión de su fallo de segunda instancia.

El otro aspecto que ha generado molestia es que el gobierno ordenó desalojar con la Fuerza Pública los predios que no se acojan al acuerdo, lo que algunos ocupantes consideran un tratamiento inapropiado. Sin embargo, está por verse que esto suceda, ya que en una veintena de casos eso debió suceder hace varios meses. El alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, quien tendría que hacer efectiva esta medida, dijo a SEMANA que sólo el pasado miércoles tuvo la primera información sobre eso, pero "aún no tengo claro ni cuándo, ni con cuáles predios tengo que comenzar". Lo anterior parecería evidenciar que el gobierno se ha preocupado más por el impacto mediático que por las acciones concretas. Además, tampoco es claro lo que se haría con los predios que se desalojen, pues ninguna entidad del Estado ha mostrado ser capaz de administrar unos bienes en situación similar.

El alcalde Curi dice que le preocupan las recientes decisiones por dos razones. Por una parte, los cánones de arrendamiento no serán de la ciudad, pues serán recaudados por el Incoder, como afirman en el Ministerio de Agricultura, para la protección ambiental de las islas. Y por la otra, porque al ser la Nación la propietaria, Cartagena dejará de percibir los dineros del impuesto predial.

Finalmente, otro aspecto que genera inquietud es el precio de los arrendamientos. El acuerdo dice que es el 1 por ciento del avalúo catastral hecho por el Instituto Agustín Codazzi. En esta entidad le explicaron a SEMANA que se harán dos avalúos por cada isla. El del terreno, por un monto bajo, pues no se puede negociar. Y el de las mejoras, según el valor de la construcción, sin que se tenga en cuenta su posible valor comercial. Por todo ello, el alquiler de algunos predios en este paradisíaco lugar sería de 800.000 pesos al mes. El equivalente a lo que vale un apartamento de clase media en la capital.

Un ejemplo es el caso de la isla El Peñón, en la que el avalúo del lote de 560 metros cuadrados es de nueve millones de pesos, y el de la construcción, una casa de 320 metros cuadrados, de 130 millones de pesos. Lo que quiere decir que el valor del arriendo de esta isla no superará 1.400.000 pesos al mes. En otros casos, como el del predio San Pedro de Majagua, donde hay un hotel alterno del Santa Clara, se pagarán 16 millones de pesos.

Hasta ahora se ha hecho el avalúo de una decena de predios y se calcula que en un mes ya estarán los restantes, entre los que se incluyen los de una comunidad pobre de unas 500 personas del poblado de Orika que ya se organizó en Isla Grande. Allí vive gran cantidad de las personas que prestan servicios para las quintas. Ellos no tendrían que pagar arriendo, pero sí asumirían las obligaciones ambientales.

A regañadientes o no, hasta el viernes de la semana pasada sólo habían firmado contrato cuatro ocupantes y 23 más habían anunciado que lo harían en los próximos días. Pese al avance que le significa al país tener una solución a este lío, el caso ha servido para que la Procuraduría General haya llamado la atención sobre la poca diligencia del Ministerio de Agricultura para recuperar miles de hectáreas baldías regadas por todo el país y ocupadas irregularmente durante años. Los anuncios recientes, en una visión optimista, podrían significar que el Ministerio comienza a reaccionar frente a ese importante tema.
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