Estado debe evitar altas condenas en su contra

Durante el foro ‘Condenas e indemnizaciones: un desafío para el Estado’ –organizado por SEMANA y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) –, la directora de la Agencia aseguró que “es primordial que las entidades y los funcionarios públicos cumplan con rigor la ley”, para bajar el alto índice de condenas que debe pagar la Nación.

El primer paso para detener el problema fiscal generado por el pago de indemnizaciones de sentencias en contra de la Nación, es evitar producir daños antijurídicos por acción u omisión contra los ciudadanos.

 

Frente a la propuesta de un posible cambio legislativo para enfrentar la problemática, el Consejero de Estado–Sección Tercera, Jaime Santofimio, aseguró que el artículo 90 de la constitución (que reglamenta los daños antijurídicos que cometa el Estado) “es perfecto” y que esa corporación ha venido fijando pautas para cuantificar razonablemente los valores de las condenas por perjuicios inmateriales. 

Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, expuso dos puntos vitales en la discusión: la responsabilidad de los jueces frente a la racionalización de las condenas y la necesidad de poner techos sostenibles a las indemnizaciones.

Lo que es cierto es que la Nación se enfrenta al reto de equilibrar dos principios fundamentales: la reparación integral de las víctimas y la sostenibilidad fiscal. Como indicó el exsenador Héctor Helí Rojas, “el Estado tendrá que reparar a 6 millones de víctimas, por eso estamos en manos de los jueces”.