Preparando el terreno

La lucha por la tierra ha sido uno de los factores más desestabilizantes de la historia del país. Por eso, muchos están convencidos de que la guerra no habría adquirido las dimensiones que tiene si no fuera por la forma como el territorio ha sido repartido y como el campo ha tenido que sufrir. Ahora que se aproxima una eventual firma de la paz, sin embargo, la sociedad debe saber que aplicar en el terreno lo decidido en la Mesa será el gran desafío del posconflicto. Y, aquí, la restitución de tierras tendrá un papel decisivo.

Este fue el tema central del foro ‘Restitución de tierras: una mirada a los derechos de las víctimas y al sector privado’, organizado por Foros Semana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el pasado 18 de noviembre en Medellín. En el encuentro participaron, entre otros, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras; Jolyne Sanjak, directora de Land Alliance; Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y Silvana Habid, presidenta de la Agencia Nacional de Minería.

Los participantes coincidieron en la importancia que el proceso de restitución de tierras tiene para Colombia. Desde 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha puesto en manos de la URT recibir y estudiar casos, y llevarlos a los jueces. Según Sabogal, “hasta la fecha 80.000 personas han hecho reclamaciones por desplazamiento forzoso. De estos casos se han resuelto 25.000”. La labor es titánica y, con el tiempo, se ha convertido en el punto de inflexión y, a veces, de conflicto de numerosos intereses.

En especial, la opinión ha presenciado choques con empresarios de la infraestructura, del sector privado y de las actividades mineras. Sin embargo, Santiago Leyva, de la Universidad de Eafit, recordó que “los derechos de las víctimas también deben ser estratégicos para el desarrollo de la Nación”.

En el foro hubo consenso sobre la necesidad de que en el posconflicto el sector privado impulse el crecimiento económico del campo para beneficiar a las víctimas. El presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), Jens Mesa Dishington, advirtió, que “hay que dejar de victimizar a las comunidades y apostarle desde la empresa al emprendimiento rural”.

Frente a la necesidad de que coexistan la minería y la restitución, Silvana Habib Daza resaltó que el convenio de 2014 entre la ANM y la URT permite el intercambio de información; gracias a esto la unidad cuenta con insumos para el desarrollo de sus labores misionales.

Los participantes del foro concluyeron que uno de los desafíos para que el proceso de restitución siga avanzando es la articulación del Estado y el sector privado. La Ley 1448 de 2011 es necesaria y obligatoria, además deben prevalecer los derechos y la reparación de las víctimas antes que los intereses particulares.

Frases

Así fue el foro

"El gran reto es ver la restitución como un componente del sistema de derechos de propiedad. Hay que enfrentar ese reto desde la institucionalidad", Víctor Endo, experto en tierras, Perú.

"La experiencia internacional muestra que es necesario aplicar principios de buen gobierno al gestionar los derechos de los desplazados y principios de buena fe de los segundos ocupantes e inversiones de las industrias", Jolyne Sanjak, directora de Tierra Alliance Inc.

"Si dejamos de victimizar a las comunidades y le apostamos al emprendimiento rural desde el sector privado podremos generar empleo y mejorar la economía", Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma.

"El intercambio de información entre la ANM y la URT ha sido un insumo para el desarrollo y un aporte de la minería", Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM.

"El Estado debe comprometerse a trabajar con el sector privado y velar por que se cumpla el debido proceso. Para esto, las empresas deben tener información rápida y oportuna sobre los territorios", Fernando de Angulo, director ejecutivo de Creer.

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