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| 5/14/2012 12:00:00 AM

Francisco Galán les pide a representantes a la Cámara votar el marco para la paz

El exguerrillero del ELN asegura que la voluntad de paz pasa por la dejación de las armas por parte de las guerrillas. La misiva fue escrita para pedirles a los congresistas que voten a favor del proyecto.

El exintegrante del ELN Francisco Galán dice en la carta enviada a los integrantes de la Cámara de Representantes que esta es una oportunidad histórica para "construir esa oferta digna y motivar el último proceso de paz y reconciliación".

Además recordó que le pidió públicamente en una carta al ELN que deje las armas para iniciar un proceso de paz. Dice que tampoco es posible el exterminio de la guerrilla por la vía militar y que no se puede estar cambiando indefinidamente la Constitución para hacer procesos de paz. "No se puede estar deshilachando y manipulando indefinidamente la Constitución Nacional para estar acomodándola a soluciones temporales y parciales".
 
Este es el texto de la carta  
 
Medellín, Mayo 14 de 2012  

Honorables

Representantes a la Cámara

Comisión Primera

Congreso de la República de Colombia


Cordial saludo.

 
Estamos viviendo un momento muy especial del país, pareciera que las puertas del desarrollo, la democracia y la paz se fueran abriendo cada vez más, conduciéndonos hacia un porvenir más próspero.

Como muchos saben abandoné totalmente la guerra, asumí como compromiso interior y público el trabajar hasta el final de mis días por la paz de Colombia, que junto al pedido continuo de perdón a la sociedad por lo que hice desde mi actividad en las armas, es la forma que tengo de reparación y no repetición. Desde esta experiencia me quiero dirigir hoy a ustedes honorables miembros de la Cámara de Representantes.

Estuve detenido por 16 años, en dos ocasiones y en diferentes prisiones del país. Hoy continuo sub-judice y lo estaré todavía por 6 años más. No fue esta larga condena lo que me motivó a abandonar la guerra, sino la convicción de acabar con esta barbarie, causada por todos los actores y que afecta a toda la población. En mi caso particular no conté con una oferta digna y menos con una herramienta jurídica diferente a la justicia punitiva. En verdad nunca fui para mis excompañeros un ejemplo motivante para un proceso de paz. Hoy ustedes, señores Representantes, con el Marco Legal de Paz tienen la oportunidad histórica de construir esa oferta digna y motivar el último proceso de paz y reconciliación.

Motivado en esta reflexión escribí una carta pública a mis excompañeros del Comando Central del ELN pidiéndoles que antes de iniciar cualquier proceso de negociación tomaran la decisión interna de abandonar definitivamente las armas, como premisa básica para el éxito del último acuerdo político de conciliación en Colombia. He mantenido, además, un intercambio permanente con el Senador Roy Barreras y la Comisión de Paz del Senado en aras del análisis, reflexión y fortalecimiento de los postulados que hoy están expuestos en el proyecto de ley.

El gobierno del Presidente Santos cuenta con suficientes recursos económicos y militares, con una fuerza insuperable y con gran capacidad de combate para enfrentar la violencia, el Estado no está en riesgo. Pero no cuenta con instrumentos jurídicos, ni con la unidad de criterios y proceder en las Ramas de Poder Público ni en la sociedad para convenir el pacto final de paz. El principal problema no es la guerra, es cómo construir el cese de la violencia. Las instituciones estatales sólo se han ocupado temporalmente de la paz, y más bien se han dedicado a administrar el conflicto tratando de reducirlo a niveles tolerables para garantizar su autoconservación ; en razón de ello al ejecutivo históricamente se le ha otorgado facultades extraordinarias para combatir militarmente las diferentes expresiones de violencia, incluso para tributar a favor de la guerra. ¿Por qué hoy esta institucionalidad, después de 50 años de violencia ininterrumpida, no puede buscar medidas excepcionales para culminar definitivamente el conflicto en Colombia?

Para que una propuesta sea viable, el Estado en su conjunto debe comprender que no va a ser posible el exterminio de la guerrilla por la vía militar, ni mediante el plan de recuperación social del territorio. Hay fenómenos muy profundos en la estructura de la violencia y su relación con el Estado, la sociedad y la vecindad latinoamericana que hacen imposible la pacificación total y permanente del país por la vía de la confrontación estrictamente militar.

Por otro lado, no será conveniente una negociación si la insurgencia no cuenta con la voluntad interna de abandonar definitivamente la guerra. Sin embargo este camino se allana cuando se piensa que es posible abandonar la guerra, si hay una oferta alternativa que convenza a la guerrilla de que la paz es un camino más eficaz y de mayor beneficio social, grupal e individual que la guerra de resistencia.

No podemos seguir pensando en la paz con la falsa idea de que unos violentos son buenos y otros violentos son malos. La bondad o la maldad se ha de expresar en la concreción del cese real de la violencia. La oferta del Marco Legal de Paz y la conciliación no solo puede ser para los actores ilegales, la paz es para todos los que hayan participado de una u otra forma en la violencia, los militares que incurrieron en delitos graves en medio de la confrontación también deben hacer parte de esta decisión legislativa.

Es con el otro con quién más necesitamos el diálogo. Es con el opositor con quien se concilia. Es con el actor armado desestabilizador con quien se pacta y se negocia la salida política. De otra manera, seguiremos observando lógicas de transformación y de degradación todavía más complejas. Por lo tanto, es urgente construir una “oferta digna de paz” que se sirva como alternativa final. Oferta que tenga los sellos de legalidad y constitucionalidad más allá de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz, más allá del programa de desmovilización individual promovido por el Gobierno. Oferta que contemple soluciones regionales donde permanece el conflicto y sus ejércitos, con desmovilización in situ y procesos de arraigo territorial y estabilización de la vida de los excombatientes, y sobre todo, con garantías jurídicas para todos, universales y que no colisionen con el accionar de la Corte Penal Internacional.

He leído por los medios de comunicación que un grupo de Representantes prefieren que se archive el proyecto antes que legislar a favor de la impunidad. Se puede creer que se es impune cuando solo se ven los efectos inmediatos de una decisión, pero ciertas decisiones vislumbradas estratégicamente a mediano y largo plazo se pueden considerar justas y necesarias. La justicia de vencedores, puede obstaculizar la llegada de una justicia que practique lo que nuestra sociedad demanda con urgencia, la reconciliación.

El valor que puede mediar para solucionar el debate (el dilema) frente a la impunidad que algunos temen se le conceda a los perpetradores, es el valor de la “verdad”, paralelo al valor de la reconciliación. La verdad es el núcleo de la justicia. La verdad no es otra cosa que la posibilidad de encontrar el hilo conductor para la atribución de corresponsabilidades. Sin ella, tampoco habría ponderación en la reparación de daños a las víctimas. Para llegar a la paz, habrá que atravesar el doloroso sendero de reconocernos en la verdad del conflicto y permitirnos ser en la reconciliación. Dada esta apropiación, alcanzaríamos a firmar la garantía de no repetición.

Pienso que antes de tomar una decisión a favor o contra del archivo del proyecto, se podría pensar en buscar los mecanismos que abran una especie de debate y consulta dirigida a las víctimas, y a los mismos actores armados que los motive a pronunciarse y sentar su posición en temas que indudablemente les atañe. Sondeo que sirve para calibrar el posible alcance de la iniciativa: Por ejemplo, sería válido cuestionarle a los actores de la violencia:

1.- ¿Han tomado la decisión interna de abandonar definitivamente la violencia?

2.- ¿Cómo conciben su vida y su actividad en la legalidad?

3.- ¿Qué tanto están dispuestos a aportar para la verdad y entregar o participar para la reparación?

4.- ¿Son conscientes de que no hay otro camino para la reconciliación nacional que el aceptar la negociación y la dejación de la armas, como principales gestos para la solución política?

Y al lado de estos interrrogantes cabria preguntarles a las víctimas del conflicto: ¿Es válido aceptar el desmonte de la violencia de los actores armados como punto de partida para el perdón, la verdad y la reconciliación?

Quienes desde el Estado han tenido mayor conocimiento del pensamiento y las lógicas de paz de las guerrillas, han sido los Altos Comisionados para la paz, convendría invitarlos a sus seciones para que pongan en comun sus experiencias y sus iniciativas.

Frente a un país a la expectativa de alcanzar la paz y una comunidad internacional vigilante, el Congreso debe actuar con sumo equilibrio. Ustedes no pueden legislar bien si no cuentan con la realidad de los afectados, de los interesados y de la gente. Recuerden que no se legisla para el pasado, se legisla en favor del país para el buen porvenir.

El conflicto armado y las expresiones de guerra que de él han derivado ha servido para la intensificación demencial de nuestras violencias. Es por eso que ya es difícil entrever unos mismos estatutos y prácticas para la solucion de las distintas formas de violencia . Es imprescindible crear el lenguaje, los métodos y los marcos normativos para el tratamiento político de la violencia en Colombia.

Independientemente del curso que tome la decision del Congreso de la Republica, no puedo dejar de plantearles una inquietud: Una reforma constitucional que solo sirva para aplicarse a la guerrilla, puede ser un buen inicio, pero quizá no sea consecuente ni con el tamaño y la naturaleza de la violencia, ni con la estructura y el alcance de una estrategia de paz. La ampliación del marco constitucional para la paz, debería proveer las mejores herramientas posibles para el tratamiento definitivo de todos los fenómenos que han surgido en estos 50 años de violencia. No se puede estar deshilachando y manipulando indefinidamente la Constitución Nacional para estarla acomodando a soluciones temporales y parciales. Solo es posible hacerlo cuando interprete el sentir de un país, y el querer del pueblo hoy es la paz.

Tal vez a esto se deba el pronunciamiento del señor Fiscal de la Nación en estos últimos días, cuando indica que el futuro Marco Legal para la Paz debe ser abierto, pensado en la superación de las rigideces que lo anclan exclusivamente a la noción delito político. El concepto de conductas de rebelión, sedición y asonada, son ahora insuficientes para dar cuenta de la realidad de violencia que viven los colombianos.

"La locura es hacer lo mismo, una y otra vez, pero esperando resultados diferentes", decía Albert Einstein. No podemos prolongarnos en 50 años más de locuras. Al Estado le corresponde ser ambicioso y generoso en su tarea de construcción de la paz, que no puede alcanzarse sin pensar seriamente en generar iniciativas eficaces y diferentes para la superación definitiva del conflicto armado, el único y más antiguo del continente; que no nos ha permitido hacer una transición real al siglo XXI. No podemos permitir que la lógica de la guerra, articulada en sus distintas variables, haga cada vez más distantes nuestras posibilidades de construcción de una sociedad plural e incluyente, democrática y justa.
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