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| 10/9/2014 8:45:00 PM

Francisco Ricaurte, el magistrado duro de sacar

A pesar de las órdenes impartidas, el jurista del Consejo Superior de la Judicatura se atornilló en su puesto.

Los seguidores de la serie de películas Duro de matar, en las que el agente de Policía John McClane sobrevive a todo, podrían encontrar similitudes con el caso del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Ricaurte. El jurista ha evitado en innumerables ocasiones abandonar su despacho, pese a que existe una decisión del Consejo de Estado que así lo ordena por irregularidades en su elección.

Esta es la historia. Hace dos semanas, el Consejo de Estado anunció el rechazo de una solicitud de nulidad interpuesta por Celinea Oróstegui, directora ejecutiva de la Administración Judicial, con la que buscaba ‘tumbar’ el fallo en contra de su jefe, el magistrado Ricaurte. Su tesis es que no fue informada del fallo del Consejo de Estado, por lo cual consideraba ilegal todo el procedimiento.

Aunque esta decisión parecía ser la estocada final para el magistrado, la realidad no es así. Ricaurte tiene otro ‘as’ bajo la manga a través de la misma Celinea Oróstegui. Ella interpuso un recurso de súplica ante la decisión y con esto logró unos cuantos meses para que su jefe continúe en el puesto.

Semana.com conoció detalles del recurso, en el que manifiesta que la Corte Suprema de Justicia no intervino como parte en todo el proceso que declaró nula la elección del magistrado Ricaurte. Por esta razón, según el documento, ese tribunal era el encargado de intervenir en el caso. Según ella, al no ser notificada, “se estaría vulnerando el debido proceso, por lo cual el fallo se debe declarar nulo”.

Este recurso tiene que ser debatido por la Sala Plena, integrada por 25 magistrados, por donde ya pasó el proceso y se demoró más de un año en concluir. Con este recurso y haciendo cuentas, el magistrado Ricaurte estaría al menos dos meses más, ya que el proceso de notificación generalmente toma tiempo.

No siendo suficiente el recurso de súplica de Oróstegui, el magistrado Ricaurte interpuso una aclaración y exige una repuesta clara de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Si Ricaurte perdiera esas dos batallas, tendría una tercera opción: Se trata de una acción de tutela que interpondría cuando no le quede recurso alguno. En ella alegará violación al debido proceso y a la Constitución, la cual, señala, “fue interpretada para afectarlo”.

¿Por qué el magistrado Ricaurte no quiere irse? Una de las teorías es que por su despacho pasa todo el presupuesto de la Rama Judicial, estimado en 2,7 billones de pesos, además de la influencia y el poder que tiene sobre todos los jueces de Colombia.
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