La novela de una gran estafa con carros que denuncian en Bogotá

El 26 de abril, un grupo de veinte personas se plantó frente al Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, para denunciar un supuesto fraude del que habían sido víctimas.

En las rejas de entrada del lugar, los manifestantes enfurecidos pegaron pancartas con las fotografías y el nombre de Yensy Yulieth Niño, a quien le reclamaron con gritos y silbatos.

De acuerdo con lo que señalaron, la supuesta estafa tuvo como protagonista a la empresa TLP negocios y servicios S.A.S. Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos que habría vendido sin autorización varios de los automóviles que le fueron confiados y declaró como robados otros que tenía en custodia. El caso, que involucra a más de 50 personas en diferentes ciudades del país, ya está en manos de la Fiscal 69 de la unidad de Automotores.

Aunque la historia de TLP S.A.S. apenas está en investigación, en Colombia cerca de 30 mil fraudes se denuncian cada año. En lo que va de 2017, se han registrado 11.842 denuncias por estafa, lo que representa un aumento de 5.8% en comparación con el año anterior. Sin contar las 7 mil quejas por falsedad de documento y más de 6 mil por abuso de confianza, así como la cifra negra de actos no reportados ante la Justicia.

Según el reporte sobre Fraude Global de la consultora de riesgo Kroll, el problema es creciente y ha llegado a colocar al país entre los peores índices del planeta, por delante de México, Rusia o Brasil. En 2016, revela, 83% de las empresas encuestadas por la firma aseguraban haber sido afectadas por alguna forma de fraude. Pero la estadística no muestra los casos en que son las propias compañías las que realizan las estafas.

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Semana.com investigó la historia de uno de los vehículos que desapareció entre las manos de TLP y pudo hablar tanto con la representante legal como con los diferentes actores que conformaron la cadena de venta del automóvil que todavía no ha sido devuelto a su propietario original.

Yulieth Niño se defiende

Según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, TLP fue constituida en octubre de 2013 como una firma dedicada al Transporte Logístico Petrolero, antes de dedicarse a la compra y venta de bienes inmuebles y el alquiler de vehículos.
Después de malas inversiones y una difícil situación económica que le dejó cerca de 2 mil millones de pesos de deudas, la compañía lanzó un nuevo proyecto de alquiler de vehículos a largo plazo sin pago de impuestos para los arrendatarios, con el que pudo abrir oficinas en Armenia y Yopal. Por cada automóvil, Yulieth pagaba alrededor de millón y medio de pesos y logró recaudar más de 400 millones mensuales, según su propia versión de los hechos.

Además, pudo juntar un total de 150 vehículos en todo el país, de los que extrajo 25 para prestárselos gratuitamente a sus antiguos acreedores, mientras reembolsaba las deudas pactadas.

Según Yulieth, TLP no presentó inconvenientes en el pago de alquiler de los vehículos hasta principios de marzo, cuando sus cuentas quedaron congeladas debido a problemas relacionados con “otros negocios” que le impidieron cumplir con sus obligaciones.

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Por ese motivo ideó un plan de contingencia que consistió en vender los carros disponibles para obtener una comisión o en su defecto pagar una indemnización a los propietarios que quisieran dar por terminado el contrato. Dicho así, no suena a un gran negocio, pero en la versión de Yulieth, todo fue cuestión de mala suerte y de malas decisiones económicas.
Para llevar a cabo el proyecto, la empresaria necesitó de la autorización de los dueños de los vehículos que le entregó su secretaria el 8 de marzo. La fecha es importante porque allí fue cuando se desató el caos.

Menos de dos semanas después, el 23 de marzo, se juntaron decenas de clientes enfurecidos por el retraso del pago de febrero en las oficinas de TLP ubicadas en el barrio de Normandía. Estas se sorprendieron todavía más al enterarse de que algunos de sus autos habían sido vendidos sin su autorización y otros habían sido robados del hangar en el que se encontraban guardados.

Las personas invadieron la oficina acompañadas de agentes del CTI que respondieron al llamado de los afectados.
"Rompieron la oficina, sacaron los computadores, la nevera y hasta las engrapadoras", explica la empresaria, quien todavía suena atemorizada.

Frente a la supuesta ausencia de una autorización judicial, Yulieth decidió escaparse de la oficina y dirigirse a la bodega de la 116 con Suba, allí donde tenía estacionados varios de los automóviles para iniciar la entrega a sus propietarios. En tanto que otros encontraron sus bienes en diferentes parqueaderos gracias a la localización satelital que era uno de los servicios ofrecidos por la agencia y los recuperaron a la fuerza. Faltaron 8 carros que aparentemente fueron robados sin que se antepusiera la denuncia correspondiente.

De acuerdo con Yulieth, el problema que dañó “para siempre su vida y su reputación” se debió a la mala actuación de su secretaria, quien –según ella- habría falseado documentos de compra de los vehículos, vendido información sobre la compañía a particulares y era además la esposa del hombre encargado de remodelar la bodega de Suba, a quien acusa veladamente de ser el responsable de los robos que ocurrieron allí y del daño que presentaron los vehículos. En entrevista también añadió que la secretaria le había sido presentada por su ex pareja sentimental, a quién considera también como parte del complot.

El caso de Valentina Pérez

Según Valentina Pérez, una de las voceras del movimiento de afectados que denunció en la Fiscalía 69, los hechos sucedieron de una manera completamente diferente.

En enero de 2017, explica, celebró un contrato con la empresa TLP a través del cual aceptó arrendar el Renault Logan 2017 que acababa de comprar para hacer negocio. La propuesta era tentadora, ya que no se necesitaban placas particulares. Por el arriendo del auto se le pagarían cerca de dos millones y medio mensuales. Una cifra mucho más alta de la que anunció Yulieth. La operación duró dos meses, hasta que se empezó a regar por redes sociales el rumor del supuesto fraude y fue cuando comenzaron a organizarse los afectados del caso TLP.

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El día en que fue a reclamar su auto en las oficinas, Yulieth le comunicó que este había sido robado y que “podía hacer lo que quisiera con eso”, aunque luego le pidió que no la denunciara y que seguramente podrían encontrar un arreglo. Según pudo verificar Valentina, el kilometraje de los autos presentes en la bodega de Suba era tan bajo que eso evidenció que nunca se usaron para su arrendamiento, sino únicamente para la venta.

Pero lo más extraño, es que según pudo rastrear Semana.com, su Renault Logan fue vendido sucesivamente a tres personas afines a la empresa TLP hasta llegar a manos de Nicolás Saravia, en la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra todavía.

El primero de los compradores fue Guillermo Puentes, un pastor cristiano que asegura que conoció la empresa a través de internet y sirvió como intermediario para la venta de los autos a cambio de una comisión. Aunque afirma que participó en el traspaso de 16 vehículos, Puentes también aclara que nunca tuvo en su posesión ningún documento y que todos los acuerdos se realizaron de manera verbal.

Esto contradice la versión del siguiente testigo, Juan Carlos Morales, quien asegura que sí fue Guillermo Puentes el que le entregó los documentos de posesión del Renault Logan y de dos autos más e incluso puso una denuncia en su contra.
Como en una cascada, Juan Carlos Morales tuvo que empeñar una camioneta y sacar un crédito para comprar tres coches de los que esperaba deducir una comisión, quedando a su vez como víctima del aparente sistema de fraude piramidal en el que participó. Cuando se le pregunta porque accedió a este sistema, Morales dice que el hecho de que fuera un pastor que le recomendara las autos le dio confianza y que éste le afirmó que si eran tan baratos era porque se trataba de vehículos provenientes de la planta ensambladora de Renault en Colombia, Sofasa.

Además, agregó que cuando le llegó la primera denuncia de que estaba siendo acusado de ser parte de una red de estafadores, Morales revisó que el seguro obligatorio SOAT del auto se encontrara a nombre de la empresa TLP, lo que sí era el caso. Pero fue en los datos de la SIJIN donde halló el nombre del verdadero dueño del vehículo, el esposo de Valentina Pérez, Luis Carlos Oliveros Castillo. Lo que evidenció que al parecer, por lo menos para el cambio de nombre del propietario del Renault en el SOAT, habría existido una supuesta complicidad con más involucrados.

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En esta historia en la que todo el mundo acusa al prójimo de haberlo defraudado, tampoco coincide la cifra de autos “perdidos” ni la de los que circularon por las manos del pastor Guillermo Puentes. Mientras él y Leidy aseguran que fueron 16 los que entregaron, Yulieth manifiesta que sólo fueron 8.

Finalmente, el vehículo llegó a manos de Nicolás Saravia, quien puso al Renault Logan en venta en redes sociales y lo mantiene en su posesión, mientras espera la decisión de la Fiscalía al respecto, allí donde también interpuso una queja.

¿En qué quedó el caso?

Por el momento, el caso permanece en manos de la fiscal 69 de la unidad de Automotores, quién tendrá que resolver las respectivas culpas en esta cadena en la que cada uno se declara inocente. Allí se advertirá si en efecto se trató solamente de una gran confusión en la que unos autos verdaderamente robados de una bodega de TLP desataron el caos que se centró en Yulieth Niño.

De ser el caso, se habría generado una cadena de compradores de buena fe implicados en el asunto a su pesar.
Pero en caso contrario, podríamos estar hablando de un sofisticado entramado de defraudadores que cometieron el error de tener entre sus víctimas a funcionarios y militares con capacidad para hacer público el incidente y averiguar por redes privadas lo que estaba sucediendo.

Porque más allá de Valentina, se han registrado cerca de 50 denuncias por este mismo caso en todo el país que parten de Cali, Armenia o Florencia y encuentran su epicentro en las oficinas de TLP en Bogotá.

Para el asesor y litigante de asuntos relacionados con el derecho de consumidor de vehículos, Rodrigo Bueno Vásquez, esta es una modalidad poco frecuente de estafa. Es más, nunca, en 38 años de ejercicio profesional, había conocido un caso así.
Sin embargo, si es corriente que en Colombia se conozcan casos de vehículos “gemelados”, que utilizan documentos de un carro para legalizar a otro parecido, explica el experto, generalmente provenientes de países aledaños como Venezuela o Ecuador.

Cuando se le pregunta sobre la forma en que pueden resolverse estos líos, Rodrigo Bueno se muestra escéptico. En el caso de incumplimientos civiles, se puede solicitar que el incumplidor pague los perjuicios ocasionados, pero para ello habrá que identificar primero al responsable del engaño quien suele desaparecer sin dejar rastro, “de modo que puede decirse que es tiempo perdido, quien se ve enfrentado a una maniobra como esta queda muy expuesto”, precisa.

Por lo que más que a la Fiscalía, en este tipo de asuntos, Bueno recomienda acudir al derecho del consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio, que suele ser más reactiva frente a la generación de contratos “amañados”.
Pero esta no es una opción a la que podrán acudir los vendedores sucesivos del Renault Logan rojo de Valentina Pérez, entre otros, por haberse tratado de una actividad comercial destinada a obtener un lucro y no a atender una necesidad personal.