Martes, 21 de octubre de 2014

| 1995/08/14 00:00

FUEGOS ARTIFICIALES

La comisión nombrada por el gobierno para proponer las reformas a la Constitución terminó sus sesiones tan lánguidamente como las empezó.

FUEGOS ARTIFICIALES

FUE TODA UNA PARADOJA. Al tiempo que el jueves en la tarde el directorio conservador salía de la Casa de Nariño de negociar con el presidente Ernesto Samper su continuación en el gabinete, por la otra puerta entraba la comisión para el estudio de la reforma a los partidos para proponerle al primer mandatario aplicar el esquema gobierno-oposición, en el cual el partido ganador gobierna solo y la colectividad vencida en las elecciones ejerce la oposición sin participación burocrática.
La coincidencia de esas dos actitudes tan disímiles no hace otra cosa que reflejar hasta qué punto la Comisión designada por Samper hace dos meses para proponer las reformas necesarias a la Carta Política fue flor de un día y hasta qué grado el gobierno nacional no le paró muchas bolas al asunto.
Y lo cierto es que muy pocos esperaban algo diferente. La propuesta de reforma que hizo el ejecutivo llegó en momentos en los cuales nadie hablaba de cambios constitucionales, ni asociaba los problemas del país a ello. Por eso, la iniciativa fue percibida por la opinión como un sofisma de distracción que resultaba particularmente útil en momentos en los cuales el debate sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial le estaba quitando margen de maniobra al gobierno y mientras la guerrilla saludaba la propuesta de paz del alto comisionado, Carlos Holmes Trujillo, con una escalada de violencia que indignó al país.
Pero en estos dos meses fue mucho lo que cambió la situación. Hoy por hoy, el Presidente ha logrado sacudirse el problema de los narcocasetes gracias a una acción decidida y exitosa que ha terminado con el grueso de la cúpula del cartel de Cali tras las rejas. En el plano internacional, las acusaciones de escasa voluntad política de la administración de Samper para combatir al narcotráfico, que amenazaron con convertirse en un problema diplomático, financiero y comercial para el país, quedaron definitivamente sepultadas con el arresto y la entrega de cinco de los siete principales cabecillas de la organización del Valle del Cauca.
Así las cosas, todo parece indicar que el tema de la reforma a la Carta perdió buena parte de su importancia y que las sospechas que había de que se trataba de un sofisma de distracción no estaban tan alejadas de la realidad. El hecho de que la propuesta gubernamental que dio origen al viento de reforma -el unicameralismo- haya sido sepultada por la comisión tras una brevísima discusión, demuestra que no había intenciones reales de hacer progresar ese debate. Y que la única iniciativa real del gobierno -la del voto obligatorio- no hubiera sido anunciada con tanto bombo y anticipación como lo fueron los otros temas, dejó en la opinión una cierta sensación de improvisación.
Adicionalmente, no causó muy buena impresión que el ministro de Gobierno, Horacio Serpa, quien fue el representante de la administración ante la comisión, hubiera cambiado tanto de punto de vista desde que copresidió en nombre del Partido Liberal la Asamblea Nacion al Constituyente en 1990 y 1991. En ese entonces el hoy Ministro había sido un firme opositor del unicameralismo. Cuatro años más tarde Serpa fue quien lanzó la idea de convertir el Parlamento colombiano en una sola corporación. Lo mismo sucedió con el voto obligatorio, tema al que se opuso el Ministro hace cuatro años, y del cual fue el promotor en esta ocasión.
A pesar de todo lo anterior, lo cierto es que de las reuniones de la comisión surgieron algunas recomendaciones interesantes, como la de la financiación total de las campañas por parte del Estado, la de unificar el calendario electoral, la democratización de la estructura y la toma de decisiones de los partidos políticos o el darle investidura de senador al candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta. Como lo asegura Fernando Cepeda, uno de los integrantes de la comisión, "así muchos de estos temas no lleguen a ser reformados en el papel, tienen la virtud de generar actitudes y comportamientos que ofrecen nuevos incentivos a la vida política del país".
Sin embargo, a medida que la discusión sobre la reforma a la Carta ha avanzado, se ha creado también una especie de consenso en la Nación sobre lo apresurado e inconveniente que sería reformar la Constitución a tan sólo cuatro años de su promulgación. Ya en su momento los medios de comunicación advirtieron sobre el peligro que podía implicar abrirle al Congreso la posibilidad de hacer una contrarreforma. Falta ver si, pasada la tempestad, el gobierno decide dejar ese tema en calma.

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