FUERA DEL AIRE

El proselitismo que el antiguo locutor de Caracol y hoy senador de la República, Edgar Perea, hizo al aire en favor de la campaña de Horacio Serpa durante el pasado mundial de fútbol sigue generando polémica aunque la Copa del Mundo es ya solo un recuerdo y la contienda electoral se dirimió hace varios meses. El anuncio del Ministerio de Comunicaciones el 20 de octubre pasado en el sentido de que Caracol sería sancionada con la suspensión forzosa de sus transmisiones radiales por tres días consecutivos causó múltiples reacciones. Por un lado, muchas personas que se habían sentido agredidas por las consignas de Perea, quien recurrentemente y a calzón 'quitao' en sus transmisiones mundialistas proclamaba que "la oligarquía será derrotada por el pueblo colombiano, en el nombre de Serpa", sintieron que se estaba haciendo justicia. Otras, por su parte, incluidas varias agremiaciones internacionales de periodistas, atacaron la sanción tras argumentar que era un atentado contra la libertad de expresión y algunos incluso, como el mismo Perea y el columnista D'Artagnan, denunciaron que la medida correspondía a motivaciones políticas y la calificaron de retaliatoria y revanchista. Ricardo Alarcón, presidente de Caracol, expuso la posición oficial de la empresa en una carta al diario El Espectador en la cual sostenía que "es ya conocida nuestra posición en el sentido de que no se puede confundir el ejercicio del derecho de libre expresión de un periodista o comentarista con políticas o prácticas de la empresa para la cual trabaja". Aunque la sanción se dio a conocer al público hace solo cuatro semanas, la verdad es que el proceso venía marchando desde mucho tiempo atrás. Tras las arengas de Perea en el encuentro Dinamarca contra Suráfrica el pasado 18 de junio las quejas al Ministerio de Comunicaciones, entidad encargada de velar por la equidad informativa en los medios de comunicación, no se hicieron esperar. Además de las quejas de la campaña del entonces candidato Andrés Pastrana y de otros individuos, el procurador general encargado, Eduardo Montealegre, denunció la situación ante el Ministerio el 19 de junio pasado, pidiendo que se investigara el caso y se determinara si se debía imponer una sanción. Ese mismo día la oficina jurídica del Ministerio abrió investigación y elevó pliego de cargos a Caracol, por lo que queda claro que el gobierno anterior y el ex ministro de Comunicaciones tenían amplio conocimiento del caso. Después de que los representantes de esta sociedad respondieran al pliego de cargos el 5 de agosto de 1998 _dos días antes de la posesión de Pastrana_ el jefe de la oficina jurídica del Ministerio, bajo el amparo de la resolución 1173 de 1994 que lo faculta para tomar este tipo de decisiones, impuso la sanción a la empresa radial por considerar que Edgar Perea incurrió en evidente participación en política durante sus transmisiones radiales. El tiempo que transcurrió entre esa fecha y el 20 de octubre pasado, cuando se dio a conocer la medida, correspondió al trámite administrativo normal que tiene un proceso de este tipo. Siete días después, y dentro del tiempo que exige la ley, Caracol presentó una apelación que hoy está siendo evaluada por el Ministerio de Comunicaciones. A partir de ese momento el Ministerio tiene un mes para decidir si la confirma, la revoca o la modifica. Por lo tanto, aún no está nada claro si Caracol será finalmente sancionada. En una carta enviada por el Presidente de la República a la Ministra de Comunicaciones Claudia de Francisco el pasado 6 de noviembre que logró conocer SEMANA (ver carta), éste la insta a que evalúe el caso "con total objetividad y sin ánimo alguno de retaliación que pueda estimular la polarización que tanto daña al país" y le expresa "mi deseo de olvidar en lo que me compete y sin perjuicio de las actuaciones que se adelanten por solicitud de otras autoridades y ciudadanos, sucesos que, en mi opinión, deben considerarse superados". Sin embargo la Ministra, en comunicación al Presidente, le dice que considerando las implicaciones del caso, piensa que este debe ser manejado directamente a nivel ministerial, pero "en aras de la transparencia del proceso" se declara impedida para manejar el caso por su vínculo con la campaña de Pastrana y le pide al primer mandatario que nombre a un ministro ad-hoc para dirimir en el caso. Al cierre de esta edición no se sabia aún quien será el encargado de tomar la decisión final en este proceso. Aunque en un momento sonó el nombre del ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, éste fue desechado pues fue considerado para el cargo de director de El Espectador _diario que, al igual que Caracol, es controlado por el Grupo Santo Domingo_. Por eso ahora los más opcionados para manejar esta difícil situación son el ministro de Trabajo, Hernando Yepes, y el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda. Este último sería elegido el lunes en el consejo de ministros, ya que se considera que es el más indicado para dar el veredicto, debido a que por su experiencia como periodista parece ser el más curtido para dirimir este problema. Las conclusiones de este caso son claras y concretas. Primero, no cabe la menor duda de que Edgar Perea se excedió en sus comentarios. Segundo, el gobierno de Samper y no el de Pastrana fue el que impuso la sanción. Finalmente, en este proceso el gobierno de Pastrana está haciendo todo lo que está en sus manos para que se investigue el caso con imparcialidad y sin ánimo revanchista.