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| 5/8/1995 12:00:00 AM

FUERO O DESAFUERO

A pesar de que haya habido buenas razones para la decisión de la Corte Constitucional sobre el fuero militar, las consecuencias del fallo no son tranquilizadoras.

EL PASADO 29 DE MARZO fue uno de los días más agitados para los nueve magistrados que integran la Corte Constitucional. Ese día, luego de una intensa discusión, dicho organismo declaró inaxequible una parte del artículo 656 del decreto ley 2550 de 1988, mediante el cual se expidió el Código Penal Militar. Dicho artículo establece la integración de los llamados consejos verbales de guerra. El párrafo que terminó por enfrentar a cuatro magistrados que lo defendían contra cinco que consideraban que debía modificarse fue el siguiente: "(...) El presidente, los vocales y el fiscal deb en ser oficiales en servicio activo o en retiro, superiores en grado o antiguedad del procesado".
Al final se impuso la mayoría y se suprimió la parte inicial del párrafo que estipulaba que los consejos verbales de guerra debían estar integrados por "oficiales en servicio activo". Esa decisión del máximo tribunal levantó ampollas en todo el país, pero especialmente en las Fuerzas Armadas, cuyos miembros consideraron que la Corte Constitucional había dejado sin piso el llamado fuero militar, figura que había permitido hasta el momento que los miembros activos de la Fuerza Pública fueran juzgados por sus superiores.
El ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, en la que le solicitaba a la alta coorporación que revisará el fallo proferido y dejara vigente el párrafo inicial tal y como había sido redactado en el Código Penal Militar. "Cabe señalar que quienes han demandado la inconstitucionalidad de la norma, están poniendo en tela de juicio la imparcialidad y rectitud de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo", dijo Botero en su carta.
En su respuesta al Ministro, el presidente de la Corte Constitucional dijo que la providencia que establecía que los consejos de guerra deben ser integrados por militares en retiro y no por activos, era una decisión definitiva y no un proyecto en el que "aún no se ha proferido la decisión definitiva", como había manifestado Botero. "Resulta extemporánea e improcedente cualquier argumentación enderezada a modificar el sentido de lo resuelto. La oportunidad para que el Ministerio de Defensa expusiera ante la Corte las razones que, a su juicio, avalaban la constitucionalidad de la norma acusada venció, dentro del proceso correspondiente, el día 26 de septiembre de 1994".
El cruce de cartas entre los dos altos funcionarios dejó en claro que el enfrentamiento entre Botero y el magistrado se pudo haber evitado si la oficina jurídica del Ministerio hubiera actuado con diligencia. Ya en ocasiones anteriores la propia Corte Constitucional había recibido en audiencia especial al Ministro de Defensa y a altos mandos militares y de Policía para que expresaran sus opiniones respecto a un tema que los afecta directamente.
Pero aunque la decisión de ponerle freno a los excesos que se venían cometiendo amparados en el fuero militar resulta acertada para un buen sector de la opinión pública, que considera que la mayoría de los juicios contra miembros activos de la Fuerza Pública terminan en absolución, algunos analistas consultados por esta revista creen que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Una de las razones para pensar que eso sería así, es que buena parte de los oficiales retirados, quienes ahora serán los jueces que absuelvan o condenen a los activos, fueron llamados a calificar servicios en momentos en que se encontraban en la plenitud de su carrera. "Al ser retirados de la institución los convierte casi siempre en resentidos de la Fuerza Pública y del Estado, lo cual tampoco garantiza su imparcialidad", le dijo a SEMANA un alto oficial del Ejército.
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