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| 10/7/2011 12:00:00 AM

Fuero militar: debate que va para largo

Aunque algunos sectores consideran acertado el anuncio de retirar la ampliación del fuero militar de la reforma a la justicia, en el Gobierno hay quienes creen que este es el espacio correcto para discutir el tema. La última palabra la tendrá el Congreso.

Las palabras del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, según las cuales la ampliación del fuero militar no será incluida en el proyecto de reforma a la justicia, no cayeron tan mal como se creía, en sectores cercanos a las Fuerzas Militares. Seguramente, porque todos saben que el anuncio del ministro no es el fin del debate. Él mismo precisó que aunque no se tocará este tema dentro de la iniciativa que se tramita en el Congreso, se tratará aparte y de forma integral.
 
Para Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar (DEMIL), la decisión es acertada. En diálogo con Semana.com dijo que fue un error intentar "colgar" a última hora el tema del fuero militar. "Es mucho más grande y merece mucha más atención que un artículo dentro de la reforma a la justicia".
 
Mejía recordó las palabras del senador Roy Barreras (La U), quien en un debate en el Senado a comienzo de semana tocó el tema del juzgamiento de los militares. Según él congresista, de los cerca de 440.000 miembros que integran las Fuerzas Militares y de Policía, actualmente 4.280 están comprometidos en procesos judiciales. Dice el senador que muchos resultan condenados porque el lenguaje de la guerra es desconocido por parte de los operadores judiciales del sistema ordinario. 
 
"Atacar al enemigo es juzgado como acto de venganza personal del militar y se condena con dolo. Disparar por error es homicidio doloso. Si un miembro del Gaula dispara contra un civil que tiene secuestrada a una persona, podría ser investigado por homicidio en persona protegida. Estar cerca de la comisión de un delito, aunque no se tenga mando sobre el área, puede terminar en una condena a 40 años de prisión", dijo Barreras. 
 
Al respecto, el director de DEMIL señaló que es necesario que los militares cuenten con una justicia que se adapte a la realidad del país, "un país en guerra". 
 
Para el general (r) Luis Fernando Puente, exdirector de Justicia Penal Militar, "el anuncio del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es apenas lógico". Esto, según él, porque es un tema además de espinoso, coyuntural, y calificó de política la polémica que se ha dado en los últimos días sobre el tema. "Siempre que quieren poner a los militares contra la pared se da, saben que hablar de fuero militar es tocarle el nervio de la muela rota. Poner contra la pared a los militares".
 
"La justicia penal militar funciona en todas las democracias, es un pilar de la Institución, si dejáramos que nos quitaran la Justicia Penal Militar, sería como venderle el alma al diablo, quedar sin Dios ni ley", agregó.
 
Una posición distinta expuso el analista y experto en estrategia militar César Castaño. Para él, "sorprende el Gobierno a los miembros de las Fuerzas Militares dando marcha atrás a lo que se había logrado en el Congreso". 
 
"El tema del fuero es vital y debe estar sobre la mesa, pues estamos en desarrollo de un conflicto armado y lo esencial es brindar seguridad jurídica a los hombres que a diario se exponen en el campo de combate. El mensaje para soldados y policías en este momento es inconveniente y contradictorio", dijo.
 
Pero la repentina decisión también molestó a sectores del Gobierno que ven en la reforma a la justicia el momento oportuno para brindarles a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía mayor seguridad jurídica. Desde ya se escuchan voces que hablan de dar el debate e intentar mantener en la iniciativa el artículo sobre la ampliación del fuero de los uniformados.
 
Más allá de esta situación, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, uno de los defensores de un marco jurídico apropiado para los miembros de la fuerza pública, insistió en la necesidad de que el tema se trate hoy en el país.
 
Incluso, Pinzón no fue tan contundente como Vargas Lleras sobre la suerte del artículo del fuero militar en la reforma y dijo que esperan instrucciones del presidente Juan Manuel Santos respecto a esta iniciativa.
 
"El Presidente es el más preocupado, el más comprometido y seguramente nos irá dando línea respecto a los pasos a seguir, pues es quien señala el norte en los asuntos de gobierno", resaltó.
 
Quienes respaldan la posición de que el tema del fuero militar se trate a instancias de la reforma a la justicia saben que la discusión tendrá su espacio en el segundo debate de la iniciativa en el Congreso de la República, donde se deberá presentar una proposición para retirar el artículo. Aunque pueda parecer una decisión ya tomada por el ministro del Interior, la ampliación del fuero militar está contenida en la reforma y fue aprobada en el primer debate de la iniciativa, el pasado miércoles. 
 
Esto traslada el debate sobre el anuncio de Vargas Lleras a la Unidad Nacional, donde este viernes se escucharon reacciones opuestas. El senador Juan Carlos Vélez (La U), uno de los ponentes de la reforma, no respaldó la posición del Ejecutivo y advirtió que por tiempos un nuevo proyecto que aborde el tema del fuero militar se hundiría.
 
"Esperamos que el presidente no se vaya a echar para atrás en este tema (...) No podemos darnos el lujo de retirar esta iniciativa. Si hay dos o tres personas que no están de acuerdo, pues allá ellas", aseguró Vélez. 
 
En los partidos Liberal y Conservador la posición fue de respaldo a la decisión. El presidente del primero, Rafael Pardo, resaltó la inconveniencia que según él existía con la inclusión de este aspecto en la reforma. "Es inconveniente e inoportuno incluir en la reforma a la justicia un tema tan importante que merece ser discutido en profundidad", aseguró Pardo.
 
En el mismo sentido se pronuncio el jefe conservador, José Darío Salazar, quien calificó el artículo sobre el fuero militar como un "elemento extraño que podría alterar la discusión de la reforma a la justicia". 
 
Salazar, igualmente, consideró acertada la propuesta del Gobierno de presentar el tema dentro de una ley integral de defensa y seguridad que incluya todo lo relacionado con la fuerza pública. "Esa nueva ley debe dejar explícito que los militares y policías deben ser investigados y juzgados por instructores que conozcan la actividad y los procedimientos en el marco del conflicto, para garantizar imparcialidad y respeto por los derechos humanos". 
 
La polémica no ha terminado y vivirá su más importante capítulo en el próximo debate de la reforma a la justicia, donde el Legislativo tendrá la última palabra sobre si se excluye o no el polémico tema de una de las iniciativas bandera del Gobierno para esta legislatura.
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