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| 10/29/2013 12:00:00 AM

El plan B del fuero militar es más plata

El Estado pagará a los militares investigados por la justicia ordinaria los honorarios de sus abogados.

El pasado viernes, mientras la oposición del Uribe Centro Democrático rendía homenaje a las Fuerzas Militares, y les ofrecía un fuero más ampliado que el que le entregó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el jefe del Estado se comprometió a tramitar en el Congreso el mismo texto que tumbó la Corte Constitucional por vicios de trámite en su aprobación.
 
Es decir, Santos le mandó un mensaje a la tropa que tramitaría una norma que permitiera que las acciones de los militares fueran juzgadas por jueces especializados y a la luz del Derecho Internacional Humanitario, las normas que regulan la guerra, y no por la justicia ordinaria que se rige por el código penal colombiano vigente, el cual deja expuestos a los militares de ser investigados, incluso por acciones que ellos califican como propias del ejercicio de sus funciones, en especial en su ofensiva contrainsurgente.
 
Para darles esa seguridad jurídica, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ocupó al Congreso durante dos años. Primero para reformar la Constitución y así establecer la norma superior que estableció la presunción de que todos los actos de los militares corresponden al servicio a cargo de eso estuvieron Juan Manuel Corzo como presidente del Senado, y Simón Gaviria, jefe del liberalismo, en la Cámara de Representantes. Y para reglamentarla, estuvieron Roy Barreras en el Senado y Augusto Posada en la Cámara.
 
Si para ello se ocuparon dos años, se advertía imposible que los senadores y representantes, más pendientes de las elecciones parlamentarias de marzo del próximo año, le hicieran el favor al gobierno, y más aún cuando a la presente legislatura le restan menos de cuatro meses hábiles. El actual periodo culmina el 16 de diciembre, y el reinicio será el 16 de marzo, ocho días después de las elecciones.
 
Ante ese panorama, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, llegó al Congreso para pedirle al menos la aprobación urgente de un salvavidas para los militares. Salvar la norma que creaba un fondo de defensa técnica y jurídica para los militares investigados.
 
Es decir, a cambio de reestablecer la presunción de que todos los actos de los militares corresponden al servicio, para que sean investigados por jueces especializados en las normas del conflicto, y no por los actuales jueces que se rigen por el código penal, les ofreció acarrear con todos los gastos para su defensa ante los jueces.
 
Porque el proyecto crea el fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, que hará parte del Ministerio de Defensa, con independencia patrimonial, el cual funcionará bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa.
 
Este nuevo fondo gubernamental financiará la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, cuando la falta o delito “haya sido cometido en ejercicio de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública o con ocasión de ella”. Y establece que este fondo se financiará con los recursos del Estado.
 
El cálculo del gobierno es destinar entre 60.000 y 70.000 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Defensa, que es de 22 billones de pesos (vigencia 2013), para pagarle el abogado a los militares caídos en desgracia. 
 
Además, el Estado no sólo pagará la defensa de quienes son juzgados por la justicia ordinaria colombiana sino que amplía sus alcances a la jurisdicción de tribunales internacionales.
 
Pero lo particular del proyecto es que esta norma se aplicaría no sólo a los militares investigados con posterior a la ley, sino que cobijaría a los que estén siendo procesados en la actualidad, sin importar si la ocurrencia de los delitos fuera con anterioridad al 2013.
 
En ese sentido, la defensa de procesos como los del coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones del Palacio de Justicia en 1985, y que aún está en casación de la Corte, incluso los procesos contra militares por los falsos positivos de Soacha, 8, serían financiados por el Estado.
 
Los militares, de tiempo atrás, han venido reclamando esta especie de seguro por parte del Estrado, ya que los abogados de oficio que actualmente les ofrecen son de la Defensoría del Pueblo, no tienen conocimiento técnico de las operaciones militares del conflicto, y son frecuentemente derrotados por los abogados demandantes, en muchos casos de ONG defensoras de derechos humanos.
 
Pero quizás el principal reclamo que han hecho es que un buen abogado para este tipo de casos requiere costos millonarios, y muchos uniformados se ven en la obligación de empeñar sus casas, sus carros.
 
Una triste referencia podría ser el caso que se destapó con el magistrado Henry Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura, más allá de su culpabilidad o inocencia, que tendrá que demostrar, este escándalo dejó en evidencia que los militares, para salir bien librados, están dispuestos a ‘invertir’ millonarias sumas de dinero para verse favorecidos, o para salir indemnes en su defensa.
 
Con esta iniciativa se podrían beneficiar los 13.000 militares investigados en la actualidad, 250 de los cuales están privados de la libertad, según cifras de la Fiscalía en poder del senador uribista Juan Carlos Vélez.

El fondo ya existía, pero no operaba
 
Este plan B del gobierno le había sido propuesto por el senador Juan Carlos Vélez al ministro Juan Carlos Pinzón hace dos años. En ese entonces, el senador de La U, le dijo al funcionario que el gobierno lo podía hacer mediante decreto y ponerlo a operar de forma inmediata.

La propuesta era crear una especie de seguro, en la que el Estado asumiera los costos de los abogados de los militares, pero en caso de resultar condenados, tendrían que devolver los recursos.  

Y no sería novedoso, pues según Vélez, existe actualmente un fondo para financiar la defensa de altos funcionarios  del Estado, especialmente en el sector Ejecutivo.
 
Sin embargo Pinzón le dijo que se tenía que hacer mediante una reforma constitucional, y por eso lo incluyó en el proyecto de reforma constitucional, que la Corte tumbó la semana pasada.
 
Y como esta reforma le daba facultades al gobierno para expedir decretos y así reglamentar algunos de sus alcances, el pasado mes de marzo se expidió el decreto para crear el fondo. Sin embargo, desde ese mes y hasta el día en que la Corte tumbó el fuero, el miércoles de la semana pasada, había entrado en operatividad.
 
Pero ahora el gobierno da reversa en su postura. El fondo sólo se puede crear con una reforma constitucional, y ahora lo pretende hacer con una ley ordinaria que aspira a tener lista antes del 16 de diciembre.
 
En consecuencia. El ‘plan B’ del fuero militar, que podría habérselo entregado a los militares dos años atrás, pretende que a cambio de ampliar el fuero militar antes de este año, se comprometió a que el Estado se haga cargo de pagar los abogados.

Y no sería la primera vez. Hace tres semanas el gobierno, mediante decreto, creo unas primas especial de servicios, de alrededor de 7 millones de pesos, para devolverle a los congresistas las primas de salud y vivienda que las había tumbado el Consejo de Estado. Una estrategia similar, ahora, para compensar el fracaso que el fuero militar tuvo en el Congreso.
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