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| 10/16/2013 12:00:00 AM

El ‘resort’ de los menores delincuentes

Centros de detención para adolescentes caleños se convirtieron en el hazmereír del sistema. Este año van 160 fugas.

Vergüenza. Esa es la palabra que describe crudamente la realidad de lo que ocurre en los dos llamados centros de formación (Valle de Lili y el Buen Pastor) donde son recluidos los menores delincuentes de la capital del Valle.

El más reciente escándalo ocurrió en la madrugada de este lunes 14 de octubre, cuando 59 menores infractores se evadieron del centro Valle de Lili, no sin antes causar heridas a cuatro de los internos y dos educadores. Fueron recapturados 29 de los fugados, pero 30 aún siguen en las calles.

“Para fugarse los adolescentes dañaron las ventanas de las habitaciones y una pared, y llegaron hasta el corredor que está en medio de los muros. Luego se dio la fuga. La fragilidad de la infraestructura permitió que se presentara la fuga de los menores”, dijo Éduard Hernández, personero delegado de la Oficina de Menor y Familia, no sin antes consignar en su informe que uno de los menores heridos presenta impacto de bala; mientras un docente tiene fracturas en su brazo, y el otro presenta heridas causadas por piedras.

Lo más absurdo del problema es que esa fuga no es la primera, ni siquiera la única ocurrida este año. Cifras oficiales señalan que en 2013 esos centros de formación caleños ya suman tres fugas masivas, con un total de 166 menores evadidos.

Más grave aún es que en los últimos seis años el sistema hizo catarsis al registrar cinco muertos, decenas de heridos y más de 1.500 fugas. Todo ello es el penoso saldo que dejan los dos establecimientos donde cumplen sus condenas 653 jóvenes que cometieron toda clase de crímenes en el Valle del Cauca y, pese a las alertas, las autoridades no reaccionan. (Ver nota).

La verdad es que el fenómeno de las fugas se volvió paisaje en esos centros para detención de menores y así parecen aceptarlo las autoridades. Desde hace varios años se vienen tirando la pelota entre ICBF, Policía, Gobernación del Valle y Alcaldía de Cali, pero las soluciones de fondo no aparecen.

El propio Jhon Arley Murillo, director del ICBF en el Valle, aceptó sin ruborizarse en una reciente entrevista con este medio que ante los motines y fugas, “yo no soy quién para buscar responsabilidades”, (Ver entrevista).

Actualmente los dos centros de formación caleños son operados por la comunidad de sacerdotes Terciarios Capuchinos y la fundación Crecer en Familia, esta última arrancó en 2011. Lo curioso es que pese a la extensa lista de problemas y supuestas irregularidades en la operación de dichos centros de detención, el ICBF sigue contratando con ellos.

Pero, según advirtió el propio comandante de Policía en Cali, el coronel Hoover Penilla, los Capuchinos habrían anticipado que no continuarán al frente de la institución Valle de Lili y cumplirán con el contrato sólo hasta diciembre próximo.

Si bien desde varios sectores se cuestiona la falta de disciplina y seguridad que los operadores les aplican a los centros de formación, en realidad esas instituciones colapsaron frente al aumento de su población, la precariedad de la infraestructura y la poca vigilancia.

De 4.000 adolescentes que atendía todo el sistema penal de Colombia en 2007, pasaron a 29.000 en 2012 y la mayoría imputados por delitos como homicidios, secuestros, tráfico de estupefacientes y hurtos.

A todo ello se suma que la misma Ley de Infancia y Adolescencia no permite que aquellos menores infractores sean trasladados a verdaderas prisiones, cuando cumplen la mayoría de edad.

De ahí que mientras el problema se siga atendiendo con pañitos de agua tibia, los menores delincuentes continuarán cogiendo de ruana los centros de detención caleños, entrando y saliendo como si fuera un resort.
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