La encrucijada de la fumigación

Gran polémica generó el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) al autorizar nuevamente la fumigación con glifosato, pero esta vez no por vía de la aspersión aérea sino por la manual terrestre. Un año atrás se había suspendido el uso de este químico, dado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había publicado un informe sobre posibles efectos cancerígenos de esta sustancia. En su momento, el gobierno pagó un alto costo político por hacerlo. La oposición lo acusó de estar cediendo ante las Farc y el narcotráfico en esa materia, y su aliado histórico, Estados Unidos, que ha sido un entusiasta promotor del glifosato, se declaró decepcionado con la decisión de Santos.

Por eso, el anuncio de que se volverá a usar, si bien bajo otra modalidad, cayó como un baldado de agua fría en algunos sectores. Más confusión aún causó el hecho de que el entrante ministro de Justicia, Jorge Londoño, se declarara en desacuerdo. Aunque muchos interpretaron la actitud de Londoño como la primera muestra de lo difícil que será para algunos miembros del gabinete ser gobierno y oposición al tiempo, la realidad es que muchos otros ministerios y entidades del Estado no están de acuerdo con usar de nuevo esta polémica sustancia. El debate en el CNE fue candente. Claramente, el gobierno está dividido al respecto. El ministro Luis Carlos Villegas fue el gran defensor del regreso al glifosato, con el respaldo del presidente Santos. Los demás ministros (Justicia, Salud, Ambiente, entre otros) tuvieron que aceptar la decisión presidencial y lograron a lo sumo una lista de requisitos y condiciones para disminuir al mínimo su impacto.

Los críticos no solo cuestionan los riesgos que implica usar el pesticida, sino que ya está probado que la fumigación por sí sola no sirve para contener en el largo plazo la expansión de la coca. Primero, porque los cultivos para usos ilícitos hoy en día están mezclados con otros legales. Segundo, porque los campesinos tienen estrategias para eludir el daño potencial del líquido en la mata de coca. Y tercero, porque los cultivos se trasladan a otros lugares rápidamente.

Pero más allá de las dudas sobre la efectividad de la fumigación, lo cierto hoy es que los estimativos del gobierno de Estados Unidos revelan que hay 159.000 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 42 por ciento en el último año. Y ese crecimiento ha puesto al gobierno contra las cuerdas, dado que la estrategia contra las drogas que lanzó el año pasado, que se enfoca no tanto en los cultivos como en los eslabones más poderosos de la cadena del narcotráfico, aún no ha mostrado sus resultados.

La paradoja

A finales del año pasado, el gobierno dio un viraje trascendental. Por primera vez diseñó una política propia contra las drogas, para tratar de interpretar las complejidades del territorio, y no solo seguir los enfoques de la DEA que hoy en día están en entredicho en el mundo.

Ese nuevo enfoque parte de una premisa fundamental: hay que reducir el impacto de las drogas, pero se entiende que ellas permanecerán por mucho tiempo o quizá por siempre. Es decir, la idea de un país libre de drogas, o con cero matas de coca, como quisieron en su momento los diversos gobiernos, no es viable ni realista.

En forma coherente con ese enfoque el gobierno construyó una estrategia sobre tres pilares. Primero, golpear prioritariamente los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y no tanto a los más débiles como se ha hecho hasta ahora. En Colombia se han capturado en los últimos años a 87.000 personas bajo los cargos de posesión de drogas. “El 94 por ciento de ellas poseían menos de 250 gramos, y el 40 por ciento eran de marihuana. ¿Se le está haciendo daño al narcotráfico con eso?”, se pregunta un alto funcionario del gobierno.

En esa lógica se cambió la prioridad y en lugar de que la fuerza pública esté persiguiendo cultivadores, la Brigada contra el Narcotráfico de Ejército incrementó su esfuerzo en interdicción y golpes a laboratorios de las mafias (se calcula que hay 700 de ellos en todo el país). El resultado ha sido un crecimiento del 30 por ciento en esta materia.

Un segundo cambio en la estrategia fue enfrentar los cultivos ilícitos con herramientas propias del desarrollo rural. Dos décadas después de hacer miles de proyectos agrícolas fracasados, el gobierno entendió que si no hay una intervención integral en las regiones que producen coca, los campesinos la seguirán cultivando. Esa es la enseñanza que dejó hace ya casi una década el Plan de Consolidación de La Macarena. En esa ocasión el Estado no se conformó con ‘proyecticos’ sino que hizo toda una intervención institucional, desde un esfuerzo grande en seguridad, pasando por titulaciones de tierras, construcción de puentes y carreteras e incentivar una economía legal con cultivos de mediano plazo. Era una idea que tomaba tiempo y mostró en pocos años muy buenos resultados. De 2006 a 2010 esa región pasó de tener 26.000 hectáreas sembradas en coca a 3.000. Si no se hizo sostenible es porque inexplicablemente se abandonó el esfuerzo.

Pero La Macarena dejó varias lecciones. 1) Que se necesita un esfuerzo sostenido en el tiempo. 2) Que hay que tener un enfoque territorial y darle a cada región el tratamiento que sus particularidades exigen. El gobierno calcula que 100 municipios producen el 46 por ciento de la coca del país y en ese sentido se debe focalizar en ellos el mayor esfuerzo. 3) Que la intervención debe ser integral. 4) Que funciona mejor si se hace a través de pactos y acuerdos con las comunidades y los gobiernos locales.

El problema con esta política, que va en la dirección de los acuerdos de La Habana, es que funciona más en el papel que en la realidad. Si el desarrollo rural es un desafío enorme en zonas de agricultura tradicional, lo es aún más en zonas de coca. La inversión en estas regiones no ha sido una prioridad, menos aún en tiempos de crisis fiscal como los actuales. El Estado no llega o lo hace muy lentamente y eso se convierte en un factor permanente de fricción entre gobierno y comunidades, como ha ocurrido en Catatumbo. Para no mencionar la corrupción, la politiquería, la debilidad institucional, y el casi inexistente aparato productivo que hay en las regiones. Habrá que ver con el tiempo los resultados de este nuevo enfoque que se está probando por ahora en Nariño y Putumayo.

Finalmente, el gobierno decidió darle al problema del consumo un tratamiento de salud pública. El uso interno de drogas está disparado y no tiene sentido meter a la cárcel a quien carga su dosis personal. La Corte Constitucional también ha venido trazando lineamientos para flexibilizar conceptos en esta materia. Esto es un gran desafío porque gran parte de la droga que se produce ya no se va para el extranjero sino que se queda en el país. Esta es una preocupación mundial y el viraje en esta materia se está dando en casi todo Occidente.

¿Y los acuerdos de La Habana?

Los acuerdos de La Habana en materia de drogas no son la panacea, pues la guerrilla es solo uno de los múltiples actores involucrados en este problema. No obstante, la implementación de los acuerdos de paz ayudará mucho. Estos contemplan que el principal esfuerzo será para la erradicación voluntaria y una acción integral muy participativa. Si guerrilla y comunidades actúan de manera coherente en regiones donde el Estado no ha logrado estar nunca, en muchas zonas podría verse un cambio. De lo contrario, sería, como dice Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos ilícitos, darse un tiro en el pie.

Para Díaz, si las Farc están promoviendo la siembra de cultivos, para que las comunidades luego reciban beneficios de los acuerdos, como señalan fuentes militares, están cometiendo un grave error porque están dándole munición a las estructuras criminales. “Estarían alimentando a las bandas que luego van a poner en riesgo la implementación de los acuerdos”, dice. Díaz reconoce que los acuerdos van a ser un empujón muy grande para la lucha contra los cultivos, pero que el Estado no puede renunciar a la erradicación forzada porque detrás de los cultivos ilícitos no solo hay campesinos pobres sino estructuras mafiosas que brindan incentivos perversos para que estos persistan.

El control de los cultivos ilícitos será un indicador de éxito o de fracaso de los acuerdos de paz. Y estos a su vez una oportunidad para que Colombia consolide un camino propio en la lucha contra las drogas. El problema es que el cambio se verá en el largo plazo y mientras tanto la presión por hacer algo, aunque sea controvertido, como fumigar, seguirá vigente.