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| 12/23/2002 12:00:00 AM

Fumigaciones: la bala de plata

El gobierno de Uribe se ha comprometido como ningún otro en la fumigación de cultivos ilícitos, lo que se ha convertido en un dogma para ganar amigos en el exterior y enemigos en el país. ¿Para quién se está gobernando?

La administracion del presidente Alvaro Uribe se ha comprometido, como ninguna otra, con la política de erradicación de los cultivos ilícitos a través de la fumigación aérea intensiva lo que en el mundo de hoy se justifica dentro de la lucha contra el terrorismo. Dentro de esta lógica también se explica él porqué Colombia es el único país andino donde se usa la erradicación aérea como medio para eliminar los cultivos ilícitos.

Lo increíble es que estas dos estrategias son contradictorias, ya que la campaña contra los cultivos necesariamente deslegitima el Estado y legitima a los grupos armados. Por eso, la fumigación no puede ser la bala mágica de una política de Estado. De hecho, es una negación de la situación que vive nuestro campesinado desplazado a zonas marginales, donde la presencia del Estado (no el gobierno) es en el mejor de los casos la del Ejército, la Policía o la de funcionarios corruptos. El Estado es mucho más que eso, son escuelas, salud, servicios públicos, infraestructura, equidad y trasparencia, pero esto es costoso e inconveniente para los políticos.

El Estado se construye ganando la confianza de la población y no marginándola. Nuestro campesinado es gente humilde, con una visión de mundo muy limitada, y no es narcotraficante como muchos lo estigmatizan. Es un sobreviviente de las demandas que sobre él ejercen narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y el mismo Estado. Por eso, su prioridad es alimentar a su familia y sobrevivir. Por tanto, en el momento en que pasa el avión, acaba con su coca o amapola y, en forma simultánea, con sus pastos y cultivos de pancoger. Y, últimamente por un cambio de fórmula del herbicida, se le enferma su familia así como el ganado mayor y se le mueren las gallinas y el ganado menor. De esta forma, el Estado se convierte en su enemigo, mientras que los grupos armados se transforman en sus amigos, pues ellos son los que les garantizan precios "justos para la coca o el látex", por parte de los compradores, así como seguridad local, ayuda cuando se enferma la familia, etc.

Lo que es peor es que quienes denuncian los atropellos cometidos durantes las fumigaciones son automáticamente tachados de colaboradores de los narcos, guerrilleros, paramilitares o lo que es peor, de ser ambientalistas locos. Los universitarios y las ONG que atacan esta política son callados por los medios de manera sutil: presentan los comentarios de quienes se oponen seguidos por detallados informes sobre el daño causado en un pueblo por los narcoterroristas (grupo armados de derecha o izquierda que financian sus actividades con los ingresos devengados del comercio de drogas ilícitas) o sobre el número de kilos de droga decomisados, lo que hace que el mensaje se pierda.

Al fin y al cabo, cualquier cosa es válida para desviar el debate y evitar tener que evaluar tanto las consecuencias de la acción como la validez de la política. ¿Para qué gastar más dinero en analizar la expansión de los cultivos a nuevas áreas? ¿Para qué complicarle la vida a la administración de turno teniendo que analizar el trabajo de una compañía contratada para este fin? (la Policía Nacional ya no es la ejecutora directa de este trabajo) ¿Para qué generar un debate donde los fanáticos se llevarán los titulares y crear aún más confusión entre el electorado?

Quienes apoyan incondicionalmente la erradicación aérea apelan a los números para exponer tanto el éxito de su labor como la magnitud del problema. La cuantificación de esta política se hace con un rigor militar: "Tantas hectárea fumigadas el año pasado, tantas este año y un incremento proyectado para el próximo de tanto". Esto recuerda las estadísticas de la guerra de Vietnam: "Número de muerto semanales por bando", pero como sabemos, al final de la guerra el conteo fue de más o menos 1,5 millones de vietnamitas y 58.000 norteamericanos. Y también sabemos quién ganó la guerra.

Lo que las cifras sobre fumigación muestran no tiene nada que ver con quién ganó y quién perdió. Los informes oficiales sobre fumigación nunca nos dicen que existe una gran diferencia entre hectáreas fumigadas y hectáreas efectivamente erradicadas, y prefieren gritar que la expansión de los cultivos requiere de más recursos para "neutralizar el flagelo".

La verdad es que la fumigación es la fórmula más barata para enfrentar el problema. Además de que no se están arriesgando pilotos colombianos sino extranjeros y de que es una política de corto plazo que complace a los políticos de turno. Los otros medios, el desarrollo alternativo y/o la aplicación de una política agrícola de largo plazo no son alternativas realistas para un gobierno que sólo dura cuatro años; así que la forma de mostrar resultados inmediatos es la fumigación.

El 'Estado al aire' no puede ser reemplazado con proyectos de desarrollo alternativo o con el Plan Colombia. Primero, a nivel internacional se sabe que el desarrollo alternativo es una política de largo plazo, algunos hablan de un mínimo de ocho años de trabajo en zonas de cultivos perennes como la coca y de no menos de 20 en zonas de cultivos de ciclo corto como la amapola (esta fue la experiencia en Tailandia y Pakistán). Pero en Colombia hoy, después de 16 años, se sigue metiendo plata en los mismos municipios que trabajó Naciones Unidas desde 1986.

Por otra parte, las actividades de desarrollo alternativo no son constantes. Cada gobierno se inventa una nueva prioridad según los intereses de los funcionarios y no de las necesidades locales, regionales o nacionales, como la del actual gobierno de sembrar bosques, o del famoso proyecto de palmito del Putumayo o los programas de yuca y caucho.

En cuanto a la política de bosques y la de caucho hay que preguntarse si quienes se la inventaron reflexionaron sobre el hecho de que éstas requerirán comprometer recursos por los próximos ocho a 10 años. Dentro de esto, seguramente la administración del presidente Uribe y los embajadores de los países donantes que estudian su financiación nos pueden garantizar, desde hoy, que en cinco años dispondrán de los recursos y de la voluntad política para continuar con las inversiones necesarias.

En lo referente al proyecto de palmito del Putumayo, ¿quién nos garantiza que algún día se va a poder llegar a suplir los requerimientos de materia prima de la planta y que los costos de transporte de los productos los convertirán en verdaderamente competitivos sin el apoyo y los subsidios del Estado? En cuanto a la yuca, el problema es que es un mercado muy competitivo, y de tener éxito, va a quebrar a otros productores en otras regiones del país para quienes la solución será pasarse a sembrar cultivos ilícitos.

En cuanto al Plan Colombia este es contradictorio ya que, según los funcionarios del gobierno y de los medios de comunicación, las fumigaciones ya no las hace la Policía Nacional, como antes. Hoy las fumigaciones están a cargo del Plan Colombia, que a su vez es el encargado del Desarrollo Alternativo, lo que convierte al Plan en un monstruo de dos cabezas que lo único que hace es confundir al campesinado cuyo raciocinio es simple: "Me dan gallinas, semillas, fertilizantes, etc. Yo siembro y después ellos vienen y me fumigan, ¿dónde está el negocio?". Pero esta lógica sencilla es muy complicada para quienes formulan las políticas.

Finalmente, asumamos que esta política de fumigar a muerte los cultivos es exitosa durante le administración Uribe. Dentro de su misma lógica eso implica que los programas de desarrollo alternativo y del Plan Colombia pueden acabarse, pues ninguno de los dos se justifica sin droga. Lo anterior implica que habrá que seguir sembrando cultivos ilícitos para asegurar que Bogotá invierta en las zonas más marginadas del país o que todas las regiones que se sientan resentidas tengan que apelar a estos cultivos como una herramienta para extorsionar al Estado. Preguntémonos si esto no es lo que está ocurriendo en, Arauca, Casanare, Boyacá, la zona cafetera, la Costa Pacífica y el Urabá.

Fumigar es tan sólo una parte de la ecuación pero, hoy por hoy, se ha convertido en un dogma para ganar amigos en el exterior y enemigos en el país. ¿Para quien se está gobernando? Esperemos que en 2003 se reflexione sobre el tema.
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