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| 3/3/2012 12:00:00 AM

Función social o negocio

Varias asociaciones de abogados defensores de derechos humanos demandaron el artículo que fija topes para sus honorarios. Dicen que las víctimas merecen la mejor defensa, pero el gobierno quiere frenar a los avivatos.

El artículo 44 de la Ley de Víctimas establece que los abogados que representen a las víctimas no podrán, en ningún caso, cobrar más de 25 salarios mínimos (14.167.500 pesos) por demandas contra el Estado; y máximo dos salarios mínimos (1.133.400 pesos) por acciones de tutela. Un grupo de organizaciones especializadas en esos procesos, junto con otros que obran a título personal, decidieron demandar esa norma ante la Corte Constitucional.

Entre los demandantes están la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, el Comité de solidaridad con los presos políticos, y una veintena más de litigantes que representan a víctimas en estrados de todo el país. Alegan que el artículo 44 viola su derecho a la igualdad, al trabajo, a la libertad contractual, entre otras, y que limita el derecho de las víctimas de acceder a la Justicia.

La demanda sostiene que la norma hace que las víctimas "tengan una posibilidad sustancialmente menor de contar con abogados para reclamar sus derechos". Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados, explica que las asociaciones defensoras de derechos humanos asumen una función social y que su objetivo no es lucrarse. Pone como ejemplo el caso del Palacio de Justicia, que lleva más de 25 años de litigio sin que hasta ahora hayan visto un peso de honorarios. "Ese pasivo se cubre con lo que recibimos de otros casos que ya concluyeron con indemnizaciones, la plata va a un fondo de víctimas con el que se financia la representación de otras. Nuestra función es social y no cobramos los porcentajes de los abogados comunes".

Vistas las cosas desde esa perspectiva sus argumentos parecen insuperables. Sin embargo, el tema es más complejo. El artículo en cuestión se incluyó en el proyecto de ley cuando era tramitado porque se detectaron continuos abusos de los abogados. El magistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura (adonde llegan las denuncias contra los apoderados), solicitó limitar los honorarios con el argumento de que "hay muchos esperando hacer un festín para recoger poderes y reclamar a nombre de esas víctimas los dineros que les corresponden". No son pocos los avivatos denunciados. Por ejemplo, en el sonado caso de la toma de Las Delicias las víctimas acusaron a sus abogados de apoderarse del 60 por ciento de la indemnización. La oficina de Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Daps), en varias oportunidades ha encendido las alarmas en el mismo sentido. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, señaló que han detectado mafias inescrupulosas que intentan sacarle provecho al drama social. Recientemente el gobierno y la Fiscalía denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso de Mapiripán hubo maniobras para aumentar la cantidad de víctimas.

Por todo ello el gobierno, mediante los Ministerios de Justicia y Hacienda, el Daps y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, ha pedido a la Corte Constitucional que no tumbe el artículo, señalando que este blinda a las víctimas que por definición están en una situación de vulnerabilidad.

Barrios, por su parte, pide que no se confunda a las organizaciones defensoras de derechos humanos con los abogados inescrupulosos que "van a las masacres y recogen poderes sobre los cadáveres calientes". Asegura que ninguno de los demandantes está en esa categoría y que se trata de asociaciones ampliamente reconocidas y de profesionales respetables.

La Corte Constitucional por ahora está a la espera del concepto de la Procuraduría. El magistrado Jorge Iván Palacio deberá analizar los argumentos y elaborar una ponencia para ser debatida en la sala. Se trata de un asunto delicado, en el que el país espera una decisión que, por encima de todo, defienda los intereses de las víctimas, la parte más débil de la tragedia que vive Colombia en sus campos.
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