Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/01/19 00:00

Nariño: Se avizora nuevo conflicto laboral con jueces

Servidores judiciales de la región, de la rama civil, se unieron al cese de actividades por la supresión de cinco juzgados de descongestión que tenían a su cargo 18.000 procesos.

Fueron suprimidos tres juzgados de esta especialidad y dos de ejecución de sentencias. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

El descontento que se viene percibiendo en la Rama Judicial por la gestión del Consejo Superior de la Judicatura parece crecer con la proximidad de su supresión. Cada vez más servidores judiciales se unen a las protestas por la modificación del modelo de atención en las jurisdicciones civil y de familia. En Nariño, especialmente en Pasto, la inconformidad parece ser de marca mayor.

Los jueces de esas especialidades no sólo se unen al rechazo que ha causado la creación de los centros de servicio en todo el país. Además, piden una solución al drama que les dejó la eliminación de cinco juzgados de descongestión. Según ellos, esa decisión implica que los 18.000 procesos que se venían tramitando en esos despachos sean asumidos por los seis juzgados con los que cuenta la ciudad.

Según voceros del poder jurisdiccional consultados por Semana.com, el descontento de los servidores judiciales en la capital nariñense para con las decisiones del Consejo Superior tiene varias aristas. El juez civil Germán Eduardo Pérez dice que en esa ciudad el problema no es sólo el cambio en el modelo en la atención al usuario, sino el aumento inusitado de la congestión de procesos que tendrá que enfrentar esa jurisdicción con la eliminación de estos despachos.

Indicó que fueron suprimidos tres juzgados de esta especialidad y dos de ejecución de sentencias. Por eso, dice, los seis despachos civiles y de familia que operan en la ciudad –que ya cuentan con miles de procesos en su haber– tendrán la obligación de continuar con los casos que tenían pendientes por resolver los operadores jurídicos que debieron dejar sus funciones.

Además, dijo que tampoco están de acuerdo con la creación de los centros de servicio. Señaló que eso implica que escribientes, notificadores secretarios y despachos que antes eran nombrados por cada juez serán designados por un director seccional.

Eso implica una concentración desproporcionada del poder nominador en una sola instancia, dijo. Para el juez Pérez, no hay una mejor oportunidad para nombramientos a conveniencia, favoritismos y otras prácticas clientelares.

Entiende que se trata de un compromiso de la ley, pero indicó que tampoco están dadas las condiciones para que se introduzcan todas las modificaciones que se vienen gestionando. Por ejemplo, explicó que el Consejo Superior ordenó implementar de lleno el sistema oral (en reemplazo del escrito), pero en los despachos no hay herramientas tecnológicas que permitan adelantar las audiencias y tener un registro fílmico o de audio, como lo exige el nuevo esquema procesal.

Por eso, no sólo piden que se revise el cambio en el modelo de atención. También les pide a los magistrados que aplacen un año más la implementación de la oralidad, pues las falencias son todavía muchas y la ley permite que los términos se extiendan hasta el 2017.

Mientras tanto, cerca de 16 despachos que emplean a casi 300 funcionarios en Pasto seguirán haciendo parte del cese de actividades que, poco a poco, se va extendiendo por todo el país. Casi 2.000 servidores se encuentran reunidos en asambleas permanentes que continuarán este martes.

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