Las deudas del padre capuchino

Muchos colombianos conocen en carne propia la bondad y entrega del padre capuchino Juan Cañellas Barceló. De hecho, su labor social germinó como una semilla en varias regiones del país y beneficia a casi cuatro mil niños, jóvenes y ancianos.
 
Desde el Valle del Cauca, pasando por Quindío, Caquetá y hasta San Andrés, saben de sus comedores comunitarios, sus roperos, sus centros integrales para la atención de niños y discapacitados, y de sus residencias universitarias. Esos programas sociales gozan de tal prestigio que entre los financiadores hay comunidades religiosas, alcaldías, gobernaciones y hasta multinacionales.
 
El religioso, que llegó al país hace 24 años, ha sido homenajeado y exaltado con todas las medallas de méritos existentes en el Congreso. De las manos del propio expresidente Álvaro Uribe recibió la medalla Caballero de la Orden de San Carlos, en 2005.

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Lo insólito es que pese a ese prestigio y bonanza de ayudas, el padre y su fundación Servicio Solidario y Misionero, SSIM, recurrieron a millonarios préstamos bancarios y con particulares del norte del Valle, que lo sumieron en una penosa crisis financiera que amenaza con dejar en la calle a los miles de beneficiarios que atiende en sus sedes por todo el país.
 
La explicación es sencilla. Para acceder a esos créditos, que con intereses suman mil millones de pesos, el padre Cañellas ofreció como prenda de garantía los inmuebles donde funcionan sus programas sociales, que en la mayoría de los casos son operados por terceras entidades como el ICBF, comunidades religiosos u otras fundaciones sin ánimo de lucro.
 
Más grave aún es que todos los predios donde se levantaron esos centros integrales fueron donados por alcaldías, gobernaciones y hasta diócesis, con el compromiso de que él construía las sedes para sus programas sociales.
 
Varias fuentes consultadas por Semana.com coincidieron al asegurar que el padre no aceptaba la figura del comodato para desarrollar sus obras; los terrenos debían cedérselos y bajo esa figura se cree que atesoró bienes por más de seis mil millones de pesos.
 
Pero las cosas empeoraron a partir de 2012 cuando el padre y su fundación SSIM comenzaron a desatender el pago de intereses de las hipotecas; a raíz de ello varios de los acreedores iniciaron procesos ejecutivos que desembocaron en embargos y hasta remates. (Ver documentos hipotecas y embargos)
 
La decisión judicial más reciente sucedió hace cuatro meses cuando un juez ordenó rematar uno de esos predios. Se trata del comedor infantil construido en La Tebaida, Quindío, que atiende a 500 niños en condiciones vulnerables.
 
Ese inmueble se construyó en un predio de 3.166 metros cuadrados que le cedió el municipio, por un valor estimado de 111 millones de pesos, tal como consta en la escritura 147 de 2007.
 
Juan Carlos Patiño, abogado del acreedor que demandó, explicó que llegaron hasta esa instancia porque el padre no cumplió con los pagos y la deuda ya sumaba un total de 156 millones de pesos. “Lo que hizo mi cliente para no afectar a los niños que reciben alimento en ese comedor, fue constituir un comodato con las religiosas que lo atienden”, dijo el abogado no sin antes recordar que adelantan otro embargo por 30 millones de pesos, contra la sede del centro integral que funciona en la isla de San Andrés.
 
Otro inmueble que podría correr la misma suerte es el que funciona en el corregimiento de Zaragoza, en Cartago, Valle, y que atiende a niñas vulnerables a través de la fundación Despertando Corazones. Se trata de una sede campestre que figura como garantía en una hipoteca con un particular por 100 millones de pesos.
 
Lo irónico es que ese predio junto a otros dos en La Unión y Versalles, ambos municipios del Valle, fueron donados por la Diócesis de Cartago con el compromiso de desarrollar obras sociales, pero también los hipotecaron y debieron venderlos para pagar deudas. En el caso de Versalles cerraron el comedor que allí funcionaba.
 
Un camino similar les espera a los bienes que SSIM tiene en Alcalá, Obando, Ulloa y Cartago, cuyas sedes fueron hipotecadas a dos bancos por una suma cercana a los 500 millones de pesos. “En nuestro caso estamos tranquilos porque no nos imaginamos que un banco tenga las tripas para echar a la calle a niños y ancianos que atendemos gratuitamente”, argumentó una de las gestoras de la fundación Teresita Cárdenas de Candelo, que mediante comodato asiste a niños pobres de Cartago.
 
De hecho, a finales de 2013 esa misma fundación protagonizó un escándalo luego de ser  notificados que debían desalojar el inmueble porque la fundación SSIM daba por terminado el comodato. Si bien la medida se reversó y quedó como un simple error, la realidad es que esa sede también fue hipotecada.
 
También en Florencia, Caquetá, tres gobernadores padecieron los incumplimientos del sacerdote capuchino y su fundación, comprometidos en la construcción de un centro integral para la atención de la niñez desprotegida. Si bien las obras se hicieron, el programa no arrancó y el fantasma de un embargo también lo ronda, pese a que el terreno, avaluado en 320 millones de pesos, lo donó la gobernación.
 
Algo más insólito sucedió con 32 lotes que la Diócesis de Cartago le regaló para que construyera igual número de viviendas para familias pobres. “Las casas nunca se hicieron, pero en cambio sí hipotecó los lotes y hoy son de un concejal de la ciudad”, denunció un religioso que pidió omitir su nombre.
 
Lo más paradójico es que nadie que conozca al padre Cañellas, o su entorno, se atreve a asegurar que semejante crisis financiera se deba a manejos turbios o excesos personales; es decir, en este caso a ninguna de esas fuentes les pasa por la mente que se trate de un caso de corrupción.
 
Ni siquiera Calos Triana, su ex conductor que desde hace un par de años viene ventilando, con pruebas, los líos financieros del sacerdote, se arriesga a señalarlo. “Solo puedo decir que los dineros que yo le conseguí con prestamistas, se los consignaba a una cuenta personal de él y no a la de la fundación”, aseguró el señor Triana tras afirmar que a raíz de su intermediación ha recibido amenazas de muerte. (Ver poder especial)
 
Esta revista intentó comunicarse por varios medios con el padre o con Roy Pillis Parrish, su asesor jurídico y de la fundación SSIM, pero no atendieron el llamado. Quien sí lo hizo fue el abogado Jaime Granados, que desde hace varios años ha sido amigo y consejero de Cañellas.
 
Para Granados, la crisis económica de la fundación del sacerdote podría explicarse con la crisis económica en Europa a partir de 2008, “porque la sostenibilidad de sus obras dependían de la colaboración que venía desde España. Y a raíz de esa crisis ya no había el flujo de dinero”, explicó el jurista.
 
En eso tiene razón el abogado Granados, ya que buena parte de las ayudas económicas que recibía Cañellas, provenían de España; dinero que canalizaba a través de la comunidad capuchina, de la que fue expulsado por “ausencia ilegítima” en noviembre de 2011. (Ver carta expulsión)
 
La duda que queda en el aire es en qué se gastó todo ese dinero el sacerdote capuchino y por qué razón puso como prenda de garantía los inmuebles que se construyeron en los predios que le regalaron entidades públicas y religiosas.