Fiscalía se prepara para judicializar a directivos de la U. San Martín

Este miércoles la Fiscalía General de la Nación capturó a los tres presuntos responsables de la estafa masiva de la Fundación Universitaria San Martín. Se trata de Mariano Alvear, fundador de la institución; Ricardo Caballero, representante legal, y Juan Carlos Mahecha, jefe de la oficina jurídica.

Postrado en una cama y conectado a una bolsa de suero recibió Alvear a los miembros del CTI que lo capturaron. El fundador de la institución se encontraba en su finca en el lujoso condominio El Peñón, en Girardot.

Mientras tanto, agentes del CTI le daban captura a Caballero, que se encontraba por el sector de la 26, en Bogotá. Al caer la tarde capturaron a Mahecha en el noroccidente de la capital.

Los hombres deberán presentarse este jueves en la mañana a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en Girardot. Ante un juez deberán responder por los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial, falsedad material en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y estafa en modalidad masa.

La historia

La historia oscura de la Universidad San Martín inicia en el 2005, cuando la fundación empezó a ser objeto de demandas laborales y procesos coactivos por cuenta de irregulares manejos administrativos y falta de pago de impuestos. A raíz de las denuncias en los juzgados laborales y la propia Secretaría Distrital de Hacienda se ordenaron embargos sobre los inmuebles de propiedad de la Fundación.

Las demandas laborales fueron presentadas por funcionarios y exfuncionarios de la universidad. Estos la acusaban de desconocer el derecho a la seguridad social.

Tiempo después, cuando el caso lo asumió la Fiscalía General, investigadores lograron establecer que miembros directivos falsificaron autos y oficios de los juzgados laborales y hasta de la Secretaría de Hacienda, con los que ordenaban levantar los mencionados embargos. De esta manera engañaban a la Oficina de Instrumentos Públicos que, atendiendo esas falsas instrucciones, procedía a efectuar los desembargos.

Cuando lograban el objetivo de disponer a su antojo de los inmuebles de la universidad, realizaban negocios jurídicos de compra y venta de estos bienes. Estos negocios se hacían con miembros de la misma fundación, transfiriendo el dominio a fundaciones paralelas que tenían otra personería jurídica.

Por estos hechos la Fiscalía les imputará los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo y el delito de falsedad de documento público en concurso homogéneo.

Pero hay más. Dentro del proceso, los directivos de la fundación diseñaron una estrategia para desconocer las sentencias condenatorias ordenadas por los juzgados laborales a donde llegaban las demandas de sus empleados. La estrategia consistió en ordenar a sus estudiantes cancelar sus matrículas en cuentas bancarias diferentes a la de la institución, con el fin de que la ejecución a la San Martín para el cumplimiento de los fallos se frustrara.

Por este hecho, la Fiscalía les imputará el delito de fraude a resolución judicial en concurso homogéneo. Pero hay otro proceso que es el que más interesa a los estudiantes: el de estafa.

Al respecto, según los folios de la Fiscalía, en el 2012 el Ministerio de Educación ordenó cancelar o no renovar los registros calificados de los programas académicos ingeniería de sistemas, odontología, administración de empresas y medicina. Entonces, los directivos no podían ofrecer estos programas ni admitir nuevos estudiantes. Sin embargo, hicieron efectivas las matriculas de 1.455 estudiantes para estos programas.

Con base en esto, a Mariano Alvear, Ricardo Caballero y Juan Carlos Mahecha se les imputará el delito de estafa agravada bajo la modalidad de masa. Por estos cuatro delitos y según lo dicho por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, “podrían pagar hasta 15 años de prisión”.