Comienza la batalla por el galeón San José

El anuncio del presidente Juan Manuel Santos del hallazgo del galeón San José ha desatado una batalla por su propiedad tan intensa como la que terminó con su naufragio en 1708.

En efecto, Colombia tendrá que defender en instancias nacionales e internacionales el camino solitario, casi explorador, que fijó en 2013 con la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, que crea una alternativa en la que muchos países, especialmente del Caribe, están muy interesados.

Como dijo a SEMANA el reconocido abogado Carlos Gustavo Arrieta, miembro desde hace diez años de la Comisión de Antigüedades Náufragas que asesora al gobierno en esta materia, el país debe prepararse para las numerosas demandas y reclamaciones que se avecinan por la propiedad de todo o parte del pecio. Pero, también, según otros expertos, por las profundas dudas que ha dejado la noticia en torno a la escogencia de los socios, el modelo de pago, rescate y conservación, y el eventual uso comercial que pueda tener todo lo que no se considere patrimonio colombiano: monedas, lingotes de oro y plata, piedras preciosas. Lo cierto es que detrás de lo ocurrido esta semana están algunas de las claves más importantes de lo que se encuentra en juego.

Primero salió a escena España, que considera al San José y toda su carga parte de su patrimonio. Para justificar esa postura ha recurrido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, promovida por la Unesco y ratificada por España, Francia, Italia, Argentina, Panamá, México y 41 países más. Colombia no forma parte de ese instrumento multilateral, al igual que Estados Unidos, Rusia, China y el Reino Unido.

Ese acuerdo plantea que todas las embarcaciones, asentamientos o rastros de existencia humana que estén bajo las aguas al menos durante 100 años son patrimonio de la humanidad y que la opción prioritaria para preservarlos es dejarlos in situ. Y que en los casos en los que se autorice su rescate no podrá ser objeto de operaciones comerciales y todo deberá depositarse de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo. Es decir, que así en un galeón como el San José se puedan rescatar 9 millones de monedas de oro y plata repetidas, o lingotes de oro, plata o piedras preciosas, nada se puede vender ni convertirse en un bien de cambio. El Estado colombiano no comparte esa idea pues considera que esos elementos pueden ayudar a financiar la operación de hallazgo, rescate y conservación del patrimonio.

Pese a que muchos de los conceptos patrimoniales de la Unesco son similares a los que están en la Constitución y en las leyes nacionales, Colombia no acepta esa Convención porque contiene algunos elementos sobre delimitación y soberanía referidos a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 que Colombia tampoco ha suscrito. Precisamente, en esta última se plantea que las naves de Estado en misión militar tendrán inmunidad, incluso si se encuentran sumergidas. Ese concepto es precisamente el que España ha esgrimido para plantear sus pretensiones sobre el San José.

Ese país tiene tiene el apoyo de la Unesco, que a su vez ha encontrado en España un promotor y defensor de la convención de patrimonio sumergido. También en cierta medida lo apoya Estados Unidos, que promueve que se respeten las embarcaciones militares sumergidas. Eso explica por qué los gringos respaldaron a España y no a una empresa norteamericana a la hora de decidir la suerte final de las 594.000 monedas que esta sacó de Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en aguas internacionales cerca a Portugal.

El ministro de Cultura de Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, dijo tras conocer las noticias que “España tiene derecho sobre el San José” y que “se trata de un barco de Estado” con un significado histórico clave. Así mismo, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió que aunque tratará el asunto amistosamente en el encuentro de cancilleres planeado para el sábado 12 de diciembre en Cartagena, la Convención de la Unesco estipula que el San José es un barco de guerra español y no un navío privado y advirtió que “en caso de no llegarse a un acuerdo amistoso, nosotros reclamaremos y defenderemos nuestros derechos”. Lo que no se sabe es dónde o cómo, pues Colombia no hace parte de esos acuerdos.

Lo curioso es que España, tan preocupada por reclamar su propiedad en este y otros naufragios, poco o nada ha hecho para rescatar algunas de las embarcaciones que yacen sumergidas en sus puertos, y muchos creen que esa posición férrea, intransigente, difícilmente podrá ser mantenida con un país como Colombia. No solo porque tiene una relación estrecha con ésta, sino porque Colombia tendría mucho que reclamarle por lo ocurrido cuando fue colonia del Imperio. Incluso, podría hacer que países de la región como Bolivia y Perú se unieran para hacerle exigencias, lo que suena absurdo, pero cuando de plata se trata cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es inevitable es que los descendientes de los casi 600 pasajeros muertos en el San José presenten sus propias reclamaciones.

Este viernes el diario El País, en su editorial, fijó la posición más sensata y realista de la prensa española. Afirma que ese país solo puede esperar formar parte del equipo científico que va a trabajar, en los próximos años, en el rescate del San José, pues hasta ahora solo está claro que muy seguramente la embarcación será dejada in situ para preservarla y que se retirará lo posible de la carga sin afectarla.
 
Precisamente, una de las diferencias con la Unesco y los países que han firmado la convención es que la ley colombiana abre la posibilidad de que una parte de lo recuperado, que no sea considerado patrimonio de la Nación, pueda ser vendido para pagar la operación de rescate, conservación de ese patrimonio y creación de un nuevo museo. Lo poco que se ha podido saber es que el gobierno habría acordado darle una parte pequeña a la empresa que va a trabajar de la mano con la Armada y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Pero algunos expertos han dicho que así la ley lo permita no será nada fácil que esto ocurra o que el gobierno termine por subastar monedas antiguas.

A todo este panorama se suma el capítulo de las reclamaciones viejas. También salió a escena la Sea Search Armada, la empresa estadounidense que tiene un pleito antiguo con el Estado colombiano por los derechos sobre los restos de un galeón que se creía eran del San José pero que ahora, según lo anunciado por el gobierno, serían de otro navío.

La SSA envió una carta a la cadena CNN en la que dijo que Colombia mentía al afirmar que su empresa no tenía derecho alguno sobre ese tesoro. Y añadió que el gobierno no tenía voluntad para aplicar la sentencia de la justicia colombiana, que le había reconocido la mitad de lo que se rescatara de la embarcación que ellos denunciaron en los años ochenta.

Sin embargo, varias personas dijeron a SEMANA que las coordenadas que la SSA entregó en 1982 no están ni cerca del hallazgo del San José. Al responder de nuevo que el galeón y su carga son patrimonio de los colombianos, el presidente Santos dijo que las “acusaciones de Sea Search contra Colombia no tienen fundamento, pues sus coordenadas no corresponden a las del San José”. Insistió además, en que las coordenadas, que son un secreto de Estado, estaban en una zona inexplorada. Danilo Devis, abogado de esa empresa en Colombia, dijo que “si se acredita que no está donde nosotros lo descubrimos renunciamos a toda reclamación”.

Por ahora, todo indica que el camino que abrió el gobierno será duro y complejo. Pero si al final logra conservar el patrimonio, obtener los recursos para financiar esta operación y darle recursos a la cultura y al Estado marcará el camino de lo que pase con muchas otras embarcaciones hundidas. Esa otra batalla apenas comienza.