Lo que la reforma política se llevó

El Gobierno de Juan Manuel Santos y los negociadores de las Farc habían pactado una reforma al sistema político colombiano dentro del punto de participación política, el segundo del acuerdo de paz firmado hace un año en el teatro Colón.  Pero una cosa quedó en el papel y otra lo que se transformó en el Congreso. El proyecto poco o nada tuvo que ver con lo planeado: cambiar las reglas de juego para garantizar el pluralismo y la competencia, y corregir fallas en la estructura del sistema electoral.

Un nuevo tribunal electoral en reemplazo del Consejo Nacional Electoral, que mantuviera su independencia de la clase política, fue una idea que no prosperó. La máxima autoridad electoral seguirá siendo manejada por los partidos políticos mayoritarios.

El anhelo de establecer listas cerradas para cargos a corporaciones de elección popular, como el Senado o la Cámara de Representantes, también fracasó. Las listas abiertas, que han sido señaladas como uno de los males de la política colombiana, pues favorece las estructuras clientelares y la lluvia de dinero en las campañas políticas, se mantienen. En las próximas elecciones el Congreso se elegirá con la fórmula del voto preferente, tal como ha venido sucediendo desde el 2006.

“Era una reforma sastre, hecha a la medida de los intereses de cada partido”, dijo Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, quien tuvo un rol protagónico en el diseño del primer borrador de la reforma, que quedó desnaturalizado en el Congreso.

En buena parte, la proximidad de las elecciones de 2018 se convirtió en el principal escollo de la reforma. Tanto que durante su trámite fueron incluidos algunos temas, que nada tenían que ver con los acuerdos de paz, pero que tenían mucho interés en los políticos para afrontar las elecciones del próximo año.

Por ejemplo, la reforma pretendía habilitar a todos los partidos políticos para conforma coaliciones para las elecciones de Senado y Cámara. Es decir que varios partidos podrían presentar listas conjuntas. Los más interesados eran los llamados partidos pequeños ante la amenaza de no superar un umbral de votación. Era el caso de los verdes y el Polo, que ya no cuentan con sus máximos electores, Claudia López y Jorge Robledo, y que entre sus estrategias estaba conformar una lista fuerte con candidatos de ambos lados. Eso dependía de la reforma. Ya no pudo ser.

Sin embargo, la reforma al equilibrio de poderes del 2015 aprobó coaliciones para los partidos pequeños, pero estaba sujeta a una ley que lo reglamentara. Pero por la vía de la tutela, Verdes y el Polo pidieron el amparo del derecho fundamental a elegir y ser elegido, y la justicia les dio la razón al señalar que la Registraduría debe permitir la inscripción de candidatos por coalición, como quedó consagrado en la Constitución, así no haya ley que las reglamente.

También estaban pendientes de coaliciones partidos grandes. La U no tiene candidato presidencial, lo que puede minar su capacidad en las elecciones parlamentarias. Desde ese partido se había promovido una gran alianza con los liberales para defender los acuerdos de paz. No pudo ser, y a diferencia del Polo y los Verdes, no tienen un plan B.

Y por si fuera poco, durante el trámite se había abierto la puerta al trasfuguismo, es decir habilitar a que los congresistas se pudieran cambiar de partido. Había sectores como cambio radical que esperaban recibir a muchos disidentes de partidos como la U y el Conservador. Con el hundimiento de la reforma nadie puede cambiarse de partido.

La reforma, además, en su espíritu de ampliar el pluralismo político, permitía a los movimientos ciudadanos que demuestren tener 70 mil afiliados, obtener su personería jurídica y avalar candidatos.

Uno de los que esperaba la reforma era Sergio Fajardo, para convertir su movimiento Compromiso Ciudadano en partido político, y así presentar loístas de candidatos a las elecciones de Congreso en marzo. Esa norma también beneficiaría a otros movimientos como Marcha Patriótica o Progresistas del candidato Gustavo Petro. Tendrían que medirse en las urnas para mantener la personería y acceder a otros beneficios que ya tienen los partidos políticos, como financiación y pauta estatal. Sin la reforma. Este escenario se cayó.

La reforma política venía siendo reclamada hace meses, pero sus principales promotores se bajaron de ella a medida que trascurrieron los debates en el Congreso. Las elecciones del próximo año serán bajo las mismas reglas. La reforma se llevó las intenciones de renovar la política.