Ganan batalla las víctimas de Petrobras

Hace unos meses SEMANA y Semana.com denunciaron la pesadilla que estaban viviendo 41 familias del edificio Tenerife Real, en el norte de la capital del país, quienes estaban sufriendo graves problemas de salud porque el edificio en el que vivían estaba contaminado con hidrocarburos.

La contaminación se dio porque la estación de gasolina Petrobras Mochuelo –ubicada al lado del edificio- no cumplía los requisitos ambientales, presentaba fugas y derramamientos de gasolina en el parqueadero de los habitantes. Esto causó graves enfermedades y pérdidas patrimoniales, lo que llevó a que los residentes empezaran una pelea jurídica con la multinacional.

Después de mucho tiempo de lucha, el 17 de abril del 2015, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá ordenó a Petrobras Colombia Combustibles S. A. pagar más de 6.000 millones de pesos por daños y perjuicios a las familias afectadas.

En el fallo se reconoce que la empresa es responsable por los perjuicios inmateriales, la amenaza a los derechos constitucionales de salud, vida y dignidad personal de los residentes. La decisión de este juzgado es el resultado de una lucha que más de cien personas libraban desde el 2010.

¿Cómo empezó?

Todo estalló el 14 de abril del 2010 cuando los residentes del edificio Tenerife Real, ubicado en la avenida Novena con calle 106, en el norte de Bogotá, entraron en pánico porque en el parqueadero aparecieron enormes charcos de gasolina que provenían de la estación Petrobras Mochuelo.

La contaminación era más que evidente. La presencia de hidrocarburos era la causa de muchas enfermedades que estaban padeciendo los habitantes, como en el caso de Ivonne Vargas de Ortega, a quien la Houston Allergy and Asthma Clinic –una clínica de Estados Unidos- diagnosticó como una “paciente con enfermedad por continua exposición al vapor de gasolina”, tal como lo denunció Semana.com.

Por todas esas razones, las 41 familias residentes interpusieron una acción de tutela y, al finalizar el 2010, la firma Petrobras Colombia Combustibles S. A. tuvo que reubicarlos para descontaminar el edificio.

Sin embargo, en el 2012 la empresa se basó en un concepto técnico que emitió la Secretaría de Ambiente para decir que el edificio estaba descontaminado, y fue así como el juzgado levantó la orden de reubicación.

Muchas de las familias, resignadas, volvieron al edificio, arriesgándose a seguir encima de una bomba de tiempo, como lo denunció SEMANA cuando advirtió que además de la estación Mochuelo en Bogotá hay más de 50 bombas de gasolina que no cumplen los requisitos ambientales o presentan fugas de combustible. 

Las familias empezaron una larga pelea jurídica contra la multinacional por daños y perjuicios, pues la empresa no quería reconocer las enfermedades de los residentes ni sus daños patrimoniales. Ahora, después de cinco años de batallar, ganaron el pulso.