Ganarse a la gente

Con el parte de victoria del Plan Patriota que entregaron las Fuerzas Militares la semana pasada quedó claro que el Estado por fin llegó al corazón del territorio de las Farc. Ahora viene el reto más difícil: conquistar el de la gente.

Las Fuerzas Militares divulgaron que han incursionado en la retaguardia guerrillera y dejado fuera de combate a 328 combatientes, desactivado 174 campos minados e incautado casi 500.000 balas. También anunciaron que arranca la segunda etapa, cuyo objetivo es mantener el control del territorio conquistado y desarticular los frentes guerrilleros.

Como lo demostró la exitosa Operación Libertad I en Cundinamarca, el apoyo de la población civil es fundamental para llegar a los cabezas de la organización. Allí se rompió el cerco de la guerrilla sobre Bogotá y se dio de baja a jefes de las Farc muy importantes como 'Marco Aurelio Buendía' gracias a la colaboración de la gente, que delató la posición de los guerrilleros atrincherados en la montaña.

El problema es que en el sur del país obtener este apoyo será mucho más difícil que en los municipios cercanos a Bogotá. Aún falta una estrategia del Estado coherente y contundente para ganarse a la población, que en últimas es la que inclina la balanza de la guerra en un conflicto interno.

Las dificultades para ganarse a la población donde las Farc han sido la autoridad durante décadas son varias. La principal es que la economía de la mayoría de estos pueblos gira alrededor del negocio de la coca, lo primero que se persigue cuando llegan los soldados.

No sólo muchos campesinos la cultivan sino que gran parte de los negocios legales también viven indirectamente del negocio ilegal. Ya sea porque les venden a los raspachines o porque abastecen a la guerrilla, que envía a sus milicianos vestidos de civil a comprar en efectivo en los supermercados y farmacias de los pueblos víveres, botas, remedios y elementos de aseo, entre otros.

Hasta los profesores y empleados oficiales del municipio indirectamente se ven afectados cuando irrumpe la Fuerza Pública. Una de las primeras acciones de los militares cuando llegan a estos pueblos es controlar la entrada de gasolina y de cemento, dos ingredientes básicos en el procesamiento de la hoja de coca. El problema es que el municipio les paga a los maestros con recursos que obtiene en parte del impuesto sobre la gasolina. Al estar restringida su venta, los ingresos municipales caen, puesto que el combustible que se usa legalmente para el transporte y para cocinar es una mínima fracción de la empleada en los cultivos ilícitos.

"Toda la estructura económica de la región está basada en el narcotráfico. Es obvio que si su sustento puede verse afectado por nuestra presencia, no nos vean como sus amigos", dijo a SEMANA un coronel con varios años de experiencia en el Caguán. Él compara las acciones de la Fuerza Pública, que entra -como se lo exige la ley- a destruir los cultivos ilícitos de los campesinos, con las de la guerrilla, que les regala la semilla de la coca y además se la compra.

En esas zonas, donde el Estado ha sido casi inexistente, la noción de ley también es muy precaria. Por ejemplo, cuando el Ejército decomisó los vehículos que prestaban el servicio público en Campohermoso, en el Caguán (Caquetá), porque carecían de papeles, la gente salió en masa a protestar. Cuando el coronel les explicó que esos vehículos eran robados la gente no entendió. "¿No ve que un vehículo legal cuesta 70 millones de pesos?", argumentaron. "La ley es una imposición lejana", dice este militar.

Es decir que de entrada, en muchos pueblos del sur del país, los militares ya tienen a la población en contra. A esto hay que agregarle la campaña de desinformación montada por las Farc contra el Ejército. Los cuentos de que los soldados violarán a las mujeres, matarán a mansalva a los campesinos y se comerán el ganado forman parte del adoctrinamiento que tienen los habitantes de estos pueblos desde que son pequeños.

Por eso son tan graves hechos como los sucedidos recientemente en Arauca, en el Parque de los Nevados o en Cajamarca, donde soldados -no se sabe bien si por error, por falta de reglas claras de combate o por corrupción- han asesinado a civiles. Tampoco ayudan a construir confianza entre la población los casos de maltrato por militares como los denunciados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Allí, según esta organización indígena, el pasado 16 de agosto un grupo de soldados violentó la puerta de una casa en la zona rural de Toribío, destruyó algunos enseres y dejó insignias de la AUC en las paredes. La guardia indígena rodeó a los militares y los expulsó de la vereda. "Al principio lo negaron, pero después el capitán Rodríguez Ducan del Batallón Pichincha admitió que habían sido algunos de sus hombres", dijo Manuel Santo Potos, directivo de la Acin. Por errores militares también han muerto allí dos civiles.

Los constantes allanamientos, las múltiples requisas diarias y las capturas masivas crean además un distanciamiento entre los soldados y la población de las zonas tradicionalmente bajo influencia guerrillera, que se sienten bajo constante sospecha. Su percepción es fundamentada en la mayoría de los casos, pues pese a que los soldados colombianos han recibido innumerables cursos de derechos humanos y han mejorado considerablemente su récord de cumplimiento del derecho internacional humanitario, en estas zonas se sienten muy amenazados y tienden a sospechar de todo el mundo. Se mueven en un territorio literalmente minado.

"La actitud nuestra frente a los civiles era reactiva, contó a SEMANA un soldado profesional que estuvo en Arauca. Los civiles nos disparaban y uno nunca veía un uniformado. Entonces después de un atentado empujábamos al piso a cualquier civil, lo llevábamos a la estación de Policía a pedir antecedentes y lomanteníamos allá. No los golpeábamos pero sí les decíamos usted es un bandido". Contó que la gente en Saravena era muy desafiante. "Pasaba por el lado y nos decía: huelen a formol, como si ya estuviéramos muertos. Una vez teníamos un soldado herido y tratamos de resguardarnos en una tienda, y la dueña comenzó a empujar al soldado herido con el pie para poder cerrar la puerta y dejarnos por fuera en la calle". Él y sus compañeros sólo cambiaron su actitud frente a los civiles cuando el comandante del batallón contrató la asesoría de una sicóloga, quien les ayudó a ver a la gente con otros ojos. "Cuando cambiamos de actitud también cambió la reacción de la población. El flujo de información se triplicó y la gente por fin tuvo un diciembre en paz", dijo.

La estrategia de los soldados campesinos ha contribuido a mejorar la relación con la población pues la gente los siente más cercanos y los demás militares se apoyan en estos jóvenes para moverse en el territorio, casi siempre desconocido. Las jornadas cívico-miliares y las brigadas médicas son un primer paso para acercarse a la comunidad, pero siguen siendo insuficientes cuando se ha frenado en seco toda la economía ilícita de la que depende la región, sin ofrecer una alternativa real de supervivencia diferente a desplazarse.

"Nuestra estrategia política es demostrar que somos una mejor opción para los campesinos y que vamos a quedarnos a proteger a la población", explicó el viceministro de Defensa Andrés Peñate. "Estamos también coordinando la acción del Estado en la zona". Según Peñate, semanalmente él y el director de la Red de Solidaridad Social se reúnen para coordinar la acción integral del Estado en esas zonas: la llegada de los jueces a todos los municipios, de aviones a sacar a los campesinos que quieren desplazarse de la región porque ya no tienen cómo cultivar coca, y de comida pues hay un serio problema de desabastecimiento por las incautaciones del Ejército y porque sin la pasta de coca no tienen cómo pagar la comida. En Araracuara, también están dotando el puesto de salud. Los médicos y los jueces son un buen comienzo.

La pregunta sobre la estrategia política y civil de la guerra, y en particular del Plan Patriota, sigue abierta. Llegar a las zonas de histórico control guerrillero como el Caquetá o Arauca y criminalizar a la población resulta rentable en detenciones y ofrece algunos resultados operativos de corto aliento. Algo fácil si se considera que allí la sociedad ha convivido con la insurgencia. Pero si lo que se quiere es tejer una institucionalidad y consolidar la autoridad de la ley, la relación del Estado y de las Fuerzas Militares con los pobladores tendrá que ser otra. No solamente ejemplar en el terreno de los derechos humanos sino que comprenda, genuinamente, las raíces de este conflicto y la compleja tarea que tiene por delante. No sólo con plomo sino con inteligencia y una verdadera estrategia política se puede ganar esta guerra.