Garrote vs zanahoria

El ministro de Educación, Francisco José Lloreda, desató una reacción furibunda la semana pasada. Sectores que casi nunca están de acuerdo como los profesores públicos, los colegios católicos y hasta la Uncoli, que agrupa a los colegios internacionales, de manera unánime manifestaron que desobedecerán el recién expedido decreto 230 que reforma el sistema de evaluación de los estudiantes .

Mientras el Ministro dice que la norma busca que los profesores se valgan de más zanahoria y menos garrote para incentivar a los estudiantes a aprender, los educadores alegan que lo único que promoverá el decreto es la vagancia. ¿Quién tiene la razón?

El decreto que tanta ampolla ha levantado establece que a partir de la fecha los establecimientos educativos deben garantizar que por lo menos el 95 por ciento de los estudiantes de cada grado finalicen el año escolar. Es decir, que en un curso de 30 alumnos sólo pueden perder el año máximo dos estudiantes.

Si un niño saca ‘deficiente’ en varias asignaturas no pierde automáticamente el año. Sólo repetiría si una comisión integrada por profesores, un padre de familia y el rector deciden que eso es lo que más le conviene pedagógicamente. De lo contrario, el profesor del área respectiva debe diseñar un programa de refuerzo para que el estudiante supere sus dificultades durante vacaciones y llegue al siguiente año mejor preparado.

Con esto, el Ministerio de Educación quiere que los colegios asuman una mayor responsabilidad en sacar adelante a los alumnos que les confían los padres de familia. “La carga de la prueba de la calidad no debe recaer principalmente en el estudiante sino en la institución educativa”, afirma Lloreda. También aspira a que la motivación para estudiar no resida tanto en el temor a perder el año sino más bien en el goce de aprender.

Argumentos no sólo pedagógicos sino económicos respaldan la norma del gobierno. En Colombia hay 431.000 repitentes que le cuestan al país 326.000 millones de pesos anuales. Con estos recursos se podrían educar uno de cada cuatro niños que hoy no tienen acceso a la educación. “La repitencia es costosa y no resuelve el problema porque los repitentes en cambio de mejorar son candidatos a la deserción y eso crea un problema social”, afirma Jesús Mejía, subsecretario de educación en Bogotá.

Cada año se retiran de los colegios capitalinos —públicos y privados— cerca de 63.000 niños y jóvenes sin culminar el año escolar. Algunos lo hacen por problemas económicos, pero un alto porcentaje por la frustración de haber perdido el año. La mayoría de los que desertan lo hacen para siempre. Y para muchos de los colegios oficiales la calle se convierte en su nuevo espacio de aprendizaje.

La otra cara

Las agremiaciones de colegios privados y Fecode, el sindicato de los profesores públicos, consideran que el decreto 230 lo que demuestra es que el Ministerio está más interesado en que los estudiantes pasen a que aprendan. Creen que la reforma al sistema de evaluación unifica por lo bajo el nivel de las exigencias, restablece la promoción automática que tumbó en el pasado la Corte Constitucional y fomenta la irresponsabilidad y la desidia entre los estudiantes. “Tanto el que se esfuerza como el que no se esfuerza es promovido. No hay un estímulo para una promoción por méritos propios”, dice Blanca Castro, presidenta de Conaced, que agrupa a los colegios católicos.

Ana María de Samper, presidenta de Uncoli, agrega que el tope del 5 por ciento de repitentes impuesto por el gobierno no les parece a las agremiaciones de colegios ni muy alto ni muy bajo, sino francamente absurdo. “Determinar esta aprobación o esta reprobación por decreto no es propio de la pedagogía de la evaluación”, dicen en su comunicado. “¿Qué tal —se preguntan a manera de símil— que por decreto se ordenara que de los enfermos de un hospital sólo se pueden morir cinco entre 100, o, peor, que por la norma se prohíba enfermarse?”.

Además consideran que el Ministro vulneró la autonomía escolar que les reconoce la ley para adoptar sus propias estrategias pedagógicas y metodológicas. Frente a esto el gobierno responde que la educación es un servicio público y que por lo tanto el gobierno está en la obligación de garantizar que responda a las expectativas de la sociedad.

Si se asume que de 100 estudiantes que entran a primer grado en un colegio, un 5 por ciento pierde cada año, al llegar al grado 11, 43 habrán sido repitentes. Es decir, que incluso con ese tope máximo fijado por el gobierno sólo un poco más de la mitad de los alumnos que entran a primero de primaria se graduarían con sus antiguos compañeros. ¿Qué tal que a un hospital se le muera uno de cada dos pacientes que entran a ser curados?

“Uno no trabaja para el fracaso sino para proporcionarle a la persona la posibilidad de llegar a ser”, afirma Jorge Celis, vicerrector del Colegio San Carlos. A pesar de pertenecer a Uncoli, Celis no está de acuerdo con la protesta de las agremiaciones. “La evaluación ha sido utilizada como el garrote. Tenemos que buscar estrategias para tener una educación que cree en los estudiantes incentivos a hacer más”. Explica que el San Carlos, que en las pruebas del Icfes es el colegio mejor ubicado del país en los últimos 10 años, la repitencia no llega al 4 por ciento porque trabajan de la mano de los padres de familia para sacar adelante a los jóvenes de bajo rendimiento.

Los niños que pierden año rara vez lo hacen por mera vagancia. En la mayoría de los casos sacan malas notas por problemas familiares: porque llegan a la casa y no encuentran a nadie que les pregunte cómo les fue; porque los profesores no tienen pedagogías suficientemente atractivas, o porque tienen problemas de aprendizaje. Salvo aquellos que por su edad o inmadurez se beneficiarían con repetir el año, los que pierden sufren un bajón en su autoestima que impide que se superen al año siguiente, dicen los sicólogos consultados por SEMANA. En cambio, si reciben una atención más personalizada recuperan la confianza en sí mismos porque ven que se les abre una oportunidad a pesar de sus falencias.

El problema práctico del decreto es que esa atención especializada se complica cuando un maestro tiene un curso de 48 adolescentes como el que coordina Luis Felipe Rentería, profesor de ciencias sociales de séptimo grado del colegio público Rafael Uribe Uribe, de Ciudad Bolívar. “A veces no queda un espacio para dedicarle el tiempo suficiente a cada niño”, anota este maestro. Dice que el decreto funcionará sólo en la medida en que los padres de familia y los estudiantes se tomen el tiempo de recuperación al final del año con seriedad.

A algunos colegios el decreto también les representará menores ingresos pues los repitentes son, en algunos casos, un buen negocio porque reciben más dinero por el mismo número de estudiantes. Analistas consideran que este factor económico y el temor a asumir la responsabilidad en la calidad de la educación que el decreto 230 deposita en los colegios y por la cual a partir de ahora serán evaluados podrían inspirar en gran parte la protesta de las agremiaciones educativas. Queda en manos de ellos demostrar que no es así. El ministro Lloreda les ha dado plazo hasta el 17 de abril para presentar una propuesta conjunta con el fin de mejorar el decreto 230, que en todo caso rige desde ya. Convocar un equipo de trabajo para hacer las recomendaciones, o una mesa de concertación, como ya han sugerido algunos gremios que será la propuesta, dejaría entre los colombianos la sensación de que la vagancia no es sólo un mal de estudiantes.