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| 8/6/2001 12:00:00 AM

Gato por liebre

El exitoso plan de fuga de las Farc ha logrado que más de 100 guerrilleros de los canjeables vuelvan a empuñar el fusil. ¿Por qué el gobierno no puede hacer nada para impedirlo?

La mañana de la liberación de los soldados y los policías retenidos por las Farc en La Macarena 14 guerrilleros se mantuvieron imperturbables, en formación militar, bajo la intensa lluvia que cubrió el acto. Eran los miembros de la recién creada escuadra ‘Libertad’, conformada por los insurgentes que hasta horas atrás habían estado presos en la cárcel de Valledupar y que fueron entregados por el gobierno a cambio de los militares enfermos. Todos vestían de camuflado y cargaban su fusil al hombro. “Nuestro objetivo es curarnos lo más pronto posible para empezar a luchar por la libertad de todos nuestros compañeros detenidos”, afirmó el guerrillero intercambiado Wilmer Ruiz Manquillo, quien fue nombrado comandante de esa unidad militar.

El episodio no es una anécdota cualquiera. Además de violar el acuerdo del intercambio humanitario firmado el 3 de junio entre el gobierno y las Farc, que establecía que los guerrilleros liberados “no participarían en el futuro en actos de hostilidad”, el grupo subversivo hace evidente a los colombianos y a la comunidad internacional su intención de sacar de las cárceles a sus demás compañeros de lucha.

El día anterior a la liberación de los soldados el ‘Mono Jojoy’ ya lo había dejado claro. “Si hay voluntad podemos seguir con el intercambio. De lo contrario nosotros vamos y sacamos a nuestros hombres”, les dijo Briceño a los periodistas. Pero fue más allá. “Incluso le presenté ayer a Camilo Gómez al comandante que va a organizar la liberación de La Modelo” , agregó en tono triunfalista, tras el exitoso ataque de las Farc a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, tres días antes.

Lo cierto es que desde hace dos años el ‘Mono Jojoy’ había ordenado la fuga de los insurgentes presos, incluyendo los canjeables, de las cárceles del país. Para ello crearon un comité central de fuga que diseñó un plan que desde entonces han venido cumpliendo las Farc paso a paso. A tal punto que desde que ‘Manuel Marulanda’ le pasó al gobierno su lista de 418 canjeables, hace dos años, más de 200 se han fugado de la cárcel o han salido por vencimiento de términos.

La primera fuga ocurrió el primero de abril de 2000 cuando guerrilleros del ELN y de las Farc detonaron un carro bomba frente a un muro de la cárcel Modelo de Cúcuta y se escaparon 74 internos, 16 de los cuales eran canjeables. Un año después, el 17 de abril de este año, las Farc volaron con explosivos una de las paredes externas de la penitenciaría de Florencia (Caquetá), que permitió la fuga de 35 guerrilleros. El pasado 23 de junio 15 guerrilleros se fugaron de La Picota, según el gobierno. Aunque en el parte de guerra de las Farc hablan de 53. Lo cierto es que si el Estado no adopta una política seria de seguridad de las cárceles al final no habrá con quién canjear a los oficiales y suboficiales que siguen en poder de las Farc.



Que buscan las Farc

Para la guerrilla sacar a sus combatientes presos —con canje o sin canje— es un principio ‘revolucionario’ al que no están dispuestos a renunciar. “Claro que harán todo lo posible para sacarlos —dijo a SEMANA una persona que sigue el proceso de cerca y que prefirió el anonimato—, las Farc tienen unos 3.000 guerrilleros en las cárceles. Si logran liberarlos podrían dar un enorme salto cualitativo pues a sus filas llegarían por lo menos unos 30 cuadros en capacidad de organizar y dirigir igual número de frentes”.

Para ‘Marulanda’ la excarcelación de los guerrilleros presos también es fundamental para demostrarles que no los abandonan si caen en combate, es una forma de subirles la moral a sus combatientes. Sobre todo si el rescate de los guerrilleros se produce días antes de que las Farc entregaran a 304 policías y soldados retenidos durante más de tres años. Por eso Joaquín Gómez, en el discurso de ese día, recalcó el que la Fuerza Pública no hubiera ido a rescatar a sus hombres. “Las Farc de manera unilateral y por voluntad propia deciden poner en libertad a 304 servidores de la Fuerza Pública, entre soldados y policías, hechos prisioneros de guerra en combate y olvidados no sólo por el estamento militar sino también por el mismo Estado y la casta política dirigente”, les dijo el guerrillero a los invitados internacionales.

El ataque a La Picota, simultáneamente con la liberación unilateral de los soldados, puso también en evidencia que la obsesión de ‘Marulanda’ con el canje, más allá de un interés por sus guerrilleros, buscaba un hecho político dirigido a avanzar en el reconocimiento de las Farc como fuerza beligerante. No es casualidad que por esos mismos días hubiera circulado desde México un documento hablando del carácter beligerante de las Farc y que entre los países invitados a la entrega de los soldados estuvieran Irán, Irak, Libia y Cuba, naciones que forman parte del eje antiglobalización, del que el presidente de Venezuela Hugo Chávez es uno de sus más insignes exponentes.



¿Y el Estado que?

Una de las cosas más insólitas en esta racha de fugas es que las autoridades tenían información sobre lo que iba a ocurrir en La Picota un mes antes de que sucediera. “Permítome informar que se tiene información que indica que los sindicados de los delitos de rebelión y homicidio, localizados en el patio siete del centro penitenciario de La Picota de Bogotá, adelantan la excavación de un túnel y proyectan una fuga masiva. Tienen armas, herramientas y cuando el citado patio piensa ser registrado el material lo trasladan al patio seis…”, decía un memorando escrito el 4 de mayo por el coronel Gilberto Rocha Ayala, comandante de la Novena Brigada del Ejército, con sede en Neiva. Con estos datos el coronel Miguel Angel Martínez Bonilla, director de la Escuela de Artillería de Bogotá, aledaña a la penitenciaría, informó al día siguiente por escrito a los directores del Inpec, de la Policía y de La Picota los pormenores de la información recibida de Neiva. Dos semanas después, ante los insistentes rumores, la sección de contrainteligencia de la Quinta División del Ejército remitió el memorando 0921, cuyo encabezado decía “intento de fuga”, al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Jorge Enrique Linares, en el cual brindaba nuevos detalles de la inminente fuga.

Con esta nueva información el general (r) Fabio Campos Silva, entonces director del Inpec, tomó medidas para evitar el posible ingreso de armas y municiones. La Policía diseñó un plan para controlar el segundo anillo de seguridad y el Ejército incrementó el pie de fuerza en los alrededores de la prisión. Y, sin embargo, la fuga de casi un centenar de presos se produjo.

Las cabezas de los funcionarios ya comenzaron a rodar. El viernes se produjo el relevo del director del Inpec, el noveno en cinco años. Pero lo cierto es que su reemplazo, el general Víctor Páez Guerra, corre el riesgo de quemarse como todos los anteriores porque el problema penitenciario es tan de fondo que lo que se necesita va mucho más allá de un buen director o un diligente Ministro de Justicia.

El problema carcelario es múltiple y estructural. Para comenzar, durante los últimos 40 años no se construyeron prácticamente cárceles pese a que aumentaron las tipificaciones de los delitos, se alargaron las penas y creció la efectividad de la Policía y el Ejército para capturar delincuentes. Entonces la población carcelaria, que oscilaba en alrededor de 28.000 internos en los años 80, se duplicó en 20 años, con una tasa de hacinamiento cercana al 40 por ciento.

Para agravar esta situación, en los últimos dos años se ha disparado la proporción de población carcelaria representada por guerrilleros y paramilitares. Mientras que en 1998 correspondía —según datos del Inpec— al 1 por ciento hoy es del 7 por ciento. “Es supremamente alta porque son expertos en manejo de armas, explosivos y municiones y las cárceles no fueron diseñadas para tener guerrilleros sino delincuentes comunes”, afirma el general Campos Silva. La guardia tampoco está preparada para manejar estos grupos. Colombia está muy por debajo del estándar internacional de un guardián por cada cinco presos (aquí es de uno por 20 presos, pero en cárceles como La Modelo esa proporción es de un guardia por 60 presos o muchos más cuando acompañan al detenido a testificar en la Fiscalía). Esta desproporción, unida a la falta de capacitación de los guardianes en el manejo de estos internos, se traduce en que su función se limita a custodiar las paredes perimetrales de las cárceles mientras el verdadero poder lo tienen los jefes guerrilleros y paras a través de la corrupción y la intimidación.

Pero el problema no se circunscribe al Inpec. Los jueces de ejecución de penas, encargados de hacerle seguimiento a la situación de los internos, son tan sólo 75 para una población carcelaria de 54.026. La Defensoría Pública es inoperante, lo que hace que reos que han debido salir hace años sigan tras las rejas. La política criminal del país ha sido episódica e improvisada, privilegiando siempre la privación de la libertad como recurso para combatir la delincuencia, sin que se haya traducido en que muchos de los autores de los delitos graves, como secuestro, terrorismo y narcotráfico, estén en las cárceles.

Quizá los últimos episodios de La Picota y La Modelo, que demuestran que el conflicto armado también se está definiendo en las cárceles, sirva para que el Estado asuma con seriedad este problema. El manejo de guerrilleros y terroristas presos está inventado en otros países como Inglaterra y España. El plan de fuga de las Farc está anunciado. Y pronto vendrá el de los paramilitares. Por eso es hora de que el gobierno deje de echarse culpas y coja el toro por los cuernos de una vez por todas. Y no esperar a que en seis meses vuelva a rodar la cabeza del nuevo director del Inpec.
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