Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2001/03/19 00:00

General condenado

El caso del general Uscátegui ilustra lo difícil que es condenar a alguien por omisión y no por acción.

General condenado

El pais esta polarizado en torno a la condena del general Jaime Uscátegui. La izquierda celebra lo que considera un hito histórico en la defensa de los derechos humanos. La derecha, indignada, registra un exceso más del síndrome de las ONG.

La verdad es que el caso es bastante complejo. Pues juzgar a alguien por omisión es muy diferente que juzgarlo por acción. El delito que se imputa es prevaricato por omisión porque no actuó frente a dos oficios que le llegaron a su despacho el 15 de julio de 1997. Estos se referían a que en Mapiripán, Meta, habían llegado unos paramilitares de evidente peligrosidad que amenazaban a la población. El primer oficio describe la situación así: “Hay presencia actual de unos 60 hombres, armados con fusiles AK-47 y fusiles Fall, tienen acento costeño y paisa, concluyo que son paramilitares venidos de Urabá (sic)”. ... “considero yo que si los paras han venido desde tan lejos, no ha sido para deleitarse con el paisaje. Pronostico que en los próximos días una serie de matanzas y asesinatos entre los pobladores de la ciudad. (sic)…”.

El firmante del oficio, el mayor Hernán Orozco Castro, termina su comunicado recomendando “se adelante una operación rápida y sorpresiva sobre Mapiripán”. Exactamente cuatro días después de la llegada de esa advertencia profética tuvo lugar la masacre de Mapiripán, en la cual aparecieron cuatro cadáveres y fueron denunciados 46 desaparecidos.

Ante lo contundente del texto en cuestión la defensa del general Uscátegui se ha centrado en dos puntos. El primero es que inmediatamente después de ese oficio llegó otro del mismo mayor Orozco mucho más ambiguo, lo cual creó una confusión. El otro punto de su defensa es que la VII Brigada, comandada por él, no tenía jurisdicción sobre el municipio de Mapiripán desde hacía más de un año. Esta responsabilidad había sido asignada a la Brigada Móvil Antiguerrilla Dos.

El problema con esta parte de la defensa es que el propio comandante de la Brigada Móvil Dos era el mayor Orozco Castro, quien fue la persona que le envió el oficio a Uscátegui pidiéndole que interviniera en Mapiripán. Si estaba haciendo esta recomendación es difícil entender cómo Uscátegui no tenía jurisdicción sobre la zona. El general, sin embargo, ha producido varios documentos para demostrar que no hay claridad sobre quién era el jefe militar en esa región.

Nadie acusa a Uscátegui de estar vinculado a los paramilitares, ni de terrorismo ni de secuestro ni de homicidio. Lo acusan solamente de no haber hecho nada. Su defensa es que esa era una zona guerrillera de las Farc y le parecía inverosímil que los paramilitares llegaran hasta allá. Por otro lado nunca había tenido lugar una masacre paramilitar en esa región y no había cómo anticiparla.

En resumen, hay un aspecto a favor de Uscátegui y uno en contra. En un país donde todo el mundo dice que lo van a matar es difícil proteger a toda la gente. La mayoría de advertencias de esa naturaleza generalmente no se cristalizan. Sin embargo el oficio de Orozco que pronosticaba lo que iba a pasar era demasiado concreto. Y teniendo en cuenta que era de un mayor a un general no se le puede dar el mismo peso que a una llamada telefónica anónima.

Por último vale la pena afirmar que si bien la masacre fue monstruosa, el prevaricato por omisión no es un delito de enorme gravedad y es por eso que la condena al general no es de 25 años de cárcel sino de 40 meses. La condena puede ser justa o injusta pero no se puede alegar ninguna persecución. Al fin y al cabo quienes condenaron a Uscátegui fueron sus propios colegas militares, pues su caso es el primero en la historia contemporánea en el cual un general es condenado por la justicia penal militar.

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