Jueves, 18 de septiembre de 2014

| 2013/06/12 00:00

Generales condenados serían degradados

Tras la polémica por el ascenso del general Francisco Patiño, un proyecto de ley pretende “deshonrar” oficiales.

Estas propuestas fueron incluidas por el senador Manuel Virgüez en un proyecto de ley. Foto: León Darío Peláez. / SEMANA.

El Congreso tiene intenciones de no volver a pagar los platos rotos si aprueba el ascenso de un oficial de la fuerza pública cuestionado por la justicia.

El Senado pasó por la vergüenza de ascender a general a Mauricio Santoyo, condenado posteriormente en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico y los paramilitares. Esta semana fue cuestionada la promoción del general Francisco Patiño, a pesar de tener una investigación preliminar (y no una vinculación formal) por el caso de un “falso positivo urbano”, como definió el fiscal general el homicidio del grafitero Diego Felipe Becerra.

En adelante, el mismo Senado se encargaría de degradar a los oficiales ascendidos si resultan afectados en una condena de la justicia ordinaria o de la justicia penal militar, como en la caso Santoyo. Además tendría la facultad de aplazar los ascensos cuando haya “dudas jurídicas” y sólo se concederían cuando la justicia despeje cualquier manto de duda, como podría suceder en el caso del general Patiño.

Estas propuestas fueron incluidas por el senador Manuel Virgüez en un proyecto de ley que a partir de la próxima semana será discutido en la Cámara de Representantes.

La propuesta pretende que para el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas se estipule una pena accesoria a las condenas de la justicia ordinaria o la justicia penal militar. Dicha condena política incluye el retiro del uso del uniforme y los distintivos oficiales y la devolución de medallas o condecoraciones que dicho oficial haya conseguido durante toda su carrera. La propuesta también incluye retirar la asignación salarial.

Además, así como el ascenso se concede en una ceremonia pública, el Senado propone que la degradación y la indignidad también se apliquen en actos públicos y con similar publicidad.

“Hoy el Congreso no tiene más caminos que aprobar o improbar un ascenso, y tiene que asumir un costo político sobre la conducta del oficial beneficiado con el grado”, explica Virgüez.

Dicha condena política sería dosificada dependiendo de la gravedad de los hechos por los que haya sido condenado determinado oficial, por ejemplo, delitos de lesa humanidad o violación de Derechos Humanos tendrían una mayor sanción. Uno de esos castigos es bajar al oficial sancionado hasta el grado que ostentaba en el momento en que cometió sus conductas punibles.

Pero además, Virgüez y la senadora Alexandra Moreno proponen crear la figura del aplazamiento de los ascensos, por dos causales concretas: dudas jurídicas y conveniencia política. De esta forma, el Senado quedaría salvaguardado para promover un ascenso sólo cuando la justicia clarifique la situación jurídica del oficial. Si esta figura hubiera estado en la ley, el Senado tendría la facultad de aplazar el ascenso de Patiño hasta que hubiese una decisión de archivo de la investigación preliminar que actualmente afronta.

Estas dos propuestas fueron tramitadas después de la controversia en la que se convirtió el ascenso del excomandante de la Policía de Bogotá y serán analizadas por la Cámara de Representantes, quien tiene en sus manos la reforma al procedimiento de los ascensos a oficiales de la fuerza pública y las Fuerzas Militares.

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