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| 6/27/2015 10:00:00 PM

Generales en la mira por falsos positivos

Se pensaba que se trataba de unas ‘manzanas podridas’ del Ejército. Pero con el informe de Human Rigths Watch algunos generales estarían involucrados.

En la historia reciente del país pocos crímenes son tan impresionantes como los llamados falsos positivos. Por más que el término se haya vuelto común, es difícil asimilar que soldados hayan asesinado a sangre fría a centenares de civiles inocentes en todo el país a cambio de prebendas como permisos, medallas o simplemente por mejorar estadísticas de rendimiento por número de supuestos guerrilleros muertos.

Hoy todo el mundo está de acuerdo con que se trató de una horripilante práctica que se desarrolló durante varios años. Sin embargo, durante largo tiempo todo el debate giró en torno a si se trató de hechos que ocurrieron de manera individual, en donde soldados de manera aislada cometieron crímenes a cambio de beneficios, o si se trató de una práctica generalizada.

La semana pasada el debate volvió a resurgir con fuerza por cuenta de un duro informe de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Se trata de un documento de 112 páginas titulado El rol de los altos mandos en los falsos positivos, evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército por ejecuciones de civiles.

El documento se enfoca en recopilar casos que demostrarían que por acción o por omisión un numeroso grupo de generales tuvieron relación con esas ejecuciones extrajudiciales. “Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, el miércoles de la semana pasada durante la presentación del informe. “No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.

Anticipándose a la presentación del informe de HRW, en donde también hay algunas críticas al papel de la Fiscalía, el ente acusador anuncio el martes que citó a entrevista a cuatro generales retirados para responder por su responsabilidad en falsos positivos. Se trata del excomandante del Ejército Mario Montoya; Ricardo Bernal Mendiola, excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta; Jorge Salgado Restrepo, jefe de planeación y transformación del Ejército; y Henry Torres Escalante, excomandante de la Quinta División. Estos cuatro altos oficiales hacen parte de la lista de 19 generales, 15 de ellos retirados, que aparecen mencionados en el documento.

Las reacciones del gobierno ante el informe de la ONG no se hicieron esperar. El presidente Juan Manuel Santos, el nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, salieron a cuestionar el informe con diversos calificativos al tiempo que anunciaban su respaldo a algunos militares mencionados. Especialmente, porque dos de los señalados en la investigación son el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, y el jefe del Ejército, general Jaime Lasprilla.

El mismo día de la presentación del informe, estos dos generales presentaron certificaciones de la Fiscalía y la Procuraduría según las cuales ellos no están siendo investigados por temas relacionados con falsos positivos.



¿Crimen de lesa humanidad?

El informe deja claro que esta macabra práctica no fue aislada y que duró por lo menos cuatro años; que a ella contribuyeron políticas institucionales que daban incentivos en dinero o tiempo de descanso a quienes presentaran bajas; y que hubo excesiva –y por tanto sospechosa– falta de control en las órdenes de operaciones, de inteligencia y de recursos.

“Más de 180 unidades tácticas adscritas a prácticamente la totalidad de las brigadas del Ejército, que operaban bajo cada una de las divisiones, presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales en 27 de los 32 departamentos de Colombia, según datos de la Fiscalía”, afirma el informe.

A pesar de que el escándalo estalló hace más de siete años y que han sido condenados 815 militares por estos casos, hasta hace dos meses solo había en prisión cinco oficiales con el rango de coronel como responsables de estos hechos. A comienzos de mayo pasado otros cinco coroneles fueron arrestados por la Fiscalía. Se trató de un caso inédito pues los detenidos básicamente conformaban toda la cúpula del Batallón Pedro Nel Ospina, de Medellín, que a pesar de ser una unidad de ingenieros quedó en los años 2006 y 2007 como el batallón con el mayor número de muertos en combate en todo el país. Estos coroneles están señalados de 71 ejecuciones en tan solo un año.

El punto central del informe es que a pesar del abundante material que existe, testimonios, confesiones, estadísticas, informes, entre otros, nunca se avanzó en determinar la responsabilidad de los generales. Algo que no solo HRW ha cuestionado sino que ha sido un reclamo permanente desde hace años por parte de las víctimas y otros sectores. “Algunos de los comandantes de 11 brigadas posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de mando militar”, dice HRW y señala el ejemplo de las 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el periodo en el cual el general retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008. También menciona 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa misma brigada durante el periodo en el cual el general retirado Óscar González Peña estuvo al mando. Este también fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010.

HRW pone el dedo en la llaga al afirmar, en diferentes apartes, que el modus operandi y la sistematicidad como ocurrieron las ejecuciones en diferentes lugares del país hacían prácticamente imposible que los comandantes y los altos mandos no participaran o por lo menos estuvieran enterados de lo que estaba ocurriendo.

Este es un punto crítico porque ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, en la observación que le hace a Colombia, ha señalado que hay indicios de sistematicidad en la comisión de falsos positivos en algunas brigadas. Ello es importante porque eso lo convertiría en un crimen de lesa humanidad de carácter internacional y en consecuencia en la órbita de la corte, si es que la Justicia colombiana no llega a establecer las máximas responsabilidades. Si bien la Justicia está actuando y juzgando a muchos de ellos, lo que justamente señala HRW es que no se ha llegado al fondo del problema ni a develar cómo funcionaba todo el sistema de muerte, o si se trató de una política oficial.

Esto tiene mucho que ver con lo que actualmente se discute en La Habana, donde gobierno y guerrilla intentan concertar un modelo de justicia transicional para juzgar a los responsables de los actos más atroces cometidos durante la guerra. La propuesta del gobierno, contenida también en el Marco Jurídico para la Paz, es que se juzgue solo a los máximos responsables.

Aunque Vivanco ha sido un ácido crítico de este Marco Jurídico y rechaza de plano que las medidas de justicia transicional que se discuten en La Habana lleguen a beneficiar a militares involucrados en estos casos, su informe les da un campanazo a los militares para acogerse a la fórmula que salga de la Mesa de Conversaciones, que en todo caso sería más benévola que la justicia ordinaria o una corte internacional.

La pregunta es si hechos tan graves como estos quedarían cobijados por un manto de impunidad, en nombre de la paz, como teme Vivanco. O si por el contrario el proceso de paz permitirá saber toda la verdad sobre cómo fue que se llegó a generalizar una práctica tan macabra, en nombre de la guerra, de la seguridad y el Estado.
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