Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2005/06/05 00:00

Genocidio político

En los últimos 20 años las Farc han asesinado en el Caquetá a más de 100 líderes,la mayoría liberales.

Con el asesinato en diciembre de 2000 del congresista Diego Turbay, su madre Inés, y toda su escolta, las Farc lograron el objetivo de aniquilar a sus más enconados enemigos políticos. Los crímenes políticos no han dado tregua.

En Caquetá se necesita coraje para presentarse a cualquier cargo de elección popular. Durante los últimos 20 años las Farc han asesinado a más de 100 líderes. Paradójicamente, este es un genocidio político solo comparable con el que sufrieron los militantes de la Unión Patriótica (UP). El hecho más reciente, la masacre de los concejales de Puerto Rico, demuestra que las Farc tienen en su mira a la clase política. O lo que queda de ella en el Caquetá.

El baño de sangre se inició a finales de los 80, en la primera elección popular de alcaldes. Las Farc acababan de romper la tregua pactada con el presidente Belisario Betancur y la violencia estaba golpeando duramente a los líderes de la UP. Historiadores afirman que la guerra contra los comunistas se inició como una retaliación de Gonzalo Rodríguez Gacha 'El Mexicano' y Leonidas Vargas porque el frente 14 de las Farc asaltó una caleta de coca. Raúl Reyes era entonces concejal de El Doncello, Iván Márquez de Florencia, y Joaquín Gómez un reconocido profesor de la Universidad de la Amazonía. A la guerra sucia contra sus aliados políticos, las Farc respondieron con una guerra abierta contra los liberales. Especialmente contra la estirpe de los Turbay, familia que tuvo la hegemonía política en la región durante varias décadas.

La primera víctima de este genocidio fue el capitán retirado de la Fuerza Aérea, Gustavo Artunduaga, un hombre de 70 años que se daba como seguro ganador de la alcaldía de Florencia. Esa misma semana fueron asesinados los candidatos a la alcaldía de Puerto Rico, Natalia Mejía, y de Paujil, Honorio González. Pocos meses después el presidente de la Asamblea, Angel Ricardo, hizo un memorable debate contra las Farc, que le costó la vida. "Cada vez que mataban a uno de la UP, las Farc mataban un liberal", dice un dirigente político de la zona. En 1990 ya eran 44 los políticos liberales que habían muerto. Hubo un corto período de calma chicha hasta que en 1994 a muchos caqueteños les llegaron noticias de las Farc. En una carta dirigida a los políticos informaban que estaban creando un movimiento clandestino: el Movimiento Bolivariano. No volverían a participar en elecciones abiertamente, pero el mensaje era que se infiltrarían en los movimientos tradicionales. O simplemente les impondrían sus reglas.

El panorama de la violencia política de Caquetá se había complicado aún más. El 6 de mayo de 1995 las Farc le tendieron una celada al representante a la Cámara Rodrigo Turbay y lo secuestraron en Paujil. Dos años más tarde el cuerpo del congresista apareció flotando en las aguas de un río caqueteño. En ese período el gobernador del Caquetá de ese entonces, Jesús Ángel González, también fue asesinado. Era la primera vez que un grupo armado mataba a un gobernador electo popularmente. Según algunas versiones, González estaba abogando por la liberación del representante a la Cámara. Inés Cote de Turbay, madre de Rodrigo Turbay, denunció que un grupo al que llamó "las hienas" habría pagado a las Farc para que mantuvieran en cautiverio a su hijo. Meses después tres importantes políticos del Caquetá serían detenidos e investigados por ese hecho: el hasta ese momento turbayista Paulo Adriano Muñoz, el diputado Andrés Páez y el dirigente de la UP Boris Cabrera. Posteriormente todos fueron exonerados. Después de estos hechos, Muñoz fue elegido gobernador con la más alta votación en la historia del Caquetá y Páez fue asesinado en enero de 2001.

Pero la persecución política era implacable y se extendió a otros familiares, amigos y empleados. Tres directores y dos periodistas de la emisora La voz de la Selva, propiedad de la familia Turbay, murieron como producto de este exterminio que estaba lejos de terminar. Diego Turbay había sido elegido como representante a la Cámara, desobedeciendo la orden perentoria que dieron las Farc de que nadie se inscribiera para las elecciones. El congresista, de 31 años, fue uno de los más críticos de los abusos que se estaban cometiendo en la zona de distensión de El Caguán durante el gobierno Pastrana. No obstante se había hecho elegir como presidente de la Comisión de Paz de esa corporación, pues apoyaba la solución política al conflicto. De poco le valió. El 29 de diciembre del año 2000 fue fusilado, junto con su madre, sus escoltas y un amigo, en la vía Florencia - Puerto Rico, municipio al que asistiría para la posesión del alcalde, José Lisardo Rojas. Éste último también fue asesinado. Y meses después su sucesor, John William Lozano, corrió la misma suerte. El proceso por el asesinato de Diego Turbay sigue abierto, pero siete taxistas que presenciaron la masacre han sido asesinados, uno por uno. Con estas muertes las Farc habían cumplido con su cometido. El turbayismo desapareció de la faz del Caquetá. Ya no había un grupo político hegemónico, sino un abanico de movimientos y candidatos que se tornaron en el nuevo blanco de los guerrilleros. Y las alianzas de las Farc se hicieron más siniestras. Por ejemplo, en el año 2002 un grupo, al parecer de la delincuencia común, secuestró al padre del representante a la Cámara Luis Antonio Serrano. Dos semanas después las Farc entregaron su cadáver sin que se sepa con exactitud las circunstancias de esta muerte.

Una vez roto el proceso de paz, las Farc prohibieron la presencia institucional y del Estado en todas sus zonas de influencia y tienen amenazados a todos los funcionarios públicos y a la clase política. Su promesa es continuar con el genocidio que empezaron hace dos décadas y que según el congresista Luis Fernando Almario ha cobrado la vida de más de 20 concejales, 10 alcaldes, dos diputados, cinco congresistas, un gobernador y cerca de 100 líderes políticos. Un triste récord que le deben a la columna Teófilo Forero, y a los frentes 14 y 15. "En Caquetá el Partido Liberal ha tenido tres veces más muertos que la UP", asegura el abogado caqueteño Alirio Calderón. De hecho, los dos representantes a la Cámara por este departamento, Almario y Serrano, han sufrido atentados serios por parte de las Farc.

Después de una historia de sangre como esta, el futuro es más que inquietante. ¿Logró el Movimiento Bolivariano desde la clandestinidad infiltrar como se proponía la vida política e institucional? Varios dirigentes políticos consultados por SEMANA coinciden en que las Farc han logrado en alguna medida su objetivo. En ocasiones presionando a los funcionarios, y en otra intermediando en las pugnas entre diversos sectores políticos. Y lo que es más grave aún, incidiendo en decisiones como la inversión y el presupuesto de los municipios. Pero si bien muchos funcionarios han tenido que pasar por el bochorno de acudir a las citas que les ponen las Farc, y muchos nunca regresaron, las épocas en que la guerrilla imponía su criterio parecen estar terminando.

En el caso de la masacre contra los concejales de Puerto Rico, una de las hipótesis que estudian las autoridades es que las Farc estuvieran "castigando" a un concejo que le puso talanqueras a la posibilidad de que se desvíen dineros del municipio hacia contrataciones fantasma. Prueba de que los concejales estaban buscando la transparencia, era la decisión de grabar en video todos sus debates y transmitirlos por el canal local de televisión.

Más inquietantes aún resultan los indicios que señalan la existencia "de un proyecto estratégico político y militar" que según el representante Almario se estaría concertando entre sectores del narcotráfico (paramilitares) y guerrilla. Para muchos en el Caquetá, es claro que las Farc, en particular el frente 14, ha constituido desde hace cuatro o cinco años una red de intermediarios para la venta de coca. Existen versiones sobre pactos económicos entre guerrilla y paramilitares, para la comercialización de la droga, similares a los que existen en Nariño, donde las autoridades comprobaron que 15 toneladas de pasta de coca incautadas eran un negocio conjunto de Farc y paramilitares.

Así como en Puerto Rico se cometió uno de los peores atentados contra la institucionalidad en las narices de la Policía y el Ejército, es posible que este "nuevo enemigo" se esté incubando justo en el territorio donde se libra la más ambiciosa operación militar para derrotar a las Farc: el Plan Patriota.

Hasta ahora la muerte de dos concejales y el secretario de gobierno en San Vicente del Caguán, y de seis concejales en Puerto Rico en lo que va corrido de este año, dejan la amarga sensación de que si no se fortalece el Estado en el nivel local, las Farc seguirán intentando controlar la vida política del Caquetá. Ya no sólo con sus frentes guerrilleros, sino con su Movimiento Bolivariano, y con los dineros del narcotráfico. Y con el genocidio político.

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