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| 12/8/2016 3:14:00 AM

“En 5 días, justicia indígena podría condenar al asesino de Yuliana”

El congresista indígena Germán Carlosama dice que si la justicia ordinaria dilata el proceso contra Rafael Uribe Noguera, la jurisdicción indígena lo condenaría a 60 años de prisión. Polémica propuesta.

En la tarde de este miércoles, el cuerpo de Yuliana Andrea Samboní, la niña de 7 años cuyo crimen conmovió y sacudió al país, llegó a Popayán. Penúltima escala antes de su sepelio, preparado en el lugar donde nació, el pequeño y desconocido municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, donde, al igual que Yuliana, la mayoría de sus habitantes lleva sangre indígena.

Juvencio y Nelly, sus padres, habían abandonado el pueblo, desplazados por el conflicto, para buscar mejor suerte en Bogotá para sus hijos, y el que viene en camino. Pero tuvieron que regresar con la tragedia en el rostro. Al hacerlo recibieron el saludo fraterno y solidario de sus paisanos.

Mientras las demostraciones de consuelo se producían, también las de indignación. Una de las manifestaciones que recibieron fue la de un dirigente indígena, el congresista Germán Carlosama, del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, se pronunció para reclamar justicia, al advertir que si la jurisdicción ordinaria dilata el juicio al violador Rafael Uribe Noguera, la jurisdicción podría reclamar el caso, e impartir justicia bajo sus códigos.

“Como pueblos indígenas, y en virtud del artículo 246 de la Constitución que nos faculta ejercer nuestra propia justicia, podríamos analizar la posibilidad de que el crimen de Yuliana sea remitido a la jurisdicción especial indígena”, le dijo Carlosama a Semana.com.

El congresista recordó que hace apenas una semana el Consejo Superior de la Judicatura determinó que un caso de jurisdicción ordinaria debía ser de conocimiento de la justicia especial indígena, y que ante una solicitud en este sentido podría fallar de la misma manera.

Sin embargo, es un tema complejo. La competencia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena ha generado varios ‘choques’ entre las altas cortes.

A finales del año pasado, la Corte Suprema anuló todo lo actuado en el proceso contra Helmer Augusto Tapasco, un profesor de informática indígena, que fue condenado por actos sexuales abusivos en contra de tres niños de 11 y 12 años en Ríosucio (Caldas).

Al dirimir un conflicto de competencias, este alto tribunal hizo un llamado de atención al Consejo Superior de la Judicatura por haber ordenado que el caso se resolviera en la justicia ordinaria con el fin de proteger el interés superior del menor, pero ignorando la diversidad social protegida en la Constitución.

La Corte Suprema, en su decisión, defendió la autonomía de los pueblos indígenas, y en el caso particular del Resguardo Nuestra Señora de la Candelaria, su capacidad para investigarlo y sancionarlo. “El resguardo al que pertenece cuenta con un sistema de justicia que propende por los derechos de las víctimas menores integrantes de su colectividad”, dijo la corte en aquel caso.

Además, son varias las sentencias de la Corte Constitucional en donde advierte que si bien se deben salvaguardar los derechos de los menores, su protección no se ve desconocida por el hecho de que sea la justicia indígena la que asuma el conocimiento de estos casos.

¿Podría suceder lo mismo en el caso de Yuliana? Según explica Carlosama, “se podría analizar en ese contexto, judiucializar a este individuo por tratarse de una víctima indígena”.

Además, el congresista asegura que la jurisdicción indígena es más pronta que la ordinaria, y allí este caso no tendría dilaciones. “En una audiencia que no duraría más de cinco días se le podría imponer una pena ejemplarizante, de hasta 60 años de prisión”.

Aclara que eso no significa que Rafael Uribe Noguera, en caso de ser sentenciado en ese juicio, tuviera que cumplir su condena en uno de los lugares de reclusión indígenas. Dice que se coordinaría con el Inpec su traslado a un penal ordinario, pero que cumpla la sanción que la justicia indígena determine.

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