La batalla de Navas para reducir el poder del procurador

Los ecos por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, no terminan. A la decisión de la Registraduría Nacional de validar las firmas para la revocatoria y de que el mandatario anunciara desde Washington que está listo: “Vamos a las urnas”, se sumó una iniciativa presentada por un parlamentario que quiere quitarle el poder de destituir e inhabilitar al procurador general.

Germán Navas Talero, parlamentario perteneciente al Polo Democrático, antiguo partido del alcalde Petro, presentó el proyecto de ley que en un solo artículo busca limitar las facultades del procurador para destituir funcionarios elegidos mediante voto popular.

El proyecto, presentado para que sea discutido a partir del siguiente semestre legislativo, pretende incorporar en la ley colombiana que sólo un juez penal sea el que les pueda quitar los derechos políticos a los funcionarios.  

El artículo que reforma la ley se basa en lo establecido por la tan citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indica que no se pueden quitar los derechos políticos, entre ellos, el de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

La idea de la reforma nació del propio Gobierno de boca del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. El alto funcionario dijo que era necesaria una reforma a los poderes del procurador, entre otras razones, porque no había una segunda instancia para los fallos disciplinarios. El vicepresidente Angelino Garzón también solicitó la revisión de este sistema de sanción.  

La iniciativa nace tras la sanción del alcalde Gustavo Petro, quien fue destituido e inhabilitado para ejercer por 15 años cargos públicos debido a la crisis de la basura que se presentó en diciembre del 2012.

En manos del Congreso, quien reeligió al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, quedó el cambio para restarle el poder disciplinario al procurador.