Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1995/09/18 00:00

GIRO A LA DERECHA

En medio de la crisis, Samper busca consolidar el respaldo de empresarios y militares con conmoción interior y medidas represivas.

GIRO A LA DERECHA

NUNCA COMO AHORA LA dirigencia empresarial colombiana había sido convocada al palacio presidencial con tanta frecuencia. Una y hasta dos veces por semana los líderes gremiales y los grandes cacaos de la empresa privada se ven obligados, algunos con satisfacción y otros con evidente molestia, a apretujarse en las insuficientes sillas del recinto del consejo de ministros o del salón de Gobelinos. La última vez fue el miércoles 16 en horas de la tarde, cuando un centenar de dirigentes y funcionarios públicos escuchó las palabras del presidente Ernesto Samper, por medio de las cuales el gobierno anunció la primera declaratoria de conmoción interior de esta administración.
El anuncio había estado precedido por rumores salidos de la propia Casa de Nariño sobre el alcance represivo de las decisiones y la posibilidad de una nueva y profunda crisis ministerial, destinada a conformar un gabinete de unidad nacional. Al terminar la jornada, que aparte del discurso presidencial incluyó una rueda de prensa de los ministros del Interior, Horacio Serpa, y de Justicia, Néstor Humberto Martínez, quedó claro que lo del cambio ministerial no era todavía y que su anuncio extraoficial había estado destinado más bien a aumentar las expectativas en torno del discurso del Presidente.
Lo que sí resultó cierto fue la dureza de las medidas. Hace pocas semanas, en medio de las más generosas ofertas del presidente Samper a la guerrilla para iniciar el diálogo, nadie hubiera apostado que, pocos días después de cumplir su primer año de gobierno, el jefe del Estado iba a darle vía libre a decisiones tan draconianas. Según lo expresado por Serpa y Martínez, las facultades que el estado de excepción le otorga al gobierno serán utilizadas para, entre otras cosas, castigar con entre 50 y 60 años de prisión la creación y dirección de organizaciones criminales, tanto de narcotráfico, como de guerrilla, secuestro, terrorismo, robo de vehículos, criminalidad callejera, etcétera, la sanción de entre ocho a 15 años de prisión a quienes presten servicios profesionales que ayuden a esas organizaciones a delinquir; la creación de un equipo investigativo de elite para perseguir las fuentes de financiación de la guerrilla, congelar sus cuentas bancarias en Colombia y en el exterior y expropiar sus bienes; el aumento de seis meses a 15 años de la pena para el delito de fuga de presos; el procesamiento, en ciertos casos, de los menores entre 14 y 18 años de edad como si se tratara de adultos. El gobierno anunció también el nombramiento de un zar antisecuestro que coordine las acciones contra este delito. Al final de la semana, el Ejecutivo comenzó a divulgar los primeros decretos, que no hicieron más que confirmar que el denominador común era la mano dura, tal como podía verse en decisiones como la de anticipar para este año una importante tajada del presupuesto militar de 1996.
A pesar de las críticas que surgieron casi de inmediato en el sentido de que el gobierno estaba tendiendo una cortina de humo sobre la crisis actual originada en las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial, la verdad es que las medidas como tales fueron muy bien recibidas, en especial en los sectores desde los cuales tantas críticas habían surgido semanas atrás a la mano tendida del gobierno a la guerrilla.

LA SUERTE JURIDICA
Pero si bien no parece haber duda en amplios sectores de la opinión en el sentido de que las medidas son buenas, apenas unas cuantas horas después de ser anunciadas surgieron los primeros cuestionamientos de orden jurídico. "No por buenas, las medidas son necesariamente constitucionales", le dijo a SEMANA una fuente cercana a la Corte Constitucional .
En efecto, tanto la declaratoria de la conmoción interior como los decretos de excepción que se expidan mientras ésta dure serán sometidos automáticamente a control constitucional en los próximos días. Las medidas serán analizadas una por una en un proceso que debe durar cerca de dos meses, y es previsible que unas corran con mejor suerte que otras. La primera que ha despertado dudas es el aumento de penas, pues en el pasado la Corte Constitucional consideró que esta medida no podía ser tomada por vía distinta de una legislación aprobada por el Congreso de la República. En declaraciones a SEMANA, el ministro de Justicia, Néstor Humberto Martínez, contradijo esa tesis y explicó que "la Ley estatutaria de los Estados de Excepción, prevé en su artículo 44 que esta clase de medidas sí se puede adoptar en el marco de una conmoción interior, y lo que sucede con el fallo anterior es que fue proferido antes de la aprobación de esta ley".
Aún así, algunos constitucionalistas aseguran que el artículo 213 de la Carta, que determina cuándo y cómo debe dictarse la conmoción interior, permite deducir que en ningún caso las medidas adoptadas en el marco de la conmoción podrán tener consecuencias que rebasen, en el tiempo, la duración de ésta. Como se sabe, el estado de excepción ha sido dictado por 90 días, que podría prorrogarse por 90 más. Y si se está hablando de penas de 60 años, parecería evidente que éstas rebasan el marco temporal de la conmoción.
Sin embargo, incluso si los decretos dictados en el marco de la conmoción sobreviven constitucionalmente, antes de que ello ocurra puede suceder que la propia declaratoria del estado de excepción se caiga en la Corte Constitucional, con lo cual todos los decretos se irían inevitablemente al suelo. ¿Por qué podría caerse la declaratoria de la conmoción? Básicamente porque el alto Tribunal considere que no es clara la conexidad entre las causas que generan la inestabilidad que vive el país y las medidas tomadas para remover esas causas.
El artículo 213 de la Constitución establece que el gobierno podrá declarar la conmoción interior en los casos de "grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana... ". Y agrega el citado artículo que por medio de la declaración de conmoción, el Ejecutivo "tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos". Lo anterior quiere decir que el estado de conmoción no puede ser utilizado para expedir decretos que no estén dirigidos a controlar las causas de la grave perturbación que origina la declaratoria.
Por eso es presumible que, antes de cualquier análisis, la Corte Constitucional se pregunte, ¿cuáles son las causas de la perturbación que experimenta en estos días Colombia? Lo que hay detrás de lo que los medios, los dirigentes gremiales y políticos, e incluso algunos altos funcionarios del gobierno han llamado la "grave crisis institucional", es ante todo el debate jurídico y de opinión en torno de las investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral del actual Presidente. Es decir que las causas de la perturbación tienen que ver con un proceso judicial que va a tardarse aún muchos meses en llegar a su fin, y difícilmente el gobierno puede enfrentar esas causas con una declaratoria del estado de conmoción interior.
Obviamente, esas no son las causas aludidas por el gobierno para la declaratoria del miércoles. Por el contrario, el Ejecutivo planteó que la perturbación estaba relacionada con fugas y amenazas de fuga de importantes presos de la guerrilla y el narcotráfico, con una ofensiva guerrillera y con la imposibilidad de controlar las acciones de la delincuencia común. Y aunque no hay duda de que cualquiera de los anteriores problemas es gravísimo, lo cierto es que ninguno tiene mucho de nuevo. La situación carcelaria es tan delicada como lo viene siendo desde hace años. Lo mismo la de la guerrilla y la delincuencia común. Por eso es que incluso las más optimistas fuentes gubernamentales son conscientes de que, para el gobierno, la gran batalla jurídica ante la Corte Constitucional va a ser la de demostrar que sí hay relación entre las causas de la crisis y las medidas adoptadas para enfrentarla.

LA APUESTA
Pero aparte de las consideraciones jurídicas, las decisiones tomadas la semana pasada por el gobierno enfrentan a Samper con una difícil apuesta política. Desde el inicio de su carrera, hace ya más de década y media, el actual mandatario se perfiló como un hombre de centro izquierda, amigo de la inversión social, de la concertación entre ricos y pobres, del diálogo con la guerrilla y de las soluciones preferiblemente no violentas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común. Gracias a ello, Samper pudo llegar a la pasada campaña electoral con un creíble discurso sobre "el tiempo de la gente", "ponerle corazón a la apertura" e "iniciar una política integral de diálogo y paz ", y comenzar a gobernar con "el pacto social" y "el salto social".
Las decisiones de la semana pasada, que implican casi de plano la suspensión de la exploración del camino del diálogos con la guerrilla, pero que además, desde el punto de vista presupuestal, colocan un mayor acento en el gasto militar con el consecuente sacrificio de otras áreas como la social, necesariamente significan para Samper perder mucho de su perfil ideológico y político. Buena parte de la popularidad de que el primer mandatario sigue gozando hoy a pesar de la mala hora que vive su administración, se debe a que amplios sectores de los colombianos del común ven en él a un hombre cuyo corazón está del lado de los pobres y cuyo estilo es mucho más el de la mano tendida que el de la mano dura. Y con las medidas de la semana pasada, algunas de las cuales podrían haber hecho parte del recordado estatuto de seguridad de Julio César Turbay Ayala, Samper puede estar sacrificando bastante de esa base popular.
Las decisiones de la semana pasada no deben haber sido fáciles ni para el Presidente ni para muchos de sus ministros, que desde hace años se habían ubicado en el ala izquierda del liberalismo, en contraste, justamente, con las corrientes representadas por los César Gaviria y los Rudolf Hommes. Sin embargo, el paquete de medidas puede tener gran validez estratégica, pues en momentos tan difíciles como los que vive la actual administración, ésta parece haber tenido en cuenta que los gobiernos casi nunca se caen por la protesta popular y en cambio pueden ser derribados cuando los ricos les quitan el respaldo. Y una cosa es segura: no todos los ricos están contentos con Ernesto Samper, pero todos están felices con las medidas.

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