Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/08/01 08:28

'Carrusel' de contratos en el Congreso enreda al gobernador de Amazonas

La Corte Suprema cree que excongresista Antonio Carebilla Cuéllar habría hecho de su UTL en la Cámara un fortín de favores políticos.

Antonio Carebilla Cuellar Foto: fnd.org.co

Según la Corte Suprema de Justicia, es altamente probable que el gobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, haya sido protagonista de un carrusel de contratos que movilizó las actuaciones de la curul que ocupó en la Cámara de Representantes.

Al parecer, hizo de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) una herramienta de favores políticos y concreción de beneficios económicos y por eso la Sala Penal del alto tribunal lo llamó a juicio por cohecho impropio en concurso homogéneo, falsedad ideológica en documento público agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión.

Para la corporación judicial, está prácticamente demostrado que Carebilla convenció a algunas personas de apoyar sus aspiraciones de llegar al Congreso de la República a cambio de vincularlos a su UTL una vez obtuviera la victoria en las elecciones del 2006.

Además, la Corte cuenta con varios testimonios que apuntan a que el dirigente también habría nombrado personas a quienes les exigía dinero como contraprestación a su nombramiento dentro de su UTL.

Adicionalmente, dice la Corte Suprema, es altamente probable que muchos de quienes eran contratados no efectuaran ninguna de las labores que se les asignaban en sus contratos y, en cambio, exigieran puntualmente el pago de sus salarios.

Según lo revelan las investigaciones, el hoy gobernador de Amazonas habría exigido 80 millones y 180 millones de pesos a dos de los servidores que hicieron parte de su UTL. Adicional a ello, se tienen evidencias de las maniobras que habría efectuado para que varias personas inhabilitadas para ejercer funciones públicas disfrutaran de los pagos asignados a su UTL.

Aparentemente, una porción del personal que hacía parte de su equipo recibía pagos salariales que en realidad eran transferidos a quienes figuraban como inhabilidades. Es decir, quienes efectuaban las labores y recibían los pagos utilizaban a terceros para recibir los salarios, a cambio de dinero.

La Corte ha venido tratando de documentar que este mismo modus operandi se registró en decenas de casos de personas que fueron vinculadas laboralmente en el Congreso, en medio de una amplísima cadena de intercambio de favores.

Por eso, la corporación no sólo decidió presentar la acusación contra el hoy gobernador, sino que ratificó la medida de aseguramiento que lo tiene privado de su libertad.

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