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| 11/5/2016 12:00:00 AM

Vicealcaldías militares: la polémica propuesta del Gobernador de Antioquia

Qué tan viable es la polémica propuesta que adelanta Luis Pérez para que el Estado cope algunas zonas que están dejando las Farc.

La salida de las Farc de algunas zonas de Antioquia, donde se calcula hay cerca de 1.000 guerrilleros de ese grupo, para ir a las zonas de concentración estipuladas por los acuerdos de paz se ha convertido en un nuevo problema para las autoridades locales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo esa advertencia hace unos días cuando afirmó que en el corregimiento La Granja (Ituango), después del retiro de los guerrilleros, empezaron a florecer serios problemas de convivencia. “Ese corregimiento, que tiene 1.000 habitantes, fue dominado durante 35 años por las Farc y fue una de las primeras zonas que dejó ese grupo. Pensamos que iba a haber alegría y lo que ocurrió fue que la gente empezó a protestar, se iban a hacerle mitines al alcalde porque, como no había autoridad, la gente se estaba matando a puñaleta porque no sabían cómo dirimir un problema”.

Para llenar ese vacío, el gobernador propuso hace un par de semanas una solución que generó todo tipo de controversias, no solo en ese departamento: crear vicealcaldías militares. Los más críticos han dicho que esto puede terminar en un modelo parecido al de las Convivir que tanto promovió Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador y que resultó el germen de las AUC. Sin embargo hay diferencias.

Pérez descarta de tajo la militarización de esas zonas. En un proyecto que le envió a la Presidencia de la República, conocido por SEMANA, afirma que el vicealcalde puede ser un policía, un militar o un civil que trabajará en cuatro aspectos fundamentales: el restablecimiento de la democracia, la formalización de la vida social y económica, el ejercicio de la justicia y la pedagogía de la Constitución.

El gobernador propone crear esos funcionarios, que responderían al alcalde del municipio, entre otras razones porque esas zonas no han tenido el acompañamiento de la fuerza pública y los campesinos temen que ahora lleguen bandas criminales o paramilitares a copar el territorio que dejaron las guerrillas.

En el proyecto, el gobernador plantea que los municipios que tengan territorios en conflicto creen la Vicealcaldía de Seguridad y Convivencia, con funciones civiles de corregidor e inspector de Policía, tal y como lo hizo en ese corregimiento. En el segundo punto aclara que “el gobierno nacional designará en comisión de servicio a los altos militares, quienes desempeñarán el cargo de vicealcaldes de Seguridad y Convivencia por un tiempo limitado. Si el alcalde considera que hay un civil capaz de desarrollar esta tarea, podrá designarlo a cambio del militar en comisión de servicios con cargo al presupuesto municipal”.

En el cuarto punto menciona, quizás lo más importante, la verdadera presencia del Estado, al plantear que se “financiarán jornadas de salud; estrategias de mejoramiento de la educación rural; obras públicas o la enseñanza de la importancia de la civilidad”, todo esto con presupuesto de la Gobernación y la Nación.

Para algunos la propuesta puede ser contraproducente, sobre todo porque con la salida de las Farc el gobierno nacional quiere cambiar todos los símbolos de conflicto en estas comunidades tan golpeadas por el conflicto. Además, en las redes sociales han recordado el inicio de los grupos paramilitares, sobre todo por la relación del gobernador Pérez con la Operación Orión, de la comuna 13, lo que llevó a la hegemonía del bloque Cacique Nutibara de las AUC en Medellín.

Pero también hay voces de apoyo. Un líder de víctimas de Ituango, que quiso guardar su identidad, dijo a SEMANA que la preocupación más grande de los campesinos después de la salida de las Farc es la seguridad, que creen solo puede venir ahora por cuenta del Ejército. El alcalde de ese municipio, Hernán Álvarez, dijo que en La Granja ya nombraron un vicealcalde civil para que adelante las propuestas de Pérez. El problema es que el presupuesto no alcanza.

Lo cierto es que más allá de la polémica propuesta de Pérez, es claro que en las zonas que están abandonando las Farc los habitantes están muy preocupados porque no tienen clara la estrategia que desarrollará el gobierno para evitar que caigan en manos de nuevas organizaciones criminales y afloren graves problemas sociales. Paradójicamente, es una gran oportunidad para que el Estado empiece a ocupar todos los espacios de la geografía nacional, como le corresponde y ha planeado desde hace tanto tiempo. 

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