Kiko Gómez pone en aprietos a Cambio Radical

Mientras los dirigentes de Cambio Radical andan por estos días definiendo la hoja de ruta del partido de cara a las elecciones del 2014 y consolidando un proceso de depuración de sus candidatos a Senado y Cámara, un asunto del pasado reciente los pone en una situación incómoda: la orden de captura contra el gobernador de La Guajira, Francisco Gómez, capturado por la Fiscalía quien lo investiga por concierto para delinquir y homicidio agravado.

Kiko Gómez, como se le conoce en La Guajira, fue avalado por el movimiento de Germán Vargas Lleras para las elecciones del 2011. Y los dirigentes que lo avalaron en ese entonces podrían exponerse a las duras sanciones que reglamentó la ley de partidos políticos, aprobada por el Congreso en el 2010.

Según esta ley, una de las faltas de los directores de los partidos es “inscribir candidatos que hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, a cargos o corporaciones de elección popular ”.

Si la justicia comprueba la responsabilidad de Kiko Gómez en los delitos que le investiga, los dirigentes de Cambio Radical que avalaron su candidatura podrían estar expuestos a sanciones disciplinarias.

Para las elecciones del 2011, Carlos Fernando Galán, en ese entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, asumió la presidencia de Cambio Radical y le tocó enfrentar el polémico aval que el partido le otorgó a Gómez a pesar de que tenía abiertas dos investigaciones en la Fiscalía, una de ellas por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley. Esa situación motivó que Galán renunciara a la presidencia de la colectividad, pero dos años después, precisamente cuando el exconcejal de Bogotá volvió a asumir las riendas del partido, el caso Gómez vuelve a cruzarse en su camino.

En diálogo con Semana.com, Galán explicó que en el 2011, cuando llegó a la presidencia de Cambio Radical, el aval a Gómez ya había sido otorgado. “Traté de quitárselo”, recuerda Galán, quien aseguró que la ley de partidos no le dio facultades al Consejo nacional Electoral para despojar los avales que fueran revocados por los partidos.

Sobre el caso de Kiko Gómez, Galán informó que hay un proceso abierto al interior del partido y será el Comité de ética de la colectividad quien adopte decisiones disciplinarias por la concesión de este aval. “Hago un llamado público para que se tomen decisiones”, dice.

El actual presidente de Cambio Radical, y cabeza de lista para el Senado, se comprometió a que el movimiento asumirá la responsabilidad política en caso de que la justicia colombiana condene al gobernador de La Guajira. “El compromiso mío en Cambio Radical es abrir un espacio de diálogo y reactivar mecanismos para reaccionar frente a estas situaciones. El compromiso es manejarlo de cara a la ciudadanía y garantizando que cuando haya motivos suficientes para que una persona no pueda representar el partido se tomen las medidas para que no lo haga”.

De cara a las próximas elecciones, Galán lidera el proceso de entrega de avales para los candidatos, con el único propósito de otorgarlo a personas sobre las que no haya ningún tipo de manto que conduzca a una inhabilidad. Y se comprometió a que los avales no serán exclusivos de los dirigentes regionales, sino que desde la Dirección nacional se hará una profunda reflexión de los antecedentes de los candidatos. “Los dirigentes tienen un papel importante en las regiones, pero van a ser acompañados para la dirección nacional y a que se abra un proceso de discusión en caso de personas cuestionadas garantizando que no perderemos la coherencia frente a lo que le hemos planteado a la ciudadanía”.

Galán también aseguró que todos los partidos políticos tienen problemas por personas cuestionadas, pero la diferencia es la forma como lo maneja cada movimiento.

Por eso mientras el proceso judicial contra Gómez avanza, varios sectores reclaman la responsabilidad política del movimiento por haber avalado al polémico gobernador de La Guajira.