Lunes, 20 de octubre de 2014

| 2013/03/19 00:00

Gobierno acoge tesis uribista para enfrentar a las bacrim

Mindefensa se había opuesto a combatirlas con el Ejército. Ahora pide al Congreso esa facultad para enfrentarlas.

El ministro tendrá que defender el proyecto en el Congreso. Foto: SEMANA

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le presentó al Congreso la reglamentación de la reforma al fuero militar y en el proyecto decidió incluir una tesis a la que se había opuesto hace un año. Que el Ejército estuviera habilitado para combatir a las bandas criminales, entre otros grupos criminales que hoy sólo son enfrentados por la Policía.

La petición no es novedosa. En mayo del año pasado, cuando en el Senado se discutía la reforma al fuero militar, el expresidente Álvaro Uribe, a través de varios de sus senadores en el capitolio, intentó ampliar esta facultad con el argumento de que las bandas criminales deben ser calificadas como grupos armados y no como simples organizaciones delincuenciales, como en la práctica hoy son enfrentadas.

Los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez, en su momento, dijeron que las llamadas bandas criminales "están ejerciendo control territorial en algunas regiones" y la capacidad del Estado para enfrentarlas "se aprecia insuficiente". “Hoy las bandas criminales sólo pueden ser combatidas como delincuentes comunes, como si se tratara de apartamenteros, no pueden ser blanco de ataques militares, ni bombardeos. Son objetivo policial, pero la fuerza pública carece de esa capacidad para enfrentarlas”.

Sin embargo, el ministro Pinzón negó esa petición al advertir que la Policía tenía herramientas suficientes para enfrentar la amenaza de las bandas criminales. Pero casi diez meses después admite que necesita habilitar a las Fuerzas Armadas para enfrentarlas, por lo que acogió la tesis que había planteado el uribismo.

Pero ¿cuál es la razón de ese cambio? El senador Juan Lozano, uno de los principales promotores de esta ampliación de la capacidad ofensiva para las Fuerzas Militares, dice que ese cambio de postura puede obedecer primero, a que el Gobierno admite que la Fuerza Pública requiere más instrumentos contra las bandas criminales.

Pero como segunda razón, Lozano considera que será una herramienta para enfrentar los reductos de la guerrilla de las FARC que no se sometan al proceso de desmovilización que el Gobierno pacta con algunos voceros de las FARC en la Habana.

“Si hay frentes que no se desmovilizan, quedan reducidos a grupos criminales que tienen que ser enfrentados de la misma forma como han sido enfrentados, es decir, con las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, la gran duda que tendrá que resolver el Congreso es que si se amplía el marco de las normas del DIH -que regulan el conflicto armado- las bandas criminales tengan la posibilidad de obtener reconocimiento político. El ministro Pinzón descarta que con esta futura norma estas organizaciones adquieran ese estatus.

Para que el Ejército pueda combatir de forma ofensiva las bandas criminales, se hace una nueva definición de grupo armado ilegal.

Según el proyecto, serán considerados grupos armados los que usen la violencia contra la fuerza pública, la población civil y bienes civiles; que la intensidad de la violencia supere la que suponen los disturbios y tensiones interiores, y requiera la acción armada de la fuerza pública, y que tenga una organización y un mando que ejerce liderazgo o dirección sobre sus miembros, que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles y la fuerza pública, en áreas del territorio nacional.

En el Congreso, o por lo menos entre los sectores mayoritarios, hay la convicción de que las bandas criminales no son simples delincuentes comunes sino grupos armados, y que deben ser declarados “blancos legítimos” para el Ejército.

Pero además, esta posible reforma también faculta al presidente de la República para que en su calidad de “comandante supremo”, y en ejercicio de su función de conservar el orden público, de ordenar a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza de conformidad con el DIH, contra grupos determinados.

El proyecto fue respaldado por los partidos de la Unidad Nacional. Sin embargo, el presidente del Partido Conservador, senador Efraín cepeda, le pidió al gobierno poner mensaje de urgencia a este proyecto para que a más tardar el 20 de julio las Fuerzas Armadas tengan seguridad jurídica para enfrentar las distintas amenazas de violencia. De aceptar esa propuesta, este proyecto tendría prioridad frente a las demás iniciativas que cursan en el Congreso.

Este es el segundo proyecto que el Gobierno le presenta al Congreso en la legislatura que se instaló el lunes.

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