Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2010/09/13 00:00

Gobierno y Altas Cortes admiten que reforma a la justicia no es prioridad

Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo que la Justicia está en el centro de la agenda, ofreció aplazar el proyecto en caso de que no haya consenso. "Hay otras urgencias". Para las Cortes, la reforma es importante, pero la rama necesita es presupuesto.

El presidente Juan Manuel Santos ofreció aplazar para el otro año la reforma a la justicia, pero llamó a buscar consensos. Mencionó otras prioridades. Foto: SIG

Al instalar la mesa de concertación sobre la reforma a la Justicia, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que el equilibrio entre las ramas del poder público, y la búsqueda de una justicia “pronta, oportuna, cumplida y eficaz”, están en el centro de la agenda, pero afirmó que para el Gobierno existen “otras” prioridades.
 
Una de ellas será la política de seguridad ciudadana, la cual calificó de inmediata, y que contempla una cirugía al código penal, para elevar las penas al porte y tenencia de armas, reformas a la ley de infancia, que desarticule la participación de jóvenes en actos criminales, entre otras medidas. “Eso no da espera”, dijo Santos.

Como tampoco da espera, según Santos, la elección de Fiscal general. En un mensaje directo a la Corte Suprema de Justicia, advirtió que la interinidad de ese organismo “ha hecho daño” y que el desgaste “se siente en todos los ángulos, incluyendo en el de la misma Corte Suprema de Justicia”. El Jefe de Estado volvió a ofrecer colaboración en la elección, y “encontrar fórmulas sin cerrar por anticipado ninguna puerta”.

Por eso, el Presidente definió las prioridades y ofreció postergar la discusión de la reforma a la justicia si, con argumentos, la rama judicial y el poder Ejecutivo no llegan a los mínimos consensos. “Si la Mesa de la Justicia considera que este ejercicio requiere más tiempo, la reforma se pospondrá para el otro año (...) Más que correr, que la reforma quede bien hecha”.

Primero, el presupuesto

Para las Altas Cortes, la reforma también es importante, pero no es prioritaria. Y aunque agradecieron el ambiente de concertación propuesto por el Gobierno, coincidieron en que la reforma se puede estudiar con mayor paciencia, y señalaron otras prioridades de la rama judicial.

Por ejemplo, el presidente (e.) de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, dijo que para solucionar los principales problemas de la justicia, como son el acceso a la justicia, la descongestión y la independencia, primero hay que ajustar el presupuesto de la rama.

Arrubla dijo, con preocupación, que a la justicia sólo le corresponde el 1,2 por ciento del presupuesto nacional, incluso comparó que el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, actualmente recibe el 1,6 por ciento del presupuesto. “Tenemos una justicia de miseria (…) cuando tengamos los recursos suficientes podemos hablar de descongestión y plena cobertura”.

Luis Fernando Álvarez, presidente del Consejo de Estado, consideró que las palabras de Jaime Arrubla “se quedan cortas”, al recordar que antes de 2002 el presupuesto de la rama judicial se acercó al tres por ciento del presupuesto nacional, y que en otros países de la región, con menos problemas de congestión judicial, los presupuestos no bajan del 2,2 por ciento. “En Colombia, la justicia es la cenicienta del presupuesto (...) El presupuesto debe estar incluído en una reforma constitucional”.

Difícil consenso
 
La rama Judicial también sentó su posición frente a los puntos más polémicos de la reforma que propone el Gobierno.
 
Las Altas Cortes cerraron filas en torno al Consejo Superior de la Judicatura, corporación que el Gobierno plantea suprimir.
 
Jaime arrubla destacó la gerencia del Consejo y valoró el buen manejo presupuestal y la dotación de los juzgados. Luis Fernando Álvarez se preguntó ¿qué pasaría con los más de 46 mil procesos disciplinarios que tiene la sala disciplinaria de esta corporación?
 
Para las Cortes el tema de la tutela hay que regularlo, pero que el tema del 'choque de trenes' "está mandado a recoger" como lo dijo el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González.
 
Otro tema polémico es el de acoger como obligatoria la jurisprudencia. Las altas cortes coincidieron en que esa propuesta afecta la independencia judicial y la sana valoración de los precedentes.

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