Gobierno anuncia medidas en las regiones para garantizar seguridad a líderes de tierras

Los asesinatos de David de Jesús Góez, Bernardo Ríos Londoño y Éder Verbel Rocha obligaron a que en la mañana de este lunes se llevara a cabo una reunión para evaluar la grave situación en la que evidentemente están quienes buscan recuperar sus tierras. Desde el 7 de agosto del 2010 hasta la fecha se han presentado siete asesinatos.
 
En la reunión, en la que participaron el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely; el vicepresidente, Angelino Garzón; el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; altos mandos de la fuerza pública; el director del DAS, Felipe Muñoz, y el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, se evaluó la situación y se anunciaron medidas.
 
“Se ha hecho una diferenciación entre la protección para los cientos de miles de familias que fueron despojadas, para las cuales hemos dispuesto una política de prevención y de protección colectiva con presencia militar y policial en los territorios específicos, pero también una valoración de los sitios donde hay un riesgo extraordinario o alto”, dijo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, quien anunció una revisión del proceso de protección individual para líderes de asociaciones de víctimas de despojos de tierras, en compañía del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General.
 
El Ministerio de Defensa anunció también la solicitud que hizo a la Fiscalía sobre la creación de una unidad especializada “que escudriñe autorías intelectuales y patrones de conducta que puedan existir dentro de estos hechos”.
 
Además, se habló de una política de prevención y de protección colectiva, “basada en presencia militar y policial en los territorios específicos, pero también una valoración de los sitios donde hay extraordinario riego o alto riesgo, para efectos de definir el dispositivo de seguridad en esos sitios”.
 
Dijo que también se pidió identificar a las víctimas y las asociaciones por el origen del victimario. “Algunas de ellas fueron despojadas por grupos narcoterroristas como las FARC y el ELN; otras, por grupos de narcotraficantes o autodefensa. Esa información es muy valiosa para efectos de que haya un buen dispositivo de seguridad que reconozca de dónde pudieran prevenir las amenazas o el riesgo de seguridad para estas asociaciones según el origen de cada despojo”, señaló el ministro.
 
El vicepresidente Angelino Garzón, entre tanto, aseguró que el Gobierno no permitirá que el proceso de restitución de tierras se vea estropeado. “Nuestro mensaje es que todas las victimas que fueron despojadas violentamente de sus tierras contarán con el acompañamiento del Estado. A los criminales, a los que creen que con el terror pueden parar este proceso, les decimos: no pasará. La decisión del presidente Juan Manuel Santos es que vamos a volver realidad todo el programa de restitución y titulación de tierras”,dijo Garzón.
 
El vicepresidente y los ministros anunciaron que la próxima reunión del CI2-RT se llevará a cabo en Apartadó, el próximo 11 de abril. El propósito es llevar estos comités a las regiones, especialmente a las de mayor riesgo, como es el caso de la zona de Urabá. Lo que se pretende en esas reuniones es realizar diálogos con las asociaciones de víctimas para determinar cuáles son los líderes que requieren protección especial por parte del Estado.
 
¿En qué van las investigaciones de las tres muertes?
 
“En los tres casos de la semana pasada, uno de ellos parece tener una línea fuerte de investigación vinculada con el tema de restitución de tierras. Los otros dos no, en principio. Pero, repito, son investigaciones que están en curso y será la Fiscalía y, por supuesto, los jueces quienes digan sobre el particular la última palabra”, señaló el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.
 
Sobre los siete casos, incluidos los tres de la semana pasada, “parecen ser hechos independientes, vinculados con el tema de restitución de tierras, pero no provenientes de un mismo determinador, de un mismo actor”, aseguró Rivera, quien además señaló que la información de inteligencia habla de que los casos pudieran tener relación con el proceso de restitución de tierras, pero de hechos independientes unos de otros.