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| 11/11/2016 11:03:00 PM

¿Qué hacer con Electricaribe? ¿Intervenir o capitalizar?

Aunque el 97% de los usuarios de la costa paga la factura, según la Superintendencia, la amenaza de racionamiento sigue viva. El Gobierno continúa negociando para garantizar la prestación del servicio.

La polémica alrededor del servicio eléctrico en la costa no para de subir de tono. “Señor Superintendente, si va a intervenir a Electricaribe, asegúrese de tener al día siguiente  500.000 millones para asumir la operación y poder darle energía de manera continua a 2.500.000 usuarios y que el ministro Mauricio Cárdenas le muestre de dónde va a salir la plata para pagarle a los proveedores de la empresa”, le dijo el pasado miércoles el senador José David Name a José Miguel Mendoza, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilarios (SSPD), en su intervención en la plenaria del senado.

Al debate fueron convocados tanto el superintendente como el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, a solicitud de la bancada del Centro Democrático.

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Lo nuevo en la crisis en la prestación del servicio en siete departamentos es que gobernadores y alcaldes han asumido una posición radical, al exigir intervenir la empresa con fines de liquidación o capitalización y mantenimiento de las redes. 

Por su parte, la SSPD parece ponerse de parte de los usuarios. O por lo menos eso es lo que creen los habitantes y gobernadores de la costa ante las declaraciones de Mendoza, quien el pasado 13 de octubre dio a conocer un diagnóstico según el cual el recaudo en los mercados gestionables de la costa es del 97.9%. Ese resultado contradice el argumento de la supuesta cultura de no pago que ha hecho carrera durante estos 18 años de privatización.

¿A qué se refiere la SSPD con mercados gestionables? Son aquellos denominados regulados y no regulados, que equivalen al 77% del total de los usuarios de Electricaribe.

En respuesta a una pregunta de Semana.com sobre qué ocurría con el 23% restante, el superintendente Mendoza dijo que se trataba de barrios subnormales y zonas de difícil gestión. 

Los barrios subnormales son aquellos que crecen en la periferia de las ciudades, donde van construyendo sus viviendas familias desplazadas. En la costa, como ha sido reconocido por diversas entidades del Estado en los siete departamentos, hay 400 mil usuarios en barrios subnormales. 

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Y las zonas de difícil gestión son las zonas rurales de corregimientos y municipios donde la capacidad de pago de los usuarios es limitada. Por ejemplo, Pueblo Viejo, Magdalena, que está a orillas de la carretera entre Barranquilla y Santa Marta, donde sólo el 8% paga la factura, o los municipios del sur de Bolívar donde hay recaudos que no superan el 50%.

En el Senado hubo críticas a la empresa, al ministerio y a la SSPD, porque el problema no es nuevo. El sólo hecho de que en sus seis años de gobierno el presidente Juan Manuel Santos haya nombrado seis ministros en propiedad y una encargada por varios meses es diciente: Carlos Rodado, Mauricio Cárdenas, Federico Rengifo, Amylkar Acosta, Tomás González, María Lorena Gutiérrez (e) y Germán Arce. Eso indica improvisación o desinterés en resolver el problema. 

La empresa sostiene que existe un círculo vicioso que consiste en que ellos no invierten en las redes porque los usuarios no pagan y los usuarios dicen que no pagan porque el servicio es de mala calidad.

 Deudas millonarias

El senador Name sacó a relucir en el debate unas declaraciones de Santos el 14 de enero en una reunión con los gobernadores, el ministro de Minas y la SSPD de entonces, anunciando que iban a buscar alternativas para que los gobiernos locales y departamentales se pusieran al día con sus deudas con la empresa, así como la forma de capitalizar la deuda de 400.000 habitantes de barrios subnormales. Pero se consumió el año y eso no ha sucedido.

La empresa ha sostenido de manera reiterada que la deuda de entidades oficiales como hospitales acueductos, cárceles y colegios, asciende a 165.000 millones de pesos, a los que se suman 400.000 millones de los barrios subnormales donde no existe nomenclatura ni contadores individuales y otros 800.000 millones por conexiones fraudulentas, robo e impago. Electricaribe sostiene que las pérdidas acumuladas ascienden a más de mil millones de euros,  unos tres billones seiscientos mil millones de pesos.

Dado que la discusión se debe plantear sobre evidencias, la SSPD contradice las cifras de la empresa, pues sostiene en su diagnóstico que la cartera morosa en áreas de difícil gestión y barrios subnormales no afecta significativamente las finanzas de Electricaribe, ya que sólo asciende al 7% de los ingresos. El 7% de una empresa que factura aproximadamente 4,5 billones de pesos sería unos 315.000 millones de pesos dejados de recibir en los mercados de difícil gestión y barrios subnormales.

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La SSPD sostiene que el gobierno subsidia adicionalmente el 70% de esos mercados y que en los años 2015 y 2016, Electricaribe ha recibido 1,5 billones por concepto de subsidios. Si el problema es de plata, las cifras de la empresa y del gobierno se contradicen.

Electricaribe deberá explicar, de acuerdo con la denuncia que presentó el senador Fernando Araujo del Centro Democrático, por qué gastó 88.000 millones de pesos en honorarios entre 2010 y 2015, a pesar de tener pérdidas acumuladas de 800.000 millones de pesos en el último año y un capital de trabajo negativo desde 2012.

Intervenir o no

Hace dos años, a los pocos meses de haber dejado el ministerio, el hoy presidente de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, sostuvo en una columna que la intervención era “una salida por la puerta falsa, evasiva y demagógica”. Si el “ábrete sésamo para la solución de la prestación del servicio de energía en la región fuera la intervención esta se habría tomado hace rato”, escribió.

Sin embargo, hace tres días, en el programa Pregunta Yamid, el exministro aseguró estar de acuerdo con la intervención, pero que lo deseable es que haya un nuevo operador. Para que haya un nuevo operador habría que comprarle a la empresa los activos con los cuales el gobierno dio vida a Electricaribe y Electrocosta, dos distritos que administraban la distribución y comercialización en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, en el primer caso, y Bolívar, Córdoba y Sucre en el segundo.

Cuando Gas Natural adquirió las acciones de Fenosa en Electricaribe en 2011, decidió suprimir el distrito Electrocosta y centralizar toda la operación en Barranquilla. Según varios entendidos consultados por Semana.com, ese pudo ser un grave error para la gestión comercial. ¿Cuánto valen esos activos y quién está dispuesto a comprarlos? Se trata de las redes de distribución local, postes, subestaciones y toda la infraestructura existente en los siete departamentos. El Gobierno Nacional es socio de Electricaribe con un porcentaje del 15%, y esa propiedad es compartida.

Los gobernadores se pararon en la raya para exigir la intervención, la capitalización o la inversión para mejorar las redes. Pero tuvieron que ver desde la distancia la reunión del viernes entre Santos y el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé. Las decisiones que se tomen afectarán a los 189 municipios del Caribe colombiano,  más de 10 millones de habitantes.

Este fin de semana continuarán las negociaciones con Gas Natural en busca de garantizar la prestación del servicio eléctrico en el Caribe, manifestó el viernes en la noche el ministro Arce en su cuenta de Twitter. 

¿Cómo garantizar la atención?

Una posible solución es capitalizar las inversiones que el Gobierno ha realizado a través de los fondos de normalización eléctrica ampliando la cobertura. Si alcaldes y gobernadores normalizaran los barrios subnormales entregando títulos de propiedad a los habitantes conectados ilegalmente, podría mejorar la prestación del servicio, pero eso no ha ocurrido.

La variables problemáticas de la prestación del servicio que hay en la región representan aproximadamente el 30 % de la demanda, que se podría solucionar con la construcción de una térmica que suministre energía al costo de producción a esos sectores. Es decir, un subsidio directo. Un grupo del sector privado le hizo esa propuesta al entonces ministro Amylkar Acosta, pero nunca pudieron concretar una reunión.

Otra solución que se contempla es regresar a los dos distritos que hubo inicialmente, o incluso tres distritos, para garantizar una mejor atención.

Todo esto, ante la sombra alargada de un racionamiento. El Gobierno ha dicho a través del ministro Arce y del superintendente Mendoza, que no permitirá que eso ocurra en la costa Caribe, pero XM, el administrador del sistema, advirtió que si la empresa no cumple los compromisos financieros de las facturas vencidas con las empresas generadoras, se verá obligado a realizarlo.

Desde la región muchas voces sostienen que si Electricaribe no puede suspender el suministro a hospitales, colegios y acueductos en virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, XM tampoco debería. La sentencia se ha convertido en una especie de licencia en la que se han escudado las entidades que no pagan. 

¿Qué hacer con Electricaribe? La pregunta podría empezar a despejarse después de la reunión del Gobierno con Gas Natural. Pero de ahí a que la respuesta deje a todos satisfechos hay mucho trecho.  

 

 

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