Gobierno, Congreso y Cortes acuerdan eliminar el C. Superior de la Judicatura

Un acuerdo entre poderes fue suscrito en la noche de este jueves en torno a la reforma a la Justicia. La ponencia para el sexto debate eliminará el Consejo Superior de la Judicatura, tanto su sala disciplinaria como su sala administrativa.
 
Tal acuerdo fue suscrito por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra; los presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Gómez y Javier Zapata, respectivamente, y los senadores ponentes del proyecto.
 
Y lo suscribieron horas después de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, adelantó una investigación que comprometería a magistrados de la Sala Disciplinaria en presunta falsificación de actas para nombrar a magistrados.

Algunos ponentes, como el senador Eduardo Enríquez Maya, calificaron de determinante la denuncia que hizo el fiscal en la Casa de Nariño, donde el presidente Juan Manuel Santos convocó a los presidentes del poder legislativo y del judicial, con el propósito de conseguir un acuerdo en torno a la reforma a la justicia.

Y según el acuerdo suscrito en la sala de juntas del Ministerio de Justicia, las funciones del Consejo Superior de la Judicatura serán suplidas por dos nuevas instituciones: el Consejo Nacional de Administración Judicial, que será el encargado de "diseñar políticas generales de la administración autónoma de la Justicia".

La otra institución será el Consejo de Disciplina Judicial, que, a diferencia de la actual sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tendrá origen en las propias cortes. Es decir, estos magistrados que disciplinarán a la rama no volverían a ser elegidos por el Congreso.

Este Consejo se encargará de la investigación y el juzgamiento en materia disciplinaria de los magistrados de tribunal, jueces, empleados judiciales, fiscales, auxiliares de la justicia, abogados, y todo aquel que ejerza función jurisdiccional.

Los representantes de los tres poderes públicos también reafirmaron el acuerdo para despojar de funciones al Congreso, es decir, eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

También se acordó que los congresistas tendrán doble instancia, pero la investigación y el juicio de sus procesos tendrán jurisdicción en la Corte Suprema de Justicia.